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A tres años del inicio de su ejecución, el ICTJ presenta un análisis sobre la implementación del Programa de Reparaciones Individuales establecido por la Ley 1448. El informe examina en profundidad los aspectos positivos y las falencias tanto en el diseño como en la implementación de este programa, y propone recomendaciones para hacer más efectiva la ambiciosa tarea de reparar a las víctimas colombianas, que actualmente sienten que la promesa de la reparación solo ha sido parcialmente cumplida.

Para analizar algunos de los acontecimientos más relevantes que han tenido lugar en Guatemala recientemente en torno a la justicia por crímenes del pasado conversamos con Marcie Mersky, directora de Programas del ICTJ.

Casi 30 años después de los lamentables hechos de la toma del Palacio de Justicia por la guerrilla del M-19 y la desproporcionada acción militar para recuperarlo, los familiares de las víctimas de los desaparecidos han conseguido avanzar un paso más en su larga lucha por conseguir justicia.

Con el fin de presentar experiencias internacionales y promover el intercambio de ideas acerca de qué lecciones podrían resultar útiles para Colombia en materia de justicia penal, el ICTJ celebrará una conferencia en Bogotá el 24 de noviembre que reunirá a reconocidos expertos que estuvieron directamente involucrados en estas iniciativas de justicia penal en Bosnia-Herzegovina, Camboya, Sierra Leona, Timor Oriental y el Líbano.

En este nuevo informe, el ICTJ y la Casa de la Mujer analizan los obstáculos que las mujeres y sus organizaciones enfrentan en los procesos de participación, implementación, atención y reparación establecidas por la Ley de Víctimas. El informe también hace recomendaciones para que la implementación de la ley contribuya a una reparación integral y significativa para las mujeres.

En este nuevo informe, el ICTJ presenta una perspectiva para guiar la reparación y reintegración de los niños, niñas y jóvenes victimas de reclutamiento ilícito en Colombia, así como un análisis de los programas implementados hasta ahora por parte de las instituciones colombianas para la reinserción y reparación de menores desvinculados de grupos armados.

Con el propósito de hacer frente a los desafíos judiciales que representan los crímenes de sistema y la criminalidad organizada, el ICTJ ha trabajado durante un año y medio con la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (DINAC) de la Fiscalía General de la Nación para consolidar una nueva forma de investigar penalmente los crímenes de sistema, que incluya un análisis en profundidad del contexto y conduzca al desmantelamiento de las estructuras criminales.

En la tercera sesión del Ciclo de conversatorios sobre el proceso de paz, celebrado el 12 de agosto en Bogotá, el debate giró en torno a los diferentes mecanismos de refrendación de los acuerdos de paz que podrían tenerse en cuenta en caso de que el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alcanzasen un acuerdo para poner fin a 50 años de conflicto armado.

Cuando se cumplen nueve años de la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, el ICTJ analiza en un nuevo informe hasta qué punto estos procesos judiciales han contribuido a comprender y develar las el complejo fenómeno del paramilitarismo en sus dimensiones militar, económica y política, así como a determinar quiénes son los máximos responsables a través de 10 fallos emitidos en el marco de la Ley 975.

Este verano, se calcula que decenas de paramilitares y guerrilleros cobijados bajo el proceso de Justicia y Paz habrán pasado ya ocho años en prisión, aunque muchos de ellos todavía esperan juicio. Según lo establecido por la Ley de Justicia y Paz, aquellos que hayan cumplido con sus obligaciones de contribuir a la verdad y a la reparación deberían ser puestos en libertad cumplidos los ocho años. En este artículo de opinión, la directora del programa del ICTJ en Colombia, María Camila Moreno, analiza las valiosas lecciones extraídas del proceso de Justicia y Paz.