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Este mes, el Perú vuelve la vista atrás para analizar el legado de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Cuando se cumplen 10 años de la publicación del informe final, el ICTJ realizará en las próximas semanas una cobertura especial en torno al legado de la CVR a través de un reportaje en profundidad sobre el impacto de la comisión en la sociedad peruana, entrevistas en formato podcast y la cobertura del seminario internacional “Políticas en Justicia Transicional: A diez años de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación”.

El presente informe es el cuarto en una serie de reportes de seguimiento de la implementación del Programa de Reparaciones Colectivas ejecutado en Perú entre 2007 y 2011. Se trata de un trabajo en conjunto del ICTJ y la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH), de Perú. El informe busca conocer los efectos de esta política de reparación, a través de consultar la opinión de sus beneficiarios y traer las voces de las comunidades de los Andes y la Amazonia para responder a la pregunta de en qué grado esta política ha logrado ser reparadora.

Cuando se conmemora el centenario del genocidio armenio, el presidente del ICTJ defiende que el Gobierno turco debería abandonar la política de la negación sobre la masacre de más de un millón y medio de armenios en 1915.

El ICTJ y la Fundación Konrad Adenauer organizaron el foro “Buscando la cuadratura del círculo: penas y proceso de paz” para presentar el reciente análisis del ICTJ al respecto y generar reflexión sobre los objetivos y la aplicación de penas en el contexto del proceso de paz colombiano.

No es demasiado temprano para considerar una agenda de justicia transicional para Venezuela. Varias organizaciones de sociedad civil en el país ya están debatiendo qué violaciones a los derechos humanos e injusticias históricas debieran ser priorizadas en un proceso de búsqueda de la verdad. Estas deliberaciones podrían llevar a acuerdos entre víctimas y sociedad civil acerca de los abusos que deben ser esclarecidos, reconocidos e investigados. La oposición, a su vez, podría incorporar estos acuerdos a su propuesta de transición negociada y a su mensaje de inclusión y esperanza. Si es posible celebrar elecciones justas y creíbles, sólo tendrían sentido si hay claras garantías a aquellos que pierdan no van a sufrir persecución política o represalias y que van a tener un espacio en una futura democracia.

La ley de víctimas les dio voz y fecha: el Congreso las recibirá cada año para escucharlas y solidarizarse con su sufrimiento, en nombre de toda la sociedad. Otros actos oficiales dan fe del cambio de clima y de actitud con respecto a las víctimas. Pero efectos concretos, todavía no se ven, escribe María Camila Moreno, directora del Programa Colombia del ICTJ.

En Colombia se están debatiendo las diferentes posibilidades y enfoques de una transición que debería basarse en el derecho de las víctimas a la justicia, la reparación y la verdad. Esta es una ocasión especialmente oportuna para subrayar la necesidad de que la transición se lleve a cabo en base a estos principios: hoy, 9 de abril, Colombia celebra el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Lea esta columna de opinión de Fernado Travesí y Félix Reátegui.

Hebert Veloza García, quien mañana recibe la primera sentencia en Justicia y Paz, nació el 4 de julio de 1967 en Trujillo, Valle del Cauca. Trabajó en cultivos de hoja de coca en el Guaviare, en el oriente de Colombia, y conductor de vehículos de servicio público y privado en Bogotá, en Acacías –Meta–, y en la región del Urabá antioqueño.

ECUADOR– El Consejo Nacional Electoral informó que el nivel de participación en las elecciones del pasado 5 de febrero de 2023 se contabilizó en un 80,74% y, en medio de la preocupación por la demora en la entrega de resultados, reiteró que el conteo de los votos continuará hasta lograr el 100 por...

Tras seis años de aplicación, los resultados de Justicia y Paz son decepcionantes. El Senado estudia un proyecto de reforma preparado por el gobierno y la Fiscalía, que ha suscitado preocupaciones y propuestas constructivas. María Camila Moreno, directora del programa Colombia del ICTJ, explora un replanteamiento estratégico para reorientar la Ley.