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Del combate al control territorial: adaptar la política de seguridad a la violencia contemporánea en Colombia
En Colombia, múltiples actores armados compiten por el control territorial y social a escala local. Sin embargo, la respuesta estatal sigue anclada a un marco estratégico y operativo para combatir organizaciones centralizadas y jerárquicas. Este análisis propone avanzar en una reforma del sector seguridad que proteja efectivamente a la población y el control territorial sostenible, profundice la gobernanza civil y fortalezca las capacidades de investigación, judicialización, prevención y coordinación interinstitucional.
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Una década después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, Colombia se enfrenta a un nuevo ciclo de violencia que, por sus características, no puede entenderse como una simple continuación del conflicto armado del pasado. Las principales transformaciones residen en la naturaleza de los actores, sus capacidades, objetivos y repertorios de acción, así como en el papel del Estado en estas disputas. Sin embargo, la evolución de la violencia ha revelado las limitaciones de la respuesta institucional. Tres gobiernos con orientaciones ideológicas diferentes han prometido resolver el problema utilizando distintos enfoques, pero ninguno lo ha logrado.
La transformación de la violencia explica la pérdida de eficacia de los marcos estratégicos y operativos que rigen la gestión de la seguridad, pero no explica la incapacidad del Estado para adaptarse. Por lo tanto, la pregunta clave no es solo qué ha cambiado, sino por qué las instituciones han sido incapaces (o no han querido) adaptarse a una nueva realidad. El objetivo de este documento es dar respuesta a esa pregunta desde una perspectiva de gestión pública. Se sostiene que el problema central de la seguridad en Colombia no radica solo en las transformaciones contextuales o en las capacidades militares o policiales, sino en la gobernanza estratégica de la seguridad.
El informe sostiene que existe una brecha entre la visión estratégica y la forma en que se organiza y se ejerce la violencia en los territorios, lo que ha llevado a que la planificación y el despliegue en el sector de la seguridad y la defensa no solo resulten ineficaces, sino que, en algunos casos, faciliten la reconfiguración y la fragmentación de la violencia.
Este análisis representa una contribución inicial del ICTJ para comprender estas limitaciones y realza la necesidad de profundizar el debate sobre la gobernanza del sector, con el objetivo de fomentar un entorno político que considere y promueva los ajustes institucionales necesarios para responder de manera eficaz y legítima a la nueva fase de violencia que persiste en el país, y para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
