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Miles de personas salieron a las calles en toda Kenia el 27 de enero tras el espantoso asesinato de más de una docena de mujeres para denunciar la violencia contra las mujeres y exigir medidas para ponerle fin. Además, los manifestantes se reunieron en Nairobi el 14 de febrero para una vigilia del Día de San Valentín en memoria de las más de 30 mujeres asesinadas en el país en lo que va del año. Buscaron presionar al gobierno para que declare el feminicidio y la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional y establezca una comisión para abordar estos crímenes y romper el ciclo de impunidad. Estos esfuerzos son loables e inspiradores. Sin embargo, la violencia física y sexual contra las mujeres y el feminicidio (a veces perpetrados por agentes policiales que, tal como está consagrado en la Constitución de Kenia de 2010, deben protegerlas) han persistido en Kenia durante décadas.

En este análisis, el asociado sénior del ICTJ Cristián Correa expresa preocupación por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que daría pie interpretaciones que condonen el uso de métodos prohibidos por el derecho internacional para combatir la subversión y el terrorismo.

Con la publicación, largamente pospuesta, del informe parcial del Comité de Inteligencia del Senado estadounidense sobre el Programa de Detención e Interrogación de la CIA, la verdad se ha hecho por fin pública. En este artículo de opinión el presidente del ICTJ, David Tolbert, pide a Estados Unidos que reconozca la verdad, rinda cuentas con los principales responsables y repare a las víctimas de torturas.

En este artículo de opinión, el vicepresidente del ICTJ escribe que la CPI no puede respaldar medidas que favorezcan la impunidad, del mismo modo que no pueden hacerlo otros actores comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la lucha por la paz y la justicia.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre el Bienestar Infantil en el Estado de Maine-Wabanaki (CVR), la primera de su especie en Estados Unidos, cumple un año de vida. La CVR es ejemplar porque es fruto de un acuerdo directo entre las naciones indígenas y el estado.

El número de comisiones de la verdad surgidas de negociaciones de paz ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años. Las lecciones que hemos aprendido ponen de relieve que ya es hora de observar con mirada crítica los desafíos a los que se enfrentan los mediadores, para que estas comisiones puedan responder realmente a las demandas de las víctimas, escribe el presidente del ICTJ, David Tolbert, en este artículo de opinión.

¿Pueden las comisiones de la verdad contribuir a lograr una paz sostenible tras un conflicto violento en el que se han cometido abusos masivos de los derechos humanos? En esta serie especial de podcasts, presentamos una serie de conversaciones con algunos de los más importantes mediadores de paz y expertos en comisiones de la verdad del mundo, con un énfasis en revisar las experiencias de América Latina.

La relevancia del fallo del caso Taylor, emitido hace unos días en La Haya, va más allá del propio condenado e incluso del Tribunal Especial para Sierra Leona. La sentencia constituirá un inevitable precedente jurídico para cualquier deliberación futura relativa al papel de dirigentes y Estados en crímenes cometidos en terceros países, escribe David Tolbert en este artículo de opinión.

Los niños y los jóvenes son especialmente vulnerables a las violaciones graves de derechos humamos y a las consecuencias de los conflictos. En esta edición del ICTJ reporta hablamos con la directora del programa de la Infancia y la Juventud del ICTJ, Virginie Ladisch, sobre la importancia de incluir a los niños y los jóvenes en los mecanismos de justicia transicional.

En la brutalidad de un conflicto armado o la tiranía de un régimen represivo, muchas personas desaparecen y nunca son encontradas: ya sea a manos de agentes del Estado o secuestrados por una facción armada, miles de desaparecidos siguen en paradero desconocido hasta el día de hoy. En el Día Internacional de los Desaparecidos, el ICTJ reconoce que las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad que afectan a las mujeres de forma particular, distinta al impacto que tiene este delito en los hombres.