Desde su independencia en 1960, Chad ha atravesado ciclos de conflicto armado, dictadura, violencia política, transiciones conflictivas y profundas divisiones regionales y sociales. Aunque se han puesto en marcha varias iniciativas destinadas a promover la paz y la reconciliación nacional, siguen sin resolverse muchos agravios relacionados con los abusos cometidos en el pasado, la impunidad y la exclusión. En 2021, tras la muerte del presidente Idriss Déby, quien había gobernado el país desde 1990, Chad entró en un período de transición en el que las autoridades gubernamentales y los grupos armados de oposición entablaron conversaciones, que culminaron en el Acuerdo de Paz de Doha de 2022 y el Diálogo Nacional Soberano e Inclusivo. Desde entonces, la Defensoría del Pueblo (Médiature de la République) ha liderado debates nacionales continuos sobre reconciliación y cohesión social. En conjunto, estos avances han creado una oportunidad única para que los chadianos afronten el legado de las violaciones de derechos humanos del pasado, prevengan la violencia futura y forjen una estrategia nacional para la paz y la reconciliación.
Durante los últimos meses, el ICTJ ha estado evaluando si esta apertura podría constituir un punto de entrada viable para la justicia transicional en el país. A principios de septiembre, el ICTJ realizó una misión inmersiva de dos semanas para evaluar las oportunidades, los desafíos y los riesgos de apoyar los esfuerzos de justicia transicional, reconciliación y consolidación de la paz en Chad. Esta se basó en una misión exploratoria previa que el ICTJ llevó a cabo conjuntamente con la Unión Africana en junio de 2026.
También en junio, la Médiature de la République presentó su Estrategia Nacional para la Reconciliación y la Consolidación de la Paz (ENRP) al gobierno para su aprobación política, tras un riguroso proceso de validación. La estrategia, basada en una serie de consultas realizadas en ocho provincias, representa uno de los hitos más significativos en el camino del país hacia la justicia transicional. De ser adoptada, podría allanar el camino para el establecimiento de una comisión de la verdad, la reconciliación y las reparaciones, y crear un marco institucional para la implementación de las recomendaciones clave del proceso de paz de Doha.
Como en cualquier país, dicha comisión y marco institucional deben tener en cuenta la dinámica política, social y cultural específica de Chad e incorporar las normas y mejores prácticas internacionales. Deben basarse en las lecciones aprendidas de esfuerzos anteriores para abordar graves violaciones de derechos humanos, en particular los enjuiciamientos del exdictador Hissène Habré y otros oficiales militares, así como la comisión de investigación de 1990-1992 sobre los crímenes del régimen de Habré. Las víctimas de estos crímenes aún no han recibido reparaciones completas, mientras que, según algunos defensores de los derechos humanos, la mayoría de los agentes y funcionarios de seguridad condenados han sido liberados de prisión. Mientras tanto, los conflictos internos y transfronterizos siguen amenazando la estabilidad del país.
Durante la misión de septiembre, el ICTJ celebró consultas en la capital, Yamena, con instituciones clave que trabajan en pro de la paz, la reconciliación y la cohesión social, como la Médiature de la République y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Estas reuniones no solo sirvieron de base para la evaluación, sino que también ayudaron al equipo del ICTJ a coordinarse con las autoridades nacionales y locales pertinentes y a facilitar consultas con diversos actores en las cuatro regiones que visitó.
En lugar de centrarse exclusivamente en las instituciones de la capital, el equipo del ICTJ buscó comprender cómo las comunidades locales de todo el país perciben la paz, la justicia, la cohesión social y la reconciliación. Para ello, el ICTJ, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organizó consultas con unos 120 actores locales en las ciudades provinciales de Bol, Abéché y Moundou, así como en Yamena. Los participantes representaban a un amplio abanico de partes interesadas, entre ellas organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de víctimas, grupos de mujeres y jóvenes, defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios tradicionales y religiosos.
Los debates revelaron una importante demanda a nivel local de un proceso de justicia transicional centrado en la paz y la reconciliación tras décadas de violencia e inestabilidad política. En las cuatro regiones, los participantes enfatizaron repetidamente la necesidad de reconocer a las víctimas, esclarecer la verdad sobre los principales acontecimientos que han marcado la historia reciente de Chad, abordar las injusticias históricas y prevenir la repetición de los abusos. Si bien las opiniones individuales difirieron sobre cómo alcanzar estos objetivos, hubo un amplio consenso en que la reconciliación no puede lograrse sin la verdad, la rendición de cuentas y un reconocimiento significativo de las personas afectadas por la violencia del pasado.
Mientras los chadianos esperan la aprobación del Convenio Nacional de Paz y Reconciliación por parte del gobierno, parecen ser conscientes de las diversas oportunidades y desafíos que presenta dicho proceso. A lo largo de las consultas, los participantes acogieron con beneplácito la perspectiva de un proceso nacional de paz y reconciliación, al tiempo que recalcaron que su credibilidad dependerá de su carácter inclusivo, su independencia y su capacidad para responder a las antiguas demandas de verdad, justicia, reconocimiento y reparación.
Para Chad, el desafío no consiste simplemente en crear nuevas instituciones de justicia transicional o adoptar nuevas estrategias. Consiste en restaurar la confianza social, garantizar una amplia participación pública y fomentar un compromiso político compartido, elementos esenciales para transformar décadas de injusticia en la base de una paz duradera. El ICTJ se compromete a trabajar codo con codo con las instituciones estatales, los actores de la sociedad civil y las víctimas en el liderazgo de esta transformación.
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FOTO: El equipo del ICTJ realiza un grupo focal en el centro cultural de Bol, provincia de Lac Chad, el 5 de septiembre de 2026. (ICTJ)
