Nuevo informe ofrece lecciones de las comisiones de la verdad de todo el mundo para enfrentar la injusticia racial en los Estados Unidos

14/12/2022

Nueva York, 14 de diciembre de 2022 : Estados Unidos nunca ha confrontado oficialmente su historia de colonialismo, esclavitud y racismo en un esfuerzo por reformar los sistemas que perpetúan los daños a las comunidades negras y otros grupos marginados y oprimidos, o para reparar estos errores. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos años han amplificado los llamados a tomar medidas significativas para tener en cuenta este pasado y ayudar a forjar un futuro más justo y equitativo para el país. Dada la necesidad de reconocimiento y la oportunidad de aprovechar iniciativas anteriores y en curso en los Estados Unidos, decir la verdad será un elemento fundamental de este ajuste de cuentas.

Hoy, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés) y una coalición de profesionales de varios bufetes de abogados publican un nuevo informe, “ Verdad, reconciliación y reparación de la injusticia racial en los Estados Unidos: perspectivas de las experiencias de las comisiones de todo el mundo”. ” El informe se basa en las experiencias de las comisiones oficiales de la verdad de todo el mundo para identificar consideraciones clave para las partes interesadas de EE. UU. a nivel local, estatal y nacional.

La búsqueda de la verdad es un aspecto integral de la investigación de errores pasados. Puede ayudar a crear una narrativa compartida e imparcial sobre el pasado, determinar los factores que llevaron a las violaciones y articular propuestas para nuevas medidas de justicia y una transformación social más amplia. “Si bien EE. UU. no se encuentra actualmente en una transición para salir de un gobierno autoritario o un conflicto armado, como puede ser el caso de muchos países que han adoptado enfoques de justicia transicional”, explicó Roger Duthie, experto investigador senior del ICTJ, “ciertamente puede aprender de las experiencias de esos países frente a su legado de violaciones a los derechos humanos”.

El informe se centra en cómo funcionan las comisiones de la verdad —su mandato, composición, operaciones y desempeño— destacando aspectos que pueden ser especialmente relevantes para las partes interesadas estadounidenses. Todos los procesos de justicia transicional deben diseñarse con aportes directos de los miembros de las comunidades afectadas y tener en cuenta sus experiencias y preocupaciones. En los Estados Unidos, esto significa examinar las causas y consecuencias de las injusticias históricas y estructurales y evaluar la necesidad de una reforma sistémica. Por lo tanto, el informe mira, en particular, a las comisiones de la verdad que se han ocupado de una larga historia de injusticias, racismo, discriminación y desigualdad.

“Las injusticias raciales en los EE. UU. son sistémicas e impactan la vida cotidiana de las personas y las comunidades”, dijo Charline Yim, socia de Gibson, Dunn & Crutcher, una de las firmas de abogados de la coalición. “Será crucial para la búsqueda de la verdad brindar orientación sobre reparaciones materiales y simbólicas y reformas institucionales y estructurales”. La experiencia de otros países que han emprendido un proceso de justicia transicional demuestra el papel fundamental que pueden desempeñar la sociedad civil, así como las víctimas y otras personas afectadas por violaciones pasadas. También muestra que la sociedad en general debe comprometerse con el proceso. La búsqueda de la verdad, argumenta el informe, puede ayudar a abrir la ventana de oportunidad para un cambio transformador en los Estados Unidos.

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FOTO: Familiares de víctimas asesinadas durante la guerra de guerrillas en los Andes peruanos en las décadas de 1980 y 1990 plantan una flor simbólica en su memoria, durante una ceremonia en la capital Lima el 28 de agosto de 2012. Peruanos afectados por la guerra realizaron la ceremonia y marcharon en el noveno aniversario de la adopción del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para instar al gobierno a destinar fondos estatales para indemnizar a las víctimas de la violencia política. (Enrique Castro-Mendivil/Reuters)