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Los refugiados y desplazados de Sudán del Sur representan actualmente el 40 % de la población total del país. Sin embargo, estos grupos han sido excluidos en gran medida de los debates sobre políticas relacionadas con el proceso de justicia transicional en Sudán del Sur. Un nuevo informe del ICTJ busca ampliar las perspectivas y expectativas de estos grupos y garantizar su inclusión en el diseño e implementación del proceso.

Como herramienta de política exterior, las sanciones han sido utilizadas históricamente por uno o más Estados para coaccionar un cambio de conducta o política. Sin embargo, en los últimos años, los Estados han impuesto cada vez más sanciones a los actores responsables de violaciones de los derechos humanos, lo que ha ampliado su potencial para promover los objetivos de justicia transicional. Ahora, el ICTJ publica un nuevo informe que analiza este potencial, así como los obstáculos a la justicia que pueden generar las sanciones.

Durante varios años, desde el Programa Colombia del ICTJ se ha trabajado para garantizar que el proceso de Justicia y Paz aborde los procesos de crímenes sistemáticos con un enfoque estratégico. En agosto de 2011, Seils asistió a una reunión de alto nivel organizada por el ICTJ con la Agencia de Cooperación Internacional Alemana y la Organización de Estados Americanos. Al encuentro asistieron diversos expertos internacionales con la intención de fijar prioridades y racionalizar el proceso de selección de casos judiciales.

El ICTJ y el Centro para Asuntos Internacionales de la Universidad de Nueva York (NYU) organizaron conjuntamente un debate sobre la influencia de los tribunales internacionales y especiales para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, y sobre las posibles lecciones que la Corte Penal Internacional (CPI...

En el debate organizado por The Economist, Richard Dicker y Jack Snyder han apuntado cuestiones esenciales que enmarcan el debate sobre paz y justicia. Sin embargo, en mi opinión el debate sobre paz y justicia, más que limitarse a tratar de resolver dinámicas de poder geopolíticas o nacionales, debe centrarse más concretamente en los aspectos esenciales que van a afectar a las víctimas y a sus sociedades.

Como parte de nuestro contenido especial en torno al Día Internacional de los Desaparecidos, hablamos con Kelli Muddell, directora del programa de Justicia de Género del ICTJ y especialista en mujeres y justicia transicional, sobre algunas de las dinámicas de género de la justicia transicional y cómo ésta afecta a las mujeres alrededor del mundo.

El ICTJ y el Centro de Memoria Histórica invitan a participar en el Concurso de fotografía para aficionados sobre la memoria y la resistencia de las víctimas del conflicto armado. El concurso busca resaltar el trabajo de personas que capten la memoria de resistencias cotidianas de campesinos, indígenas, afrocolombianos o gente del común que viven –o han vivido- en contexto de conflicto armado. Personas que cuenten una historia de memoria del conflicto a través de una serie fotográfica.

El proceso de transición sudafricano es señalado a menudo como un ejemplo a seguir, pero más de una década después de la tarea realizada por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) han salido a la luz algunas de las carencias de ese alabado proceso, especialmente en lo que respecta a la rendición de cuentas y la reparación. Howard Varney, asesor programático del ICTJ, explica en qué estado se encuentra el proceso de transición Sudáfricano, rompiendo muchos mitos y exponiendo sin miramientos las carencias y errores que se han cometido en las dos últimas décadas de reconciliación.

Un nuevo informe del ICTJ demuestra que los Gobiernos y las sociedades no conocen ni afrontan adecuadamente las duraderas consecuencias que las desapariciones forzadas tienen para las mujeres. En su calidad de esposas, madres, hermanas e hijas de los desaparecidos, ellas tienen un papel especial y, después de una desaparición, sufren todavía más penalidades.

La emisión de las primeras sentencias por la JEP marca un punto de inflexión en la justicia transicional del país. Son condenas históricas contra los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado. Constituyen en sí mismas la materialización de la justicia y expresan un reproche tanto judicial como moral por las atrocidades cometidas. Las sentencias de la JEP, así como la comparecencia sostenida de los responsables durante los últimos ocho años, son una expresión concreta de la implementación y compromiso con el Acuerdo de Paz de 2016.