Al igual que muchas organizaciones y personas en todo el mundo, el ICTJ observa con profunda preocupación la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán el 28 de febrero de 2026 y sus repercusiones, que han devastado toda la región. El costo humano tras más de un mes de un conflicto que no muestra signos de debilitarse es abrumador y sigue aumentando. La guerra es una catástrofe más que se suma a la ya insoportable carga que sufren las comunidades de la región, que han vivido episodios de represión, conflictos armados y negación sistemática de sus derechos durante un largo tiempo.
Todos los bandos están sufriendo las consecuencias. Los ataques han causado miles de víctimas civiles y el desplazamiento de millones de personas. En toda la región, escuelas, centros médicos, viviendas e infraestructuras de agua y energía han sido destruidas o han sufrido daños. Todas las partes son responsables de estas graves violaciones.
También nos alarma profundamente el contexto general en el que estalló esta guerra. Los civiles iraníes estaban apenas saliendo de una violenta represión cuando comenzaron a caer las bombas. La creciente crisis de derechos humanos en Irán ya estaba caracterizada por una represión institucional sin precedentes, incluyendo violaciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. A raíz del conflicto, lo más probable es que empeore. Los patrones de represión utilizados para silenciar la disidencia, proteger a los perpetradores y negar a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación no han desaparecido; se han intensificado. La guerra, lejos de detener la represión, la posibilita.
La población civil es quien más vive las consecuencias de esta guerra. En Irán, los civiles se enfrentan a una doble victimización: la represión de su propio gobierno durante años y ahora los bombardeos de las fuerzas estadounidenses e israelíes. En el Líbano, una población devastada por ciclos sucesivos de conflicto, colapso económico y fracaso político se encuentra nuevamente atrapada en el fuego cruzado de una guerra regional que no puede detener. Y en Israel y otros países de la región, los civiles expuestos a ataques indiscriminados con misiles y drones también son víctimas: personas cuya seguridad y dignidad importan y cuyo sufrimiento exige igualmente que los responsables rindan cuentas. Lo que los une a todos no es la nacionalidad ni la lealtad, sino la vulnerabilidad. Son civiles atrapados en la violencia desatada por quienes ostentan el poder sobre sus vidas, pero que no tienen en cuenta las obligaciones que conlleva dicho poder.
Ante esta realidad, es más importante que nunca reafirmar los principios internacionales que rigen nuestro mundo. Estos principios, establecidos para proteger la paz y los derechos humanos, no son opcionales. Todas las partes en este conflicto están obligadas a cumplir con el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, y deben respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. El desprecio flagrante por las normas internacionales por parte de todas las partes constituye una prueba de fuego para el orden jurídico internacional creado para proteger a la población civil.
La erosión de estas normas no es una preocupación abstracta. Se mide en vidas perdidas y comunidades destruidas. Cuando se ignoran las reglas establecidas, se desestiman los llamados a desescalar y se eluden los esfuerzos diplomáticos, la población civil paga el precio.
La violencia indiscriminada y el uso de armas prohibidas deben cesar. Es necesario exigir responsabilidades por las violaciones cometidas. Todos los actores que las cometan —ya sean líderes autoritarios que han reprimido sistemáticamente a sus poblaciones, grupos armados que lanzan ataques ilegales o Estados que incumplen obligaciones que han aceptado libremente— deben rendir cuentas.
Es fundamental recopilar y preservar las pruebas de las violaciones para que los responsables puedan ser llevados ante la justicia mediante mecanismos independientes establecidos por el derecho internacional. La impunidad no es estabilidad; es, por el contrario, la semilla de la violencia futura.
El ICTJ se solidariza inequívocamente con todas las víctimas de la región. Denunciamos y exigimos que se rindan cuentas por todas las violaciones cometidas por cualquier parte, independientemente de quién sea el autor. La justicia no es una concesión política; es un requisito indispensable para una paz duradera, tanto a nivel nacional como regional.
Los enormes recursos humanos, financieros y materiales que consume esta guerra deben destinarse a lo que se necesita con mayor urgencia: el cese inmediato de las hostilidades, negociaciones de buena fe, la rendición de cuentas por todas las violaciones y justicia para todas las víctimas. La cruda realidad de la guerra no es un cheque en blanco para violar los derechos humanos. Una paz justa y sostenible solo puede construirse sobre la base de la rendición de cuentas, no sobre los escombros de la impunidad.
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FOTO: Un niño libanés desplazado está sentado en el suelo a lo largo del paseo marítimo de Beirut el 15 de marzo de 2026. (Mohamad Salman)
