Costa de Marfil se ha embarcado en un proceso para abordar el legado de conflictos internos que culminó en la violencia postelectoral de 2010. El ICTJ ha brindado asistencia técnica a organismos gubernamentales y grupos de la sociedad civil que están implementando medidas de justicia transicional para restablecer el estado de derecho, incluidas las investigaciones penales y la comisión de la verdad.
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