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Este abril, Sudán conmemoró un doble aniversario: el primero, la revolución de 2019 que derrocó el régimen represivo de décadas del presidente Omar al Bashir; el segundo, el estallido de la guerra civil que ha devastado el país desde 2023. Estas efemérides de tanto contraste traen consigo grandes esperanzas y un profundo dolor. También plantean preguntas apremiantes: ¿Cuánto tiempo tendrá que sufrir Sudán mientras la atención mundial parece darles la espalda? ¿Hasta cuándo seguirán silenciadas las voces de los sudaneses que anhelan la paz y la justicia?

En los últimos años, los Estados han impuesto cada vez más sanciones relacionadas con la comisión de violaciones de derechos humanos, lo que ha ampliado su potencial para promover los objetivos de la justicia transicional. En este contexto, el ICTJ publicó recientemente un nuevo informe que ofrece un análisis de las sanciones internacionales desde una perspectiva de justicia transicional. En esta entrevista, la autora del informe, la experta sénior del ICTJ, Elena Naughton, analiza cómo las sanciones pueden impulsar o dificultar los esfuerzos para lograr la rendición de cuentas, reconocer y reparar a las víctimas, y prevenir la recurrencia de los abusos masivos de derechos humanos.

Desde mucho antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, Moscú ha difundido desinformación para justificar su agresión, sostieniendo suposiciones subyacentes de que Ucrania no es una nación soberana y que su condición de Estado está condicionada a una alianza con Rusia. Refutar estas narrativas no solo es valioso para los ucranianos, sino también para impulsar cualquier transformación democrática en Rusia y para establecer una comprensión más matizada de la historia de Europa Central y Oriental.

Desde 2014, el conflicto en Yemen ha causado cientos de miles de muertes, desplazado a millones, destruido la economía y exacerbado la marginación sistémica, creando una de las peores catástrofes humanitarias del mundo. Sin embargo, actualmente, la justicia transicional y la reconciliación ocupan un lugar precario en el panorama político yemení. En este contexto, el ICTJ ha publicado un nuevo informe que explora las vías para una paz justa y sostenible en Yemen.

El ICTJ está indignado por la reciente masacre en Siria, donde más de 1.000 civiles fueron asesinados brutalmente en otra ola de violencia. Este crimen atroz pone de manifiesto la necesidad urgente e innegable de proteger a los civiles y de proporcionar justicia y rendición de cuentas.

La caída del régimen de Asad marca el comienzo de una transformación largamente esperada en Siria. Por primera vez en décadas, se ha abierto un espacio para hablar libremente sobre justicia, rendición de cuentas y reconciliación. Es un momento lleno de incertidumbre y dolor, pero también de inmensa esperanza.

Como herramienta de política exterior, las sanciones han sido utilizadas históricamente por uno o más Estados para coaccionar un cambio de conducta o política. Sin embargo, en los últimos años, los Estados han impuesto cada vez más sanciones a los actores responsables de violaciones de los derechos humanos, lo que ha ampliado su potencial para promover los objetivos de justicia transicional. Ahora, el ICTJ publica un nuevo informe que analiza este potencial, así como los obstáculos a la justicia que pueden generar las sanciones.

El 1 de febrero de 2025, el ICTJ facilitó una reunión entre familiares de personas desaparecidas y detenidas; el presidente de transición de Siria, Ahmed Al-Sharaa; y el ministro de Asuntos Exteriores, Asaad Al-Shaibani, en el Palacio Presidencial de Damasco. Los asistentes presentaron una serie de demandas urgentes específicas relacionadas con las personas desaparecidas forzadamente, mientras que el presidente Ahmed Al-Sharaa subrayó el compromiso del gobierno con la cuestión.