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In the aftermath of armed conflict or repression, communities often struggle to rebuild social relations that have been damaged or destroyed by violence and abuse. Restorative justice can potentially play a valuable role in such societies, bringing together the people who have been harmed by crimes and the individuals responsible for those harms, often in the form of a dialogue, to address the offense and its consequences. A new ICTJ research report offers insight and guidance on the use of a restorative justice framework in responding to massive and grave human rights violations, drawing primarily from experiences in Colombia, Sierra Leone, Tunisia, and the Philippines’ Bangsamoro region.

Después de una pausa de varios años, ICTJ ha reanudado recientemente su trabajo en Afganistán. El mes pasado, el pasante de comunicación del ICTJ, Edward Mercado-Gumbs, se reunió con la experta y codirectora del programa del ICTJ en Afganistán, Reem El Gantri, para analizar el renovado compromiso del ICTJ en el país, así como las perspectivas sobre justicia y paz allí.

Solo hace falta echar un vistazo rápido a las noticias para ver cómo el mundo ha vuelto a fallar a los civiles afganos. Afganistán no ha tenido muchos años buenos en las últimas cuatro décadas de guerra, pero los últimos 15 meses han sido decididamente tensos. El caos actual y el aumento de la violencia son prueba de que, a pesar de lo que ha proclamado el gobierno de los EE. UU., la “guerra eterna” continúa. La paz y la justicia significativa y centrada en las víctimas siguen siendo esquivas.

Afganistán es un trágico ejemplo de cómo un país en transición puede revertir drásticamente el arduo camino hacia la paz y la democracia y regresar a un abismo de violencia y represión a una velocidad vertiginosa. En el lapso de unas pocas semanas, los talibanes recuperaron el control del país. Cuando finalmente entraron en Kabul, el gobierno afgano respaldado internacionalmente colapsó. Ahora al mando, los talibanes no han perdido tiempo en demostrar su objetivo de volver a imponer el mismo gobierno extremista y opresivo, a pesar de las declaraciones iniciales que afirman un compromiso con la paz y los derechos humanos.

Desde que los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021, el régimen ha implementado una serie de políticas que restringen severamente a los medios independientes y les otorgan un control casi total sobre los medios de comunicación y su contenido. Kobra Moradi es abogado e investigador que trabaja con la Organización de Derechos Humanos y Democracia de Afganistán y autora del informe reciente Restricciones y violaciones a los medios afganos bajo el Talibán. El ICTJ se reunió con el autor para obtener más información sobre el impacto que han tenido estas restricciones en los periodistas y la prensa libre, y el importante papel que aún pueden desempeñar los medios en un régimen tan represivo.

La Organización de Derechos Humanos y Democracia de Afganistán (AHRDO), aliada del ICTJ, inauguró recientemente un nuevo museo virtual/base de datos dedicados a las víctimas del conflicto afgano y los abusos contra los derechos humanos. La “Casa de la Memoria de Afganistán” no solo preserva la memoria de estas víctimas sino que también ayuda a allanar el camino hacia la verdad y la justicia. Para lanzar el museo virtual, el ICTJ y la AHRDO organizaron conjuntamente un panel de discusión sobre conmemoración, moderado por la periodista de la BBC Lyse Doucet, en la oficina del ICTJ en Nueva York el pasado diciembre.

La pandemia del COVID-19 ha dejado ya su huella en todos los rincones del mundo. Buscando reducir los índices de contagio, los gobiernos de la mayoría de países han tomado medidas drásticas que requieren que todos los ciudadanos no considerados trabajadores esenciales se queden en sus casas, y que amplios sectores de la economía se mantengan cerrados. Conversamos con los directores de programa en distintos países alrededor del mundo para conocer más ampliamente el efecto de la pandemia en la sociedad, la política y los procesos de justicia transicional que llevan a cabo hoy.

“A pesar de las leyes vigentes, el número de casos de violencia sexual y de género [SGBV] sigue aumentando, incluidos casos de violación, mutilación genital femenina, agresión sexual y acoso. Esto significa que existe la necesidad de hacer cumplir tales leyes”, afirmó Didier Gbery, jefe de programa del ICTJ para Gambia, en la apertura de un taller en marzo pasado sobre cómo aumentar el acceso a la justicia de las víctimas de VSG. El taller fue uno de los dos que ICTJ organizó a principios de 2023 para fortalecer la capacidad de las partes interesadas en Gambia para defender a las víctimas de VSG y brindarles un apoyo vital con enfoque de género.