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Aunque la verdad de las víctimas en Colombia, largamente ignorada, necesita conocerse y escucharse, la historia completa de una guerra no puede saberse sin el relato de quienes tomaron las armas. Son ellos los que pueden dar razón de los por qué y para qué de su lucha, de los intereses que defendieron y con quiénes se aliaron, de cómo la guerra se degradó y les degradó hasta el punto de cometer violaciones y atrocidades y justificarlas, y del proceso posterior de reflexión y reconocimiento que es imprescindible para construir la paz del país.

Desde mucho antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, Moscú ha difundido desinformación para justificar su agresión, sostieniendo suposiciones subyacentes de que Ucrania no es una nación soberana y que su condición de Estado está condicionada a una alianza con Rusia. Refutar estas narrativas no solo es valioso para los ucranianos, sino también para impulsar cualquier transformación democrática en Rusia y para establecer una comprensión más matizada de la historia de Europa Central y Oriental.

¿Se puede construir una democracia sólida y legítima sobre el silencio, o es que la verdad proporciona cimientos más profundos? Se pregunta Eduardo González, director del programa de Verdad y Memoria del ICTJ, en esta columna de opinión con motivo del Día Internacional del Derecho a la Verdad.

A medida que buscamos maneras de frenar la violencia y fomentar una paz duradera en sociedades que están lidiando con el legado de abusos masivos de los derechos humanos, se podría decir que no hay día más importante para reflexionar acerca de la importancia de la lucha por la verdad y la justicia que hoy, 24 de marzo. Por eso nos tomamos un momento para conmemorar el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.

Con motivo del 24 de marzo, Día Internacional del Derecho a la Verdad, el ICTJ estrena una campaña para defender el derecho de las víctimas a saber la verdad sobre las violaciones de derechos humanos sufridas. Este año, la campaña gira en torno al mensaje: "La verdad es la base de la justicia". El ICTJ aborda esta idea, clave para una concepción integral de la justicia, a través varios proyectos, como una ambiciosa publicación, una presentación multimedia y una conversación digital.

Este documento informativo examina el enfoque de la Comisión de la Verdad y la Dignidad de Túnez para investigar los crímenes de corrupción de la era de la dictadura de Ben Ali e identificar instituciones e individuos responsables. Además, establece si dicho enfoque sí sentó las bases para la rendición de cuentas y la reparación.

La reciente reelección del presidente Juan Manuel Santos en Colombia aporta esperanza a un país que intenta poner fin a medio siglo de conflicto. Sin embargo, como suele ocurrir en muchos procesos de paz, puede resultar difícil llegar a un equilibrio entre un acuerdo estable y el reconocimiento de las terribles injusticias que han tenido lugar durante los enfrentamientos.

En Colombia no existe una cifra exacta de cuántas personas han sido víctimas de desaparición forzada a raíz del conflicto armado. Mientras el Centro Nacional de Memoria Histórica registra 80.472 víctimas entre 1970 y 2018, el Registro Único de Víctimas de la Unidad para las Víctimas (UARIV) contabiliza 47,762 personas desaparecidas. Lo que ambas instituciones afirman es que la mayoría son civiles.

Este informe analiza las importantes dimensiones de género de la desaparición forzada y cómo estas afectan tanto a las mujeres desaparecidas como a aquellas que son víctimas en virtud de sus lazos familiares con los desaparecidos. En ambos casos, los roles de género y las desigualdades arraigadas en la tradición, raza, cultura, religión y clase hacen que las experiencias de las mujeres sean diferentes a las de los hombres.

"Las desapariciones forzadas son crímenes contra la humanidad. Las decisiones que tomen los políticos y funcionarios que autoricen tales prácticas en diferentes países no tienen justificación ni legal ni moral. Deben rendir cuentas y ser identificados en calidad de lo que son: enemigos de una sociedad civilizada", escribe Paul Seils, vicepresidente del ICTJ, en esta columna de opinión.