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Promover la justicia de género en Uganda: una evaluación de la política nacional de justicia transicional
Este informe examina la perspectiva de género de la Política Nacional de Justicia Transicional (PNJT) de Uganda y su potencial para brindar justicia inclusiva a las víctimas de conflictos. Si bien la PNTT representa un logro político significativo, persisten deficiencias en su implementación, participación e inclusión de género. A partir de consultas con expertos y experiencias comparadas en África, el informe ofrece recomendaciones para fortalecer la justicia transicional con perspectiva de género en Uganda.
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La adopción de la Política Nacional de Justicia Transicional (PNJT) de Uganda en 2019 marcó un hito significativo en la búsqueda de rendición de cuentas, justicia y paz sostenible por parte del país. Uganda se convirtió en el primer país subsahariano en desarrollar una política nacional que describe un enfoque integral de la justicia transicional. Formulada tras más de una década de consultas, la PNJT propone un marco holístico para abordar las consecuencias de la violencia relacionada con el conflicto a través de cinco pilares clave: justicia formal, justicia tradicional, construcción nacional y reconciliación, amnistía y reparaciones.
La política reconoce la importancia de abordar los daños relacionados con el género y se compromete a incorporar la perspectiva de género, fomentar la participación de las mujeres y desarrollar un enfoque centrado en las víctimas, basado en la inclusión y la equidad. Estos compromisos se fundamentan en marcos nacionales e internacionales previos, como el Acuerdo sobre Rendición de Cuentas y Reconciliación y el Plan de Acción Nacional de Uganda sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Sin embargo, las continuas demoras en la aprobación de la legislación pertinente por parte del Parlamento dejan la Política Nacional de Justicia y Reparaciones prácticamente sin implementar y han generado preocupación ante la posibilidad de que la promesa de justicia y reparación se posponga aún más.
Si bien la Convención Nacional sobre Justicia Penal (NTJP) representa un avance, este informe constata que persisten importantes deficiencias en su tratamiento de la justicia de género. El informe subraya la necesidad de una comprensión más amplia e interseccional del género que vaya más allá de las mujeres y las niñas. Asimismo, destaca la importancia de abordar las consecuencias sociales, económicas y políticas a largo plazo de los daños basados en el género, así como las desigualdades estructurales que obstaculizan el acceso a la justicia. A partir de consultas con expertos y experiencias comparadas en África, el informe ofrece recomendaciones para fortalecer la implementación inclusiva de género, incluyendo la agilización de la legislación pertinente, la obtención de recursos suficientes, la clarificación de las reparaciones, la promoción de la participación sustantiva y el abordaje de normas nocivas como las masculinidades militarizadas.
