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De diversas maneras, las mujeres juegan un papel fundamental en la aplicación de mecanismos de justicia, verdad y reparación en Colombia. Por una parte, son las principales abanderadas del reclamo por la verdad y la justicia en los casos de violencia cometida contra un ser querido. Por otra parte, han sido víctimas de diversas formas de violencia, que aún poco se reconoce. Pero, sobretodo, porque las organizaciones feministas y las que luchan por los derechos de las mujeres han empezado a incluir en sus agendas la reparación de mujeres víctimas.

El pasado miércoles 17 de octubre se iniciaron oficialmente las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y los jefes de la guerrilla izquierdista de las FARC. El éxito de las mismas no sólo habrá que cifrarlo en la desmovilización real de unos 8.000 combatientes. Para alcanzar una paz duradera habrá que repensar el Estado colombiano, víctima y victimario en un conflicto que ya dura más de medio siglo.

"Las desapariciones forzadas son crímenes contra la humanidad. Las decisiones que tomen los políticos y funcionarios que autoricen tales prácticas en diferentes países no tienen justificación ni legal ni moral. Deben rendir cuentas y ser identificados en calidad de lo que son: enemigos de una sociedad civilizada", escribe Paul Seils, vicepresidente del ICTJ, en esta columna de opinión.

La expedición del denominado “Marco jurídico para la paz” en Colombia plantea varias preguntas. Gustavo Salazar, coordinador programático de ICTJ Colombia, analiza las posibilidades de esta reforma legislativa en el marco de la justicia transicional. "Una de las necesidades urgentes es la aplicación de una política integral de justicia transicional, que tenga presente la interacción y complementariedad de lo penal con la verdad, la reparación y las garantías de no repetición", escribe.

Durante varios años, desde el Programa Colombia del ICTJ se ha trabajado para garantizar que el proceso de Justicia y Paz aborde los procesos de crímenes sistemáticos con un enfoque estratégico. En agosto de 2011, Seils asistió a una reunión de alto nivel organizada por el ICTJ con la Agencia de Cooperación Internacional Alemana y la Organización de Estados Americanos. Al encuentro asistieron diversos expertos internacionales con la intención de fijar prioridades y racionalizar el proceso de selección de casos judiciales.

“ICTJ reporta” es una nueva sección de la página web del ICTJ, destinada a presentar su trabajo y su influencia en todo el mundo. Mediante entrevistas en profundidad mensuales a nuestros expertos, “ICTJ reporta” ofrecerá una panorámica sobre su trabajo en materia de reparaciones, justicia penal, verdad y memoria y otros procesos de justicia transicional en países en los que trabajamos. Para iniciar la serie conversamos con Paul Seils, vicepresidente del ICTJ y jefe de la Oficina de Programas.

En situaciones como la que vive Colombia, que hoy cuenta con más de 4 millones de víctimas (entre ellas 376 mil registradas en la Fiscalía General de la Nación esperando justicia), maximizar los mecanismos de rendición de cuentas debe ser una prioridad para dar respuestas pertinentes y oportunas y reivindicar su dignidad. Esto supone entender que el derecho a la justicia no se agota en la justicia penal, y que en un contexto de masividad de violaciones de derechos humanos como el que caracteriza a Colombia después de casi 50 años de conflicto armado interno, no es posible lograr la investigación y sanción penal de cada uno de los hechos y de cada uno de los perpetradores.

Después de varios meses de un profundo debate en el Congreso de la República, en los medios de comunicación y en distintos escenarios públicos, el Congreso de Colombia aprobó una reforma constitucional que busca articular diferentes mecanismos de justicia transicional. Esta reforma constitucional...

Tras seis años de aplicación, los resultados de Justicia y Paz son decepcionantes. El Senado estudia un proyecto de reforma preparado por el gobierno y la Fiscalía, que ha suscitado preocupaciones y propuestas constructivas. María Camila Moreno, directora del programa Colombia del ICTJ, explora un replanteamiento estratégico para reorientar la Ley.