Biblioteca de recursos

En febrero de 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos organizó un evento en Seúl, Corea del Sur, para conmemorar el décimo aniversario de la publicación del informe de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en la República Popular Democrática de Corea. El experto principal del ICTJ, Rubén Carranza, habló en el evento y analizó las lecciones aprendidas relacionadas con formas no judiciales de rendición de cuentas. En esta entrevista, habla sobre por qué es necesario un enfoque más amplio de la justicia transicional y cómo las medidas de justicia transicional pueden ayudar a promover la paz y una posible reunificación en la península.

Después de una pausa de varios años, ICTJ ha reanudado recientemente su trabajo en Afganistán. El mes pasado, el pasante de comunicación del ICTJ, Edward Mercado-Gumbs, se reunió con la experta y codirectora del programa del ICTJ en Afganistán, Reem El Gantri, para analizar el renovado compromiso del ICTJ en el país, así como las perspectivas sobre justicia y paz allí.

La pandemia del COVID-19 ha dejado ya su huella en todos los rincones del mundo. Buscando reducir los índices de contagio, los gobiernos de la mayoría de países han tomado medidas drásticas que requieren que todos los ciudadanos no considerados trabajadores esenciales se queden en sus casas, y que amplios sectores de la economía se mantengan cerrados. Conversamos con los directores de programa en distintos países alrededor del mundo para conocer más ampliamente el efecto de la pandemia en la sociedad, la política y los procesos de justicia transicional que llevan a cabo hoy.

Entre los grupos poblacionales afectados por la violencia en conflictos armados o regímenes represivos, los niños y jóvenes son algunos de los más vulnerables. Cuando los vacíos en la garantía de los derechos humanos básicos llegan a ser normales para una sociedad, los estándares de educación, relaciones familiares y recreación que reciben los menores los dejan en situación de alta vulnerabilidad al maltrato físico y psicológico, al desplazamiento, el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales y otras formas de explotación.