Las preguntas centrales de la justicia transicional son tan antiguas como lo es el propio conflicto violento. ¿Cómo afronta una sociedad la violencia cometida en su nombre? ¿Qué deudas tenemos frente a quienes sufrieron daños? ¿Cómo podemos exigir a los culpables que rindan cuentas? ¿Cómo pueden aprenden a convivir quienes fueron antiguos enemigos?
Mucho antes de la existencia del ICTJ, las sociedades de todo el mundo ya lidiaban con estos dilemas, y las víctimas, las comunidades y sus líderes valientes fueron encontrando sus propias respuestas. Lo que faltaba era un espacio donde las personas que habían adquirido esas experiencias diversas pudieran reunirse, compartir conocimientos y lecciones, intercambiar ideas y construir una comunidad para responder conjuntamente a los desafíos cambiantes en materia de justicia y paz. En 2001, el ICTJ se creó para ser ese espacio y para impulsar un esfuerzo colectivo que abordara las violaciones masivas de los derechos humanos y construyera un futuro pacífico, inclusivo y justo. Veinticinco años después, reafirmamos que este sigue siendo nuestro propósito. Todavía queda mucho por hacer.
He dedicado más de un cuarto de siglo a promover la paz y defender los derechos humanos en países devastados por el conflicto. Me he reunido con personas de las proveniencias más diversas cuyos planes y sueños fueron truncados por la violencia, con madres que buscan a sus seres queridos desaparecidos, con excombatientes que intentan imaginar una vida diferente y con funcionarios temerosos del precio que les podría costar decir la verdad. Con sus propias palabras y a partir de sus experiencias personales, todos formulan la misma pregunta: ¿Cómo reconstruimos nuestras vidas, nuestras comunidades y nuestro país para que se haga justicia, se garanticen y protejan los derechos de todos y la convivencia pacífica perdure?
He aprendido que ninguna institución, tratado ni tribunal puede realizar esta labor por sí solo; este trabajo se hace posible gracias a la unión de personas que se niegan a rendirse.
ICTJ nació de una idea y se ha convertido en una comunidad global. A lo largo de 25 años, hemos trabajado en más de 70 países. Hoy en día, trabajamos en más de 20 simultáneamente. Un equipo de aproximadamente 100 personas (entre personal, consultores, miembros de la junta directiva y del consejo honorario) de diversas nacionalidades y procedencias se reúne cada día en torno a la convicción compartida de que la justicia es la piedra angular de una paz sostenible.
Detrás de estas cifras se encuentran cientos de aliados, entre ellos gobiernos nacionales, instituciones multilaterales, organizaciones afines y grupos de la sociedad civil. Su colaboración y apoyo constantes han hecho posible que podamos sostener compromisos a largo plazo y de forma independiente en los contextos en donde trabajamos. Sin su confianza, el ICTJ no sería la organización que es hoy.
Pero las instituciones y organizaciones, como tales, son solo recipientes vacíos. Su importancia está en las personas que les dan vida. En cada país donde trabajamos, los verdaderos protagonistas son las víctimas y las comunidades que sufrieron el daño: quienes exigen saber qué ocurrió, quienes insisten en que se recuerde a sus seres queridos y quienes no piden venganza, sino reconocimiento, justicia y la garantía de que las violaciones jamás se repetirán. Nuestro papel ha sido acompañar a estos protagonistas, ayudar a transformar sus demandas en procesos sostenibles para las sociedades y tender puentes entre quienes detentan el poder y quienes durante mucho tiempo han sido privados de voz y voto.
Conmemoramos este aniversario en un momento difícil. El Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala ha registrado el mayor número de conflictos desde que comenzó a recopilarlos en 1946. Las muertes relacionadas con conflictos han alcanzado niveles no vistos desde el fin de la Guerra Fría. Mientras tanto, las instituciones creadas para prevenir y resolver estas crisis se encuentran bajo extrema presión por varias causas: por un lado, los drásticos recortes presupuestales al desarrollo internacional, los derechos humanos, el estado de derecho y la consolidación de la paz y la justicia; por otro lado, el cuestionamiento del multilateralismo, incluso por parte de algunos de sus defensores tradicionales.
Las instituciones democráticas se están erosionando en muchos países. El espacio público digital —que parecía prometer la ampliación de la participación democrática— frecuentemente amplifica la desinformación y exacerba la polarización. Conceptos como paz, justicia, inclusión y democracia se manipulan o se vacían de significado. El desprecio por las instituciones nacionales se extiende cada vez más a las normas y obligaciones internacionales. El espacio cívico se reduce, y las personas y organizaciones que defienden los derechos, incluyendo nuestros propios aliados, se enfrentan a presiones legales, administrativas y de seguridad que van en aumento.
Sería fácil caer en la desesperación. Pero eso no es lo que este momento requiere de nosotros.
La experiencia nos ha enseñado que los conflictos actuales —desde Ucrania hasta Sudán, desde Palestina hasta Myanmar, desde la República Democrática del Congo hasta Irán, y en muchos otros lugares— no terminarán apenas cesen los combates. Las consecuencias pueden perdurar, individual y colectivamente, por generaciones. Es un hecho que reparar los daños y construir una sociedad pacífica, justa e inclusiva lleva décadas, pero eso no justifica posponer la justicia. Al contrario, es la razón más poderosa para impulsarla. Cuanto más devastador sea un conflicto, mayor será la necesidad de verdad, rendición de cuentas, reconocimiento y reparación. Cuanto antes comencemos a sentar esas bases, mayor será la probabilidad de que la paz perdure.
Al momento de escribir estas líneas, el Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz 2026 a Navi Pillay, la jurista sudafricana que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional. Al anunciar el premio, el comité manifestó su deseo de recordar al mundo que el Estado de derecho es la base del sistema construido para garantizar la paz y resolver conflictos sin violencia. Su presidente insistió en que la justicia no es un complemento de la paz y la seguridad, sino una necesidad absoluta. La paz requiere justicia.
Quienes nos dedicamos a esto no necesitamos que nos convenzan. Pero en una época de tanto cinismo, es importante que una de las voces más destacadas del mundo en favor de la paz nos lo haya recordado con tanta claridad.
La idea de que la paz depende de la justicia no es nueva. De nuestro trabajo en todo el mundo durante los últimos 25 años, hemos aprendido lo que la justicia requiere para sustentar una paz duradera.
La justicia no se logra únicamente en los tribunales. Cuando un tribunal penal está preparado y capacitado para abordar la complejidad de la violencia masiva, puede enjuiciar a algunos perpetradores y reafirmar que nadie está por encima de la ley y que la impunidad no será tolerada. Sin embargo, no puede brindar por sí solo todo lo que necesita una sociedad devastada por la violencia. La justicia debe situar a todas las víctimas en el centro y garantizar su participación y acceso, sin discriminar a aquellas cuyos casos no forman parte de procesos penales específicos.
La justicia debe revelar la verdad sobre lo sucedido, reconocer a las víctimas, atender sus demandas y reparar el daño que sufrieron. Asimismo, debe dirigirse a la sociedad en su conjunto, para que todos comprendan los abusos cometidos en su nombre y se comprometan a evitar que se repitan.
En ICTJ, lo vemos a diario mientras trabajamos hombro a hombro con las víctimas. El lenguaje y los contextos cambian. Las demandas no.
La búsqueda de justicia es una responsabilidad compartida y un trabajo arduo. No recae únicamente en los gobiernos, los tribunales ni en ningún movimiento en particular. Recae en todos nosotros: el estudiante que apenas comienza a preguntarse por qué las sociedades repiten sus peores capítulos; la víctima que ha esperado décadas a que alguien diga: "Esto sucedió, y estuvo mal" ; el legislador que decide dónde invertir recursos escasos; el activista que trabaja en un lugar de difícil acceso; y el vecino, el maestro, el periodista y el donante que comprenden que ninguna comunidad está segura mientras la injusticia quede impune. Ninguno de nosotros puede hacerlo solo, y ninguno de nosotros puede permitirse esperar a que alguien más asuma la tarea.
Mi esperanza es que, dentro de 25 años, el ICTJ siga cumpliendo su misión. Una nueva generación de activistas por la justicia liderarán y conformarán la organización. Con energía y talento únicos, se basarán en lo que hemos aprendido y llevarán a la organización más lejos de lo que nosotros jamás pudimos. Ese es el futuro que anhelo: un movimiento que siga creciendo, que se mantenga cerca de las personas a las que sirve y que convierta la esperanza de justicia y paz en realidad.
Porque nadie recorre este camino solo, y quienes vendrán después también necesitarán aliados, les pido: Acompáñennos. Apoyen este trabajo y defiendan sus principios. Conéctense con quienes comparten nuestra visión e invítennos a unirnos. Involucren a los jóvenes en la conversación y ayúdennos a preparar a una nueva generación de líderes para las decisiones que algún día tomarán para promover la paz y la justicia. Y cuando el trabajo parezca imposible, recuerden a las personas cuya resiliencia nos impulsó a actuar.
El mundo seguirá cambiando. Lo que no cambiará es nuestra convicción de que la justicia es posible, necesaria y que vale la pena todo el esfuerzo que podamos hacer juntos.
Hace veinticinco años, comenzamos a tender puentes entre víctimas e instituciones, y entre comunidades y sociedades que enfrentan un pasado violento. Sigamos construyendo estos puentes y otros más entre esta generación y la siguiente. Hagámoslo juntos por un futuro más justo para todos.
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FOTO: Como parte de un ejercicio realizado durante el retiro del personal del ICTJ en otoño de 2026, los compañeros construyen un puente a escala utilizando bloques rectangulares de madera. (Maria Margarita Rivera/ICTJ)
