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Miles de personas salieron a las calles en toda Kenia el 27 de enero tras el espantoso asesinato de más de una docena de mujeres para denunciar la violencia contra las mujeres y exigir medidas para ponerle fin. Además, los manifestantes se reunieron en Nairobi el 14 de febrero para una vigilia del Día de San Valentín en memoria de las más de 30 mujeres asesinadas en el país en lo que va del año. Buscaron presionar al gobierno para que declare el feminicidio y la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional y establezca una comisión para abordar estos crímenes y romper el ciclo de impunidad. Estos esfuerzos son loables e inspiradores. Sin embargo, la violencia física y sexual contra las mujeres y el feminicidio (a veces perpetrados por agentes policiales que, tal como está consagrado en la Constitución de Kenia de 2010, deben protegerlas) han persistido en Kenia durante décadas.

El ICTJ se complace en anunciar “Overseas: Concurso de escritura”, una convocatoria abierta para jóvenes inmigrantes originarios o actuales residentes en el Líbano, Libia o Túnez para que compartan sus experiencias personales de migración en forma de un breve testimonio escrito.

Libyan civil society organizations are fighting against all odds to support victims of human rights violations. In doing so, they themselves risk violence and do their work despite the visible and invisible pain they feel and the innumerable obstacles placed in front of them. Renewed global attention on the Libyan conflict and two new draft laws to protect activists and others may help.

La pandemia del COVID-19 ha dejado ya su huella en todos los rincones del mundo. Buscando reducir los índices de contagio, los gobiernos de la mayoría de países han tomado medidas drásticas que requieren que todos los ciudadanos no considerados trabajadores esenciales se queden en sus casas, y que amplios sectores de la economía se mantengan cerrados. Conversamos con los directores de programa en distintos países alrededor del mundo para conocer más ampliamente el efecto de la pandemia en la sociedad, la política y los procesos de justicia transicional que llevan a cabo hoy.

Un nuevo informe del ICTJ demuestra que los Gobiernos y las sociedades no conocen ni afrontan adecuadamente las duraderas consecuencias que las desapariciones forzadas tienen para las mujeres. En su calidad de esposas, madres, hermanas e hijas de los desaparecidos, ellas tienen un papel especial y, después de una desaparición, sufren todavía más penalidades.

Cuando se cumplen 10 años de la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú, el ICTJ quiere conocer cuál ha sido el legado de su trabajo y de las recomendaciones que hizo públicas hace una década. Para ello, hemos entrevistado a aquellos que tienen en sus manos el futuro del país: los jóvenes peruanos. Sally Ccotarma es abogada y trabaja en Cusco, en la sierra de los Andes, donde combina casos de derechos humanos de distintas regiones. Actualmente, está llevando el caso de un asesinato a manos de las fuerzas del Estado que sucedió hace 22 años, los mismos que tiene ella.

Cuando se cumplen 10 años de la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú, el ICTJ quiere conocer cuál ha sido el legado de su trabajo y de las recomendaciones que hizo públicas hace una década. Para ello, hemos entrevistado a aquellos que tienen en sus manos el futuro del país: los jóvenes peruanos. Giovanni Infante es el presidente del Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), uno de los movimientos sociales más activos en el país actualmente. A sus 25 años, Infante es muy consciente de la importancia del trabajo de la CVR y el informe final, aunque considera que fue “una oportunidad que no ha sido totalmente capitalizada como país”.

El 28 de agosto de 2003, Salomón Lerner, como presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú, entregó al entonces presidente del país, Alejandro Toledo, el informe final de la CVR. El ICTJ se ha reencontrado con Salomón Lerner 10 años después para conocer hasta qué punto se ha cumplido con las recomendaciones del informe final, y cómo ha reaccionado el país ante las verdades incómodas que el informe expuso.