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A la vez que el Archivo Público de São Paulo anunciaba esta semana el acceso público a casi un millón de documentos secretos de la dictadura, y de las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión Nacional de la Verdad, Brasil parece estar aumentado sus esfuerzos por conseguir la rendición de cuentas sobre las violaciones que tuvieron lugar durante el régimen militar entre 1964 y 1985 ante los tribunales. En esta entrevista hablamos con el fiscal federal Marlon Weichert, una de las personas que ha conseguido que en Brasil crezca la esperanza de lograr la rendición de cuentas.

NUEVA YORK/BRASILIA, 22 de septiembre de 2011—El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) aplaude el paso trascendental que ha dado Brasil hacia la creación de una comisión de la verdad, y observa oportunidades para garantizar su éxito. La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el...

La sentencia hecha pública este martes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un paso histórico para la justicia, dijo hoy el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).

Con ocasión de la 75a sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ICTJ condujo un análisis de discurso para medir cómo los estados miembros entienden la justicia transicional según sus declaraciones en el debate abierto del pasado febrero. Nuestros hallazgos reafirman los pilares centrales de la justicia transicional, así como detectaron tendencias emergentes a partir de las intervenciones de los países miembros.

El ICTJ se complace en anunciar “Overseas: Concurso de escritura”, una convocatoria abierta para jóvenes inmigrantes originarios o actuales residentes en el Líbano, Libia o Túnez para que compartan sus experiencias personales de migración en forma de un breve testimonio escrito.

El ICTJ se complace en anunciar los ganadores de su concurso de escritura “Overseas”. En él, se pidió a jóvenes originarios o residentes actualmente en el Líbano, Libia o Túnez que habían abandonado sus países de origen por razones políticas o socioeconómicas que compartieran sus experiencias personales de migración en forma de un breve testimonio escrito.

Un nuevo informe del ICTJ demuestra que los Gobiernos y las sociedades no conocen ni afrontan adecuadamente las duraderas consecuencias que las desapariciones forzadas tienen para las mujeres. En su calidad de esposas, madres, hermanas e hijas de los desaparecidos, ellas tienen un papel especial y, después de una desaparición, sufren todavía más penalidades.

La pandemia del COVID-19 ha dejado ya su huella en todos los rincones del mundo. Buscando reducir los índices de contagio, los gobiernos de la mayoría de países han tomado medidas drásticas que requieren que todos los ciudadanos no considerados trabajadores esenciales se queden en sus casas, y que amplios sectores de la economía se mantengan cerrados. Conversamos con los directores de programa en distintos países alrededor del mundo para conocer más ampliamente el efecto de la pandemia en la sociedad, la política y los procesos de justicia transicional que llevan a cabo hoy.

Hoy nos enfrentamos a una crisis global de salud pública de proporciones sin precedentes. Solo el tiempo podrá decirnos cuán devastador será el COVID-19 para la vida humana. La velocidad vertiginosa a la que el virus se propaga no nos permite ser optimistas en el futuro cercano. En el ICTJ nos hacemos cargo de la gravedad de la crisis, y nos responsabilizamos por la salud y la seguridad de nuestro equipo, socios y comunidades donde trabajamos comprometidamente. El ICTJ es y continuará siendo, sobre todas las cosas, un apoyo y un punto de encuentro para todos aquellos que luchan por la justicia en los contextos más complejos. ​

La vida de las mujeres sufre afectaciones diferenciales y profundas a causa de estas violaciones y cualquier respuesta oficial a ellas. A menudo, estas afectaciones son invisibles. En las sociedades que lidian con las consecuencias de atrocidades masivas, es crucial enfatizar en este tipo de experiencias puntuales si se quiere lograr su reconocimiento y reparación. Por lo tanto, se debe crear un espacio para que las mujeres víctimas compartan sus experienciasLibia es uno de esos países. Para ayudar a hacer oír las voces de las mujeres víctimas y defensoras de derechos humanos allí, el ICTJ ha estado colaborando con diversas organizaciones de la sociedad civil lideradas por mujeres desde 2019, reuniéndolas y ayudándolas a desarrollar sus capacidades.