Nueva York, 19 de febrero de 2025— las sanciones han sido utilizadas históricamente como herramienta de política exterior, por uno o más Estados, para coaccionar un cambio de comportamiento o política. Sin embargo, en los últimos años, los Estados han impuesto cada vez más sanciones a los actores responsables de violaciones de los derechos humanos, lo que ha ampliado su potencial para promover los objetivos de justicia transicional. Hoy, el ICTJ publica un nuevo informe que analiza este potencial, así como los obstáculos que pueden generar las sanciones a la justicia.
"Entre dos mentalidades: las sanciones como forma de rendición de cuentas y los dilemas de la justicia transicional” explora el papel que los regímenes de sanciones económicas internacionales pueden desempeñar tanto para promover como para obstaculizar la rendición de cuentas, la reparación y la prevención. “En las sociedades que se enfrentan a atrocidades masivas, en particular aquellas que aún no han iniciado una transición política y donde la impunidad por estos crímenes sigue siendo generalizada, las sanciones pueden ayudar a llenar este vacío de justicia al proporcionar una medida de rendición de cuentas”, explica Elena Naughton, experta principal del ICTJ y autora del informe.
Para las víctimas de violaciones de los derechos humanos, las sanciones pueden ofrecer cierto grado de reparación, al reconocerlas a ellas y a las violaciones que sufrieron, reforzar el estado de derecho y afirmar la verdad de lo ocurrido. Las sanciones también pueden marcar el inicio de un proceso para recuperar activos que pueden utilizarse para reparar los daños sufridos. Como resultado, la sociedad civil, los grupos de víctimas y los defensores de los derechos humanos suelen estar entre los principales defensores de las sanciones.
El informe, sin embargo, también examina los graves desafíos a la justicia que pueden plantear las sanciones. Para empezar, las sanciones económicas pueden tener un impacto humanitario devastador en un país sujeto a ellas. A menudo, los más afectados por esas sanciones son las mismas comunidades y personas que sufrieron abusos de los derechos humanos. Además, como dice un actor de la sociedad civil que trabaja en Libia y que fue entrevistado para el informe, “las sanciones limitan la capacidad de la sociedad civil para trabajar. Además de las víctimas, es la sociedad civil la que sufre”.
Mientras tanto, los actores a los que se pretende aplicar sanciones podrían evadirlas con éxito, lo que afianzaría aún más una cultura de impunidad y envalentonaría al gobierno autoritario al que probablemente pertenecen. Las sanciones también se han utilizado como arma para socavar la rendición de cuentas penal internacional, como en el caso de las sanciones estadounidenses contra la Corte Penal Internacional.
“Otro gran desafío para las sanciones está relacionado con su legitimidad”, dice Naughton. “Por ejemplo, un régimen de sanciones puede tener efectos limitados o nulos, lo que las hace difíciles de justificar. O un Estado que impone sanciones a actores ‘malos’ puede hacerlo de manera selectiva, castigando a algunos pero eximiendo a otros, lo que también socava su credibilidad”.
Dadas estas realidades, en muchas situaciones hay controversia antes y después de la imposición de sanciones, incluso cuando se las considera, se las implementa y se las levanta, controversia que una mayor coordinación entre las autoridades sancionadoras y los actores judiciales puede ayudar a evitar.
El informe identifica y analiza a continuación aquellos aspectos de las sanciones que se superponen con los objetivos de la justicia transicional y en los que los profesionales podrían aprovechar las sinergias. Con este fin, ofrece recomendaciones para que las Naciones Unidas, los actores de la justicia y las autoridades encargadas de aplicar sanciones mejoren la coordinación. “Sin duda, las sanciones tienen sus limitaciones y desafíos”, afirma Fernando Travesí, director ejecutivo del ICTJ. “Pero es importante no perder de vista las afinidades que tienen con los procesos de justicia transicional y su potencial para contribuir a la rendición de cuentas y la reparación”.
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FOTO: A la izquierda, manifestantes protestan contra las sanciones impuestas por Estados Unidos a Zimbabwe frente a la embajada de Estados Unidos en Harare, Zimbabwe, el 25 de octubre de 2024 (Tafara Mugwara/Xinhua/Alamy Stock Photo). A la derecha, miles de personas en Londres se manifiestan contra la invasión rusa de Ucrania el 26 de febrero de 2022 (Amani A/Alamy Stock Photo).
