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"Las desapariciones forzadas son crímenes contra la humanidad. Las decisiones que tomen los políticos y funcionarios que autoricen tales prácticas en diferentes países no tienen justificación ni legal ni moral. Deben rendir cuentas y ser identificados en calidad de lo que son: enemigos de una sociedad civilizada", escribe Paul Seils, vicepresidente del ICTJ, en esta columna de opinión.

Cuando el vendedor ambulante tunecino de 26 años Mohamed Bouazizi se incineró el 17 de diciembre de 2010, su acción tuvo resonancia a lo largo de toda una región y desató lo que se conoce como la Primavera Árabe. Su grito hizo eco en todo el mundo, pues se trataba de una petición universal por la justicia, la equidad y el trato equitativo. En efecto, fue una petición en favor del Estado de derecho.

El ICTJ publicó recientemente su informe anual de 2011, que abarca el periodo comprendido entre septiembre de 2010 y agosto de 2011. El año que marca nuestro décimo aniversario también ha sido un periodo de transición para el ICTJ y para la justicia transicional, en el que respondimos a las nuevas oportunidades surgidas en el norte de África y Oriente Medio y reorientamos nuestro futuro con un nuevo proceso de planificación estratégica.

“ICTJ reporta” es una nueva sección de la página web del ICTJ, destinada a presentar su trabajo y su influencia en todo el mundo. Mediante entrevistas en profundidad mensuales a nuestros expertos, “ICTJ reporta” ofrecerá una panorámica sobre su trabajo en materia de reparaciones, justicia penal, verdad y memoria y otros procesos de justicia transicional en países en los que trabajamos. Para iniciar la serie conversamos con Paul Seils, vicepresidente del ICTJ y jefe de la Oficina de Programas.

En este 17 de julio, elegido hace poco más de dos años día de la Justicia Internacional por los Estados parte de la Corte Penal Internacional (CPI), no debemos centrarnos únicamente en la labor de este organismo. Es vital abordar de forma más global cómo puede obtenerse justicia después de la comisión de atrocidades y por qué es necesario hacerlo.

¿Por qué hay que aplicar medidas de justicia transicional después de violaciones de los derechos humanos masivas? "En defensa de la justicia" se adentra en el debate sobre la relevancia de la justicia transicional en el mundo actual.

El 1 de Julio se cumple el décimo aniversario de la Corte Penal Internacional (CPI). En tal día en 2002, el Estatuto de Roma entró en vigor para establecer el primer tribunal penal permanente e internacional. Para conmemorar este hito, el ICTJ entrevistó a la juez de la CPI Silvia Fernández de Gurmendi.

La justicia transicional tiene como misión primordial luchar por "abrir nuevos caminos hacia un futuro de paz y estabilidad". En países con pasados violentos o represivos -es decir, la mayoría- poner en marcha medidas de búsqueda de la verdad, justicia penal, reparación y reforma institucional es fundamental para poder establecer una cultura de justicia y de respeto al Estado de derecho.

Dentro del marco del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, que tiene lugar estos días en Nueva York, el ICTJ reunió a varios representantes de comunidades indígenas latinoamericanas en un evento para debatir sobre el aporte de las comisiones de la verdad a la hora de develar las violaciones de derechos humanos sufridas por estas comunidades.

La Conferencia nacional para iniciar el diálogo sobre justicia transicional en Túnez se celebró el 14 de abril en la capital del país, iniciando así un proceso que debería llevar a la aprobación de una ley de justicia transicional integral por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente del ICTJ, David Tolbert, realizó un discurso de apertura.