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Desde que los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021, el régimen ha implementado una serie de políticas que restringen severamente a los medios independientes y les otorgan un control casi total sobre los medios de comunicación y su contenido. Kobra Moradi es abogado e investigador que trabaja con la Organización de Derechos Humanos y Democracia de Afganistán y autora del informe reciente Restricciones y violaciones a los medios afganos bajo el Talibán. El ICTJ se reunió con el autor para obtener más información sobre el impacto que han tenido estas restricciones en los periodistas y la prensa libre, y el importante papel que aún pueden desempeñar los medios en un régimen tan represivo.

En el segundo encuentro del Ciclo de conversatorios sobre el proceso de paz –organizado por la Fundación Konrad Adenauer, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), Ámbito Jurídico y USAID– se abordó otro de los temas clave para alcanzar una paz sostenible en Colombia: las penas alternativas y las sanciones extrajudiciales que podrían aplicarse a los excombatientes guerrilleros.

En la tercera sesión del Ciclo de conversatorios sobre el proceso de paz, celebrado el 12 de agosto en Bogotá, el debate giró en torno a los diferentes mecanismos de refrendación de los acuerdos de paz que podrían tenerse en cuenta en caso de que el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alcanzasen un acuerdo para poner fin a 50 años de conflicto armado.

El 7 de octubre, el mundo observó con horror cómo miembros del grupo militante Hamas masacraban a más de 1.400 israelíes, la mayoría de los cuales eran civiles, incluidos niños y ancianos, en un ataque premeditado y sofisticado. La respuesta de Israel hasta ahora no ha sido menos horrorosa. Olas incesantes de ataques aéreos indiscriminados contra Gaza han alcanzado edificios residenciales, instalaciones médicas y otras infraestructuras civiles críticas, asediando todo el enclave y dejando más de 5.000 personas muertas, entre ellas 2.000 niños. Desafortunadamente, estas atrocidades indescriptibles –cuya condena y rechazo se nos han acabado las palabras– no son acontecimientos aislados que suceden en el vacío. De hecho, son sólo los últimos episodios de un ciclo de violencia que dura 75 años.

El Perú aún necesita aceptar su historia y avanzar hacia el país inclusivo y democrático que desea ser. Esto exige ofrecer reparaciones en la forma integral definida por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, escribe Cristián Correa en esta columna de opinión.

El 8 de febrero, el ICTJ celebró un evento en La Haya sobre las personas desaparecidas en Siria, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. El evento reunió a activistas, periodistas, artistas y formuladores de política pública para reflexionar sobre las necesidades humanitarias críticas de las víctimas y sus familias y el papel del recién creado organismo internacional sobre los desaparecidos en Siria, cuyo mandato es, en parte, abordar estas necesidades.

El 29 de junio de 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que crea una nueva institución independiente para los desaparecidos en la República Árabe Siria. 83 estados miembros votaron a favor, 11 votaron en contra y 62 se abstuvieron. ICTJ da la bienvenida a la resolución, que representa un respiro momentáneo en el panorama de justicia de Siria, que de otro modo sería sombrío. Este voto representa un paso fundamental para apoyar a todos aquellos que buscan respuestas sobre el destino y el paradero de sus seres queridos y que sufren a diario las humillaciones y las graves dificultades que resultan de la desaparición de un ser querido.

Este verano, se calcula que decenas de paramilitares y guerrilleros cobijados bajo el proceso de Justicia y Paz habrán pasado ya ocho años en prisión, aunque muchos de ellos todavía esperan juicio. Según lo establecido por la Ley de Justicia y Paz, aquellos que hayan cumplido con sus obligaciones de contribuir a la verdad y a la reparación deberían ser puestos en libertad cumplidos los ocho años. En este artículo de opinión, la directora del programa del ICTJ en Colombia, María Camila Moreno, analiza las valiosas lecciones extraídas del proceso de Justicia y Paz.

En situaciones como la que vive Colombia, que hoy cuenta con más de 4 millones de víctimas (entre ellas 376 mil registradas en la Fiscalía General de la Nación esperando justicia), maximizar los mecanismos de rendición de cuentas debe ser una prioridad para dar respuestas pertinentes y oportunas y reivindicar su dignidad. Esto supone entender que el derecho a la justicia no se agota en la justicia penal, y que en un contexto de masividad de violaciones de derechos humanos como el que caracteriza a Colombia después de casi 50 años de conflicto armado interno, no es posible lograr la investigación y sanción penal de cada uno de los hechos y de cada uno de los perpetradores.