85 resultados

Conversamos con Fernando Kosovsky, del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT), sobre las estrategias judiciales y no judiciales que están desarrollando para reivindicar el derecho a la justicia, la verdad y la reparación del pueblo mapuche.

Las organizaciones internacionales que suscriben este comunicado expresan su consternación ante el allanamiento de la residencia del abogado y defensor guatemalteco de los derechos humanos, Ramón Cadena, Director en Centroamérica de la Comisión Internacional de Juristas, ocurrido el pasado 15 de agosto.

En un nuevo análisis, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) aborda uno de los puntos cruciales de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP): la posibilidad de recurrir a la amnistía más amplia posible y al indulto como parte del tratamiento penal de los distintos delitos cometidos en el marco de más de cincuenta años de conflicto armado.

Uno de los puntos cruciales de la negociación ha sido, y sigue siendo, el adecuado tratamiento penal de los distintos delitos cometidos en el marco del conflicto armado. El debate, aún no concluido, ha girado sobre la posibilidad de recurrir a medidas excepcionales como el indulto o l...

En este artículo de opinión, el vicepresidente del ICTJ, Paul Seils, analiza el acuerdo de justicia penal anunciado por el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC y señala qué aspectos deben todavía aclararse para asegurar que este garantice a todas las víctimas del conflicto armado la justicia que merecen.

El ICTJ y la Fundación Konrad Adenauer organizaron el foro “Buscando la cuadratura del círculo: penas y proceso de paz” para presentar el reciente análisis del ICTJ al respecto y generar reflexión sobre los objetivos y la aplicación de penas en el contexto del proceso de paz colombiano.

Este análisis aborda la complejidad que conlleva fijar objetivos para castigar a aquellos miembros de las FARC que se consideran responsables principales de los crímenes más graves. Según el articulo, para que en este caso se alcancen los objetivos que persigue el castigo es preciso: ...

Para analizar algunos de los acontecimientos más relevantes que han tenido lugar en Guatemala recientemente en torno a la justicia por crímenes del pasado conversamos con Marcie Mersky, directora de Programas del ICTJ.

Casi 30 años después de los lamentables hechos de la toma del Palacio de Justicia por la guerrilla del M-19 y la desproporcionada acción militar para recuperarlo, los familiares de las víctimas de los desaparecidos han conseguido avanzar un paso más en su larga lucha por conseguir justicia.

Con el fin de presentar experiencias internacionales y promover el intercambio de ideas acerca de qué lecciones podrían resultar útiles para Colombia en materia de justicia penal, el ICTJ celebrará una conferencia en Bogotá el 24 de noviembre que reunirá a reconocidos expertos que estuvieron directamente involucrados en estas iniciativas de justicia penal en Bosnia-Herzegovina, Camboya, Sierra Leona, Timor Oriental y el Líbano.

Con el propósito de hacer frente a los desafíos judiciales que representan los crímenes de sistema y la criminalidad organizada, el ICTJ ha trabajado durante un año y medio con la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (DINAC) de la Fiscalía General de la Nación para consolidar una nueva forma de investigar penalmente los crímenes de sistema, que incluya un análisis en profundidad del contexto y conduzca al desmantelamiento de las estructuras criminales.

Este Manual fue elaborado en el marco del Convenio Marco de Cooperación entre el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y la Fiscalía General de la Nación, suscrito con el fin de brindar asistencia técnica a la Unidad Nacional de Análisis y Contextos (UNAC) y apoyar...

En la tercera sesión del Ciclo de conversatorios sobre el proceso de paz, celebrado el 12 de agosto en Bogotá, el debate giró en torno a los diferentes mecanismos de refrendación de los acuerdos de paz que podrían tenerse en cuenta en caso de que el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alcanzasen un acuerdo para poner fin a 50 años de conflicto armado.

Cuando se cumplen nueve años de la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, el ICTJ analiza en un nuevo informe hasta qué punto estos procesos judiciales han contribuido a comprender y develar las el complejo fenómeno del paramilitarismo en sus dimensiones militar, económica y política, así como a determinar quiénes son los máximos responsables a través de 10 fallos emitidos en el marco de la Ley 975.

Este informe es el resultado de la investigación llevada a cabo por la consultora Olga Lucía Gaitán para el Centro Internacional para la Justicia Internacional (ICTJ), con el propósito de analizar las sentencias proferidas por las salas de Justicia y Paz y la Sala Penal de la Corte Su...

En este artículo de opinión, el vicepresidente del ICTJ, Paul Seils, defiende que la mejor manera de avanzar en la rendición de cuentas es centrar la asistencia en mecanismos nacionales especializados. "Los ciudadanos deben ver que sus instituciones nacionales funcionan y ahí es donde los tribunales pueden condenar los delitos y fortalecer los fundamentos del contrato que mantiene unida a la sociedad. En ese ámbito es donde la dignidad de un ciudadano puede adquirir su sentido pleno", escribe Seils con motivo del Día de la Justicia Internacional.

El 10 de mayo Guatemala conmemoró el primer aniversario de un hito para la rendición de cuentas por crímenes graves: el ex dictador Efraín Ríos Montt fue condenado por genocidio. Para conocer mejor el impacto que la sentencia de genocidio ha tenido en Guatemala un año después de su lectura, hablamos con Marcie Mersky, directora programática del ICTJ, quien acaba de regresar del país.

En el segundo encuentro del Ciclo de conversatorios sobre el proceso de paz –organizado por la Fundación Konrad Adenauer, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), Ámbito Jurídico y USAID– se abordó otro de los temas clave para alcanzar una paz sostenible en Colombia: las penas alternativas y las sanciones extrajudiciales que podrían aplicarse a los excombatientes guerrilleros.

Mientras el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) siguen avanzando en las negociaciones de paz que tienen lugar en La Habana, la Fundación Konrad Adenauer –en colaboración con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax) y Ámbito Jurídico– ha puesto en marcha un Ciclo de conversatorios sobre el proceso de paz para debatir y reflexionar sobre cómo alcanzar una paz sostenible y duradera para Colombia.

El ICTJ lamenta profundamente el fallecimiento del Doctor César Barrientos Pellecer, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, el pasado 2 de marzo. “Guatemala ha perdido un gran defensor e impulsor de la justicia. Sus aportes durante más de dos décadas al fortalecimiento del sistema de justicia en Guatemala merecen el mayor reconocimiento nacional e internacional”, dijo el presidente del ICTJ, David Tolbert.

El caso por genocidio en contra del ex general y jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt ha adquirido recientemente una dimensión internacional. El 6 de noviembre, los abogados de las víctimas presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que denuncia al Estado de Guatemala por la impunidad reinante con respecto a los crímenes de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos contra la etnia ixil. La demanda sucede en un momento clave para el proceso, ya que durante los próximos días la Corte de Apelaciones de Guatemala deberá decidir si concede o no la amnistía a Ríos Montt por los crímenes cometidos durante la guerra civil.

La sentencia emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá contra el líder paramilitar Hebert Veloza García de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el pasado 30 de octubre, sienta un precedente importante en la judicialización de crímenes de sistema en Colombia. “El proceso de Justicia y Paz es la oportunidad para comprender el fenómeno paramilitar en el país, que permeó varios sectores de la sociedad en la historia reciente colombiana, y para lograr la desarticulación de su estructura militar, política y económica”, afirma María Camila Moreno, directora de la oficina en Colombia del ICTJ.

Hebert Veloza García, quien mañana recibe la primera sentencia en Justicia y Paz, nació el 4 de julio de 1967 en Trujillo, Valle del Cauca. Trabajó en cultivos de hoja de coca en el Guaviare, en el oriente de Colombia, y conductor de vehículos de servicio público y privado en Bogotá, en Acacías –Meta–, y en la región del Urabá antioqueño.

En la judicialización de crímenes de sistema, el análisis y la definición del contexto en el que actuó el grupo criminal es un paso fundamental y estratégico. El contexto aclara y explica las condiciones que facilitaron el nacimiento, formación y consolidación del grupo armado, y el funcionamiento...

El líder paramilitar Hebert Veloza García, alias "H.H.", fue condenado a 40 años de prisión y una multa de 17.950 salarios mínimos (unos 5,2 millones de dolares). Por estar postulado en el proceso de Justicia y Paz, Veloza recibió el beneficio de una pena alternativa, que el Tribunal estableció en siete años. La lectura de la primera sentencia en el proceso de Justicia y Paz contra Veloza representa un momento crucial para el cumplimiento del deber de investigar, juzgar y sancionar los crímenes internacionales y las graves violaciones de los derechos humanos cometidos en el país. Aquí puede ver el video completo de la lectura de la sentencia.