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Por segundo año consecutivo, el ICTJ forma parte del Top 100 mundial de ONGs elaborado por la revista The Global Journal. Asimismo, el ICTJ fue incluido en el Top 3 de ONGs especializadas en el ámbito del derecho y la justicia, reconociendo así su labor única en ayudar a los países a fortalecer el Estado de derecho.

Las transiciones pueden resultar muy largas, y conseguir la rendición de cuentas por crímenes graves y masivos puede tomar muchos años, como es el caso de Guatemala. No fue hasta 2011 que se empezaron a llevar frente a la justicia a los máximos culpables de las matanzas. cometidas durante la guerra civil. Estas acciones tuvieron por fin lugar gracias a la infatigable lucha de las víctimas y sus familiares, y de la colaboración internacional. La Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz Bailey, ha jugado un papel clave en el avance de la rendición de cuentas por crímenes cometidos en el pasado. Durante su asistencia al encuentro sobre complementariedad en Greentree, el ICTJ entrevistó a la fiscal para conocer mejor los retos a los que jueces y fiscales se enfrentan en Guatemala.

El pasado miércoles 17 de octubre se iniciaron oficialmente las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y los jefes de la guerrilla izquierdista de las FARC. El éxito de las mismas no sólo habrá que cifrarlo en la desmovilización real de unos 8.000 combatientes. Para alcanzar una paz duradera habrá que repensar el Estado colombiano, víctima y victimario en un conflicto que ya dura más de medio siglo.

"Las desapariciones forzadas son crímenes contra la humanidad. Las decisiones que tomen los políticos y funcionarios que autoricen tales prácticas en diferentes países no tienen justificación ni legal ni moral. Deben rendir cuentas y ser identificados en calidad de lo que son: enemigos de una sociedad civilizada", escribe Paul Seils, vicepresidente del ICTJ, en esta columna de opinión.

La expedición del denominado “Marco jurídico para la paz” en Colombia plantea varias preguntas. Gustavo Salazar, coordinador programático de ICTJ Colombia, analiza las posibilidades de esta reforma legislativa en el marco de la justicia transicional. "Una de las necesidades urgentes es la aplicación de una política integral de justicia transicional, que tenga presente la interacción y complementariedad de lo penal con la verdad, la reparación y las garantías de no repetición", escribe.

Durante varios años, desde el Programa Colombia del ICTJ se ha trabajado para garantizar que el proceso de Justicia y Paz aborde los procesos de crímenes sistemáticos con un enfoque estratégico. En agosto de 2011, Seils asistió a una reunión de alto nivel organizada por el ICTJ con la Agencia de Cooperación Internacional Alemana y la Organización de Estados Americanos. Al encuentro asistieron diversos expertos internacionales con la intención de fijar prioridades y racionalizar el proceso de selección de casos judiciales.

“ICTJ reporta” es una nueva sección de la página web del ICTJ, destinada a presentar su trabajo y su influencia en todo el mundo. Mediante entrevistas en profundidad mensuales a nuestros expertos, “ICTJ reporta” ofrecerá una panorámica sobre su trabajo en materia de reparaciones, justicia penal, verdad y memoria y otros procesos de justicia transicional en países en los que trabajamos. Para iniciar la serie conversamos con Paul Seils, vicepresidente del ICTJ y jefe de la Oficina de Programas.

Continuamos con nuestra serie especial de podcasts “Lecciones de América Latina”. Para hablar sobre los procesos judiciales sobre violaciones de los derechos humanos durante la dictadura y los problemas a los que se enfrenta la justicia argentina en la actualidad entrevistamos a Mirna Goransky, Fiscal General Adjunta de la Procuración General de la Nación, quien lleva a cabo la acusación en el juicio contra la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada, más conocida como la ESMA. [Descargar](/sites/default/files/ICTJ-Goransky-ESMA-Podcast-ES.mp3) | Duración: 15:25mins | Tamaño del archivo: 10.8MB

En situaciones como la que vive Colombia, que hoy cuenta con más de 4 millones de víctimas (entre ellas 376 mil registradas en la Fiscalía General de la Nación esperando justicia), maximizar los mecanismos de rendición de cuentas debe ser una prioridad para dar respuestas pertinentes y oportunas y reivindicar su dignidad. Esto supone entender que el derecho a la justicia no se agota en la justicia penal, y que en un contexto de masividad de violaciones de derechos humanos como el que caracteriza a Colombia después de casi 50 años de conflicto armado interno, no es posible lograr la investigación y sanción penal de cada uno de los hechos y de cada uno de los perpetradores.