El 10 de abril la Asamblea General de la ONU (AG de la ONU) celebra un debate monográfico sobre el papel de la justicia internacional en los procesos de reconciliación. Es un debate solicitado por el presidente de dicha asamblea, el serbio Vuk Jeremic, después de la reciente absolución del general croata Ante Gotovina por parte del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY). Por desgracia, ha quedado claro que lo que en realidad pretende este debate es desautorizar al TPIY, no debatir una cuestión importante no sólo para los Balcanes sino para un número creciente de países.

Afganistán es un trágico ejemplo de cómo un país en transición puede revertir drásticamente el arduo camino hacia la paz y la democracia y regresar a un abismo de violencia y represión a una velocidad vertiginosa. En el lapso de unas pocas semanas, los talibanes recuperaron el control del país. Cuando finalmente entraron en Kabul, el gobierno afgano respaldado internacionalmente colapsó. Ahora al mando, los talibanes no han perdido tiempo en demostrar su objetivo de volver a imponer el mismo gobierno extremista y opresivo, a pesar de las declaraciones iniciales que afirman un compromiso con la paz y los derechos humanos.

El 27 de febrero de 2026, la Corte Penal Internacional concluyó la audiencia de confirmación de cargos en el caso contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, acusado de crímenes de lesa humanidad. Ruben Carranza, experto senior del ICTJ y filipino-estadounidense, reflexiona sobre este caso en el marco de su reciente conferencia sobre justicia transicional y la guerra contra las drogas de Duterte en la Universidad de Georgetown.

El 6 de octubre, la Corte Penal Internacional (CPI) declaró culpable al exlíder de la milicia Janjaweed, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (también conocido como Ali Kushayb), de 27 cargos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Darfur entre agosto de 2003 y marzo de 2004. Este veredicto histórico rompe con los ciclos de impunidad en Sudán y envía un mensaje contundente de que estos crímenes no se toleran.

Hebert Veloza García, quien mañana recibe la primera sentencia en Justicia y Paz, nació el 4 de julio de 1967 en Trujillo, Valle del Cauca. Trabajó en cultivos de hoja de coca en el Guaviare, en el oriente de Colombia, y conductor de vehículos de servicio público y privado en Bogotá, en Acacías –Meta–, y en la región del Urabá antioqueño.

La violencia criminal y las violaciones a los derechos humanos sobrepasan la capacidad del sistema de seguridad y justicia de México. A pesar de no experimentar una transición política, México puede utilizar experiencias de justicia transicional para diseñar una política de justicia y...

Este estudio busca comunicar las perspectivas, expectativas y necesidades de las personas desplazadas de Sudán del Sur y, así, fundamentar las iniciativas de justicia transicional que han surgido allí a partir del revitalizado acuerdo de paz de 2018. También ofrece lecciones apre...

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Este documento informativo examina las diversas acciones que los funcionarios ucranianos y los miembros de la comunidad internacional han emprendido para investigar y enjuiciar los crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos cometidas en Ucrania desde que Rusia invadió ...

First of the briefing paper Reflections on Victim-Centered Accountability in Ukraine

En diciembre de 2012, el Congreso colombiano aprobó una reforma constitucional sobre la justicia penal militar. Este documento de Análisis del ICTJ, publicado durante la etapa de debate de la reforma, contiene comentarios y recomendaciones a la propuesta de reforma presentada por el C...

Tras seis años de aplicación, los resultados de Justicia y Paz son decepcionantes. El Senado estudia un proyecto de reforma preparado por el gobierno y la Fiscalía, que ha suscitado preocupaciones y propuestas constructivas. María Camila Moreno, directora del programa Colombia del ICTJ, explora un replanteamiento estratégico para reorientar la Ley.