Propuesta de criterios de selección y priorización para la ley de Justicia y Paz en Colombia

25/5/2012

ICTJ

Siete años después de su aprobación, la ley colombiana de Justicia y Paz, el ambicioso proyecto para desmovilizar a los grupos armados ilegales, se encuentra inmersa en una crisis. El hecho de contar únicamente con siete condenas, la mayoría de las cuales han sido apeladas y solo una con-firmada en segunda instancia, es visto como una prueba de su fracaso después de tantos años. El gobierno calcula que, al ritmo actual, el proceso tomaría casi un siglo.

Uno de los temas principales que se debaten en la reforma de la Ley es la selección y priorización de casos. En este análisis, el vicepresidente del ICTJ, Paul Seils, recorre las flaquezas de la ley actual, sintetiza estrategias de selección que se han llevado a cabo en la justicia internacional y propone una nueva estrategia de selección y priorización de casos para la ley de Justicia y Paz colombiana.

Seils destaca que es importante definir con claridad el concepto de máximos responsables para establecer quién debe ser judicializado. “En términos legales, por lo general la opinión es que los participantes directos en los crímenes tienen más responsabilidad que sus cómplices. Pero puede ser distinto en términos morales, especialmente cuando se consideran los aparatos muy complejos que fueron establecidos con el objeto de perpetrar crímenes”, escribe Seils.

En el caso de Colombia, “no solo deben ser llevados ante los tribunales aquellos que ordenaron cometer las atrocidades, sino también los financiadores, empresarios, políticos, funcionarios públicos, y otros cuyas contribuciones fueron esenciales para la creación o mantenimiento de este fenómeno, aunque no estén directamente involucrados en la perpetración específica de las atrocidades”, escribe Seils.

Fecha de publicación: 
12/3/2012
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