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De las muchas dificultades que surgen cuando se negocia una transición hacia la paz y el final de la guerra, una de las mayores puede ser la tensión entre dar prioridad a la paz o e insistir igualmente en la penalizaión de los crímenes de guerra.

La justicia transicional es una respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos. Su objetivo es reconocer a las víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia. La justicia transicional no es una forma especial de justicia, sino una justicia adaptada a sociedades que se transforman a sí mismas después de un período de violación generalizada de los derechos humanos.

Justicia y paz han sido las aspiraciones más elevadas de las sociedades modernas. Los aparatos legislativos han promulgado leyes como la 975 de 2005, que ordenaba al Estado paroporcionar instrumentos para resolver conflictos armados sin dejar a un lado intereses sociales fundamentales de verdad, justicia y reparación de daños infligidos durante décadas de violencia irracional injustificada.

El camino para el pago de las reparaciones a las víctimas puede salirse de los contextos judiciales y centrarse en factores individulaes y nacionales (étnicos, culturales, económicos, políticos, sociales, etc.

En Colombia todavía está en suspenso la política de reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Además de la cantidad de dinero que debe pagarse, existen planes y programas para reparar también a la sociedad.

Este informe se refiere a la segunda fase del proceso de monitorización de la puesta en marcha de las reparaciones colectivas en Perú. Se basa en fuentes oficiales e incluye una referencia cruzada de las comunidades elegidas para acceder a estas reparaciones, y de los partidos políticos a que pertenecen los alcaldes de esas comunidades. También trae recomendaciones sobre cómo mejorar esta política con base en los resultados.

Las ONG exigieron que la Corte Suprema de Argentina garantice el cumplimiento de la resolución de la Corte sobre que los medios deben tener acceso a los registros de este tribunal.

Las ONG exigieron que la Corte Suprema garantice el cumplimiento de la resolución de la Corte sobre que los medios deben tener acceso a los archivos de esta.

La falta de investigación y castigo de graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador es campo abonado para la comisión de otros delitos al percibir que estos no serán investigados ni penalizados los autores.