El miércoles pasado, un Tribunal Superior de Zimbabwe anuló por inconstitucionales las disposiciones de la Ley de Codificación y Reforma del Derecho Penal, comúnmente conocida como la "Ley Patriótica". Esta ley, promulgada por el presidente Emmerson Mnangagwa en julio de 2023, contiene disposiciones excesivamente amplias que tipifican como delito los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.
La ley tipificó el delito de “lesionar deliberadamente la soberanía y el interés nacional de Zimbabwe”, el cual criminaliza a los grupos de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos zimbabwenses que critican al gobierno en foros internacionales y les prohíbe buscar vías externas para la rendición de cuentas por las violaciones de derechos. En su fallo, el tribunal declaró que las drásticas sanciones previstas en el artículo 22A(3) de la ley, que incluyen cadena perpetua, pena de muerte, pérdida de la ciudadanía y suspensiones del derecho al voto y al ejercicio de cargos públicos, vulneraban diversos artículos de la Constitución zimbabuense.
Cuando el presidente Mnangagwa promulgó la ley, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y de la sociedad civil, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Abogados de Zimbabwe por los Derechos Humanos y Human Rights Watch, expresaron su preocupación por la posibilidad de que la ley amenazara y erosionara aún más las libertades de expresión y asociación en el país. Varios otros grupos firmaron una declaración exigiendo la derogación de la ley, afirmando que contenía disposiciones «innecesarias o justificables en una sociedad democrática».
