El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue elegido para el cargo en una campaña progresista para fortalecer la democracia, implementar reformas sociales y traer "paz total" al país. Su enfoque de la paz abarca negociaciones políticas con todos los grupos insurgentes restantes y diálogos simultáneos con organizaciones criminales orientados a su sumisión voluntaria a la justicia a cambio de indulgencia punitiva. Aunque ambiciosa, la propuesta de Petro no es del todo nueva. De hecho, con la notable excepción de su antecesor Iván Duque, prácticamente todos los presidentes en la historia reciente de Colombia han buscado, de una forma u otra, la paz con los grupos armados del país.
Ocho meses después de su administración, los esfuerzos de Petro para cumplir su promesa de campaña enfrentan numerosos desafíos. En noviembre de 2022, el gobierno reanudó los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Tras varios intentos fallidos de negociar la paz con el grupo rebelde en el pasado, las expectativas de llegar a un acuerdo integral son especialmente altas esta vez. Sin embargo, el hecho de que estas negociaciones estén ocurriendo bajo el primer gobierno izquierdista de Colombia no es garantía de éxito. Después de todo, el ELN busca obtener concesiones estructurales y de largo plazo del establecimiento político del país. Otro hueso duro de roer será el tema de la justicia transicional, dada la postura crítica de la guerrilla hacia el derecho internacional humanitario y su firme convicción de que su conducta ha sido altruista. Hasta el momento, la elusiva agenda de paz acordada por las partes ofrece poca claridad sobre cómo se abordarán estos y otros temas.
En el caso de los disidentes y desertores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la intención del gobierno de reconocer su carácter político ha encontrado oposición. Los críticos sostienen que, al volver a las armas, estas personas han perdido su derecho al reconocimiento político y, en consecuencia, cualquier posibilidad de participar en los mecanismos de justicia transicional establecidos por el Acuerdo de Paz de 2016. En todo caso, dicha participación requeriría una reforma constitucional y la obtención del apoyo político necesario.
De manera similar, surge una miríada de desafíos cuando se trata de las organizaciones criminales actualmente activas en Colombia. Como sucesores de grupos paramilitares y poderosos cárteles de la droga posteriores a Pablo Escobar, muchas de estas organizaciones operan como redes criminales horizontales que “tercerizan” actividades violentas, como el sicariato. La idea de entablar un diálogo con estos grupos “puramente criminales” ha provocado un acalorado debate entre políticos de todos los partidos, expertos legales y el público en general. En estas discusiones apasionadas, la justicia transicional en cualquiera de sus formas parece quedar completamente dejada de lado. Esto es especialmente preocupante considerando los escasos avances en la justicia ordinaria para desmantelar estos grupos y reparar a las víctimas.
Los grupos armados o las organizaciones criminales normalmente deciden negociar con el gobierno por una de dos razones: enfrentan una derrota militar inminente o un acuerdo negociado les ofrece ventajas considerables sobre la perpetuación del conflicto. Ninguno de los escenarios es actualmente una realidad en Colombia. De hecho, los mercados ilegales rentables continúan creciendo. Sin embargo, Petro aún tiene que complementar su política de paz total con una estrategia de seguridad para combatir de manera efectiva a los grupos armados y proteger a los civiles. Muchas organizaciones criminales se han arraigado profundamente en las regiones, cumpliendo funciones estatales y ejerciendo control político sobre las comunidades. Revertir esta tendencia requerirá fortalecer las capacidades estatales en todos los niveles, involucrar activamente a los gobiernos locales en el diseño e implementación de políticas regionales de paz y fomentar la cooperación interinstitucional.
A pesar de estos desafíos, el presidente Petro todavía se encuentra en una posición única para aprovechar el impulso de cambio generado por su histórica victoria presidencial y capitalizar el amplio apoyo internacional que disfruta su iniciativa de paz. Por lo tanto, los tres años y medio restantes de su administración deben centrarse en responder a los sutiles desafíos de negociar la paz con múltiples grupos armados e implementar estrategias de paz y seguridad más integrales.
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FOTO: En 2021, la Comisión de la Verdad de Colombia realizó un taller para jóvenes y representantes estatales en Ocaña, Norte de Santander. Como parte de un ejercicio, los participantes se unieron entre sí con trozos de cinta para representar cómo dependían unos de otros en la sociedad para lograr la reconciliación y la coexistencia. (María Margarita Rivera/ICTJ)
