Cada día hay más pruebas de que en la brutal guerra civil siria se están cometiendo violaciones sistemáticas de los derechos humanos. La política de contención no basta: la comunidad internacional no puede aceptar un statu quo en el que decenas de civiles mueren cada día, y los sirios tampoco aceptarán sin más que esos horrendos crímenes queden impunes, escribe David Tolbert en esta columna de opinión.

El 8 de agosto, Armenia y Azerbaiyán firmaron la Declaración Conjunta sobre las Relaciones Futuras. Considerada por algunos como un "acuerdo de paz histórico", no es un tratado ni pone fin al conflicto de Nagorno-Karabaj, que ya cumple 37 años. Se trata, más bien, de un marco político que requiere apoyo y atención internacionales.

El papel de la participación de las víctimas en los procesos penales internacionales, ya sea en tribunales internacionales, mixtos o nacionales, ha sido durante mucho tiempo un tema de debate público entre los profesionales de la justicia penal y los activistas de derechos humanos. Tras las...

"Las desapariciones forzadas son crímenes contra la humanidad. Las decisiones que tomen los políticos y funcionarios que autoricen tales prácticas en diferentes países no tienen justificación ni legal ni moral. Deben rendir cuentas y ser identificados en calidad de lo que son: enemigos de una sociedad civilizada", escribe Paul Seils, vicepresidente del ICTJ, en esta columna de opinión.

Este informe analiza las importantes dimensiones de género de la desaparición forzada y cómo estas afectan tanto a las mujeres desaparecidas como a aquellas que son víctimas en virtud de sus lazos familiares con los desaparecidos. En ambos casos, los roles de género y las desigualdade...

Dos años y medio después de la invasión rusa a Ucrania, las víctimas siguen exigiendo justicia por las violaciones masivas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por las cuales han sufrido graves daños y traumas psicológicos. La Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre presuntos crímenes en marzo de 2022. Ahora se enfrenta a un desafío crítico: ¿cómo garantizar que las víctimas ucranianas puedan participar de manera significativa en todas las etapas de sus procedimientos, a pesar de que la corte se encuentra lejos del conflicto?

Hoy nos enfrentamos a una crisis global de salud pública de proporciones sin precedentes. Solo el tiempo podrá decirnos cuán devastador será el COVID-19 para la vida humana. La velocidad vertiginosa a la que el virus se propaga no nos permite ser optimistas en el futuro cercano. En el ICTJ nos hacemos cargo de la gravedad de la crisis, y nos responsabilizamos por la salud y la seguridad de nuestro equipo, socios y comunidades donde trabajamos comprometidamente. El ICTJ es y continuará siendo, sobre todas las cosas, un apoyo y un punto de encuentro para todos aquellos que luchan por la justicia en los contextos más complejos. ​

El 25 de octubre, la Unión Africana (UA) y la Unión Europea lanzaron oficialmente su Iniciativa conjunta para la Justicia Transicional en África (ITJA) en Addis Abeba. El proyecto se llevará a cabo durante un período de tres años y promoverá procesos nacionales de justicia transicional en África, en línea con la Política de Justicia Transicional de la UA y su hoja de ruta. La ITJA tiene varias características únicas que, si todos los actores las adoptan y promueven, tienen el potencial de abrir un camino nuevo e inspirador hacia la paz, la justicia y el desarrollo sostenible en el continente africano.

La pandemia del COVID-19 ha dejado ya su huella en todos los rincones del mundo. Buscando reducir los índices de contagio, los gobiernos de la mayoría de países han tomado medidas drásticas que requieren que todos los ciudadanos no considerados trabajadores esenciales se queden en sus casas, y que amplios sectores de la economía se mantengan cerrados. Conversamos con los directores de programa en distintos países alrededor del mundo para conocer más ampliamente el efecto de la pandemia en la sociedad, la política y los procesos de justicia transicional que llevan a cabo hoy.

Un nuevo informe del ICTJ demuestra que los Gobiernos y las sociedades no conocen ni afrontan adecuadamente las duraderas consecuencias que las desapariciones forzadas tienen para las mujeres. En su calidad de esposas, madres, hermanas e hijas de los desaparecidos, ellas tienen un papel especial y, después de una desaparición, sufren todavía más penalidades.