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La Unión Africana y la Unión Europea han lanzado oficialmente un proyecto de tres años para apoyar a los estados miembros de la UA a medida que incorporan la Política de Justicia Transicional de la Unión Africana y emprenden procesos de justicia transicional a nivel nacional. El proyecto, denominado Iniciativa para la Justicia Transicional en África, será implementado por un consorcio de tres organizaciones lideradas por el Centro Internacional para la Justicia Transicional, el Fondo Africano del Legado de Justicia Transicional y el Centro para el Estudio de la Violencia y la Reconciliación.

Miles de personas salieron a las calles en toda Kenia el 27 de enero tras el espantoso asesinato de más de una docena de mujeres para denunciar la violencia contra las mujeres y exigir medidas para ponerle fin. Además, los manifestantes se reunieron en Nairobi el 14 de febrero para una vigilia del Día de San Valentín en memoria de las más de 30 mujeres asesinadas en el país en lo que va del año. Buscaron presionar al gobierno para que declare el feminicidio y la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional y establezca una comisión para abordar estos crímenes y romper el ciclo de impunidad. Estos esfuerzos son loables e inspiradores. Sin embargo, la violencia física y sexual contra las mujeres y el feminicidio (a veces perpetrados por agentes policiales que, tal como está consagrado en la Constitución de Kenia de 2010, deben protegerlas) han persistido en Kenia durante décadas.

En febrero de 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos organizó un evento en Seúl, Corea del Sur, para conmemorar el décimo aniversario de la publicación del informe de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en la República Popular Democrática de Corea. El experto principal del ICTJ, Rubén Carranza, habló en el evento y analizó las lecciones aprendidas relacionadas con formas no judiciales de rendición de cuentas. En esta entrevista, habla sobre por qué es necesario un enfoque más amplio de la justicia transicional y cómo las medidas de justicia transicional pueden ayudar a promover la paz y una posible reunificación en la península.

El ICTJ aboga por la inclusión de la salud mental y el apoyo psicosocial (SMAPS) en todas las iniciativas de justicia transicional y lleva a cabo investigaciones sobre las mejores prácticas para este campo. Al frente de este trabajo está la experta senior del ICTJ, Virginie Ladisch. Es la autora principal del próximo informe, 'La búsqueda del bienestar de las personas': Incorporación de un enfoque psicosocial a la justicia transicional . En esta entrevista, Ladisch analiza la importancia de la SMAPS para la justicia transicional y su trabajo sobre el tema.

El 25 de octubre, la Unión Africana (UA) y la Unión Europea lanzaron oficialmente su Iniciativa conjunta para la Justicia Transicional en África (ITJA) en Addis Abeba. El proyecto se llevará a cabo durante un período de tres años y promoverá procesos nacionales de justicia transicional en África, en línea con la Política de Justicia Transicional de la UA y su hoja de ruta. La ITJA tiene varias características únicas que, si todos los actores las adoptan y promueven, tienen el potencial de abrir un camino nuevo e inspirador hacia la paz, la justicia y el desarrollo sostenible en el continente africano.

La pandemia del COVID-19 ha dejado ya su huella en todos los rincones del mundo. Buscando reducir los índices de contagio, los gobiernos de la mayoría de países han tomado medidas drásticas que requieren que todos los ciudadanos no considerados trabajadores esenciales se queden en sus casas, y que amplios sectores de la economía se mantengan cerrados. Conversamos con los directores de programa en distintos países alrededor del mundo para conocer más ampliamente el efecto de la pandemia en la sociedad, la política y los procesos de justicia transicional que llevan a cabo hoy.

Como parte de nuestro contenido especial en torno al Día Internacional de los Desaparecidos, hablamos con Kelli Muddell, directora del programa de Justicia de Género del ICTJ y especialista en mujeres y justicia transicional, sobre algunas de las dinámicas de género de la justicia transicional y cómo ésta afecta a las mujeres alrededor del mundo.

Un nuevo informe del ICTJ demuestra que los Gobiernos y las sociedades no conocen ni afrontan adecuadamente las duraderas consecuencias que las desapariciones forzadas tienen para las mujeres. En su calidad de esposas, madres, hermanas e hijas de los desaparecidos, ellas tienen un papel especial y, después de una desaparición, sufren todavía más penalidades.