El Día Internacional de los Desaparecidos, celebrado el 30 de agosto, ha puesto de relieve el sufrimiento de cientos de miles de familias de desaparecidos de distintos países del mundo. Desde Colombia hasta Sri Lanka, pasando por Bosnia-Herzegovina y Nepal, Siria o el Perú, parientes de personas desaparecidas durante conflictos o periodos de represión sufren enormemente en su lucha por descubrir qué ocurrió con sus seres queridos.
Las desapariciones tienen consecuencias devastadoras y de duraderas para las familias, a las que arrojan a un terrible limbo en el que no pueden pasar página. Al mismo tiempo, esa situación rebasa el entorno de las propias comunidades de los desaparecidos, y afecta tanto a sociedades enteras que han de enfrentarse al legado de crímenes sin resolver como a la obligación de proporcionar a las familias la verdad sobre la suerte de sus deudos.
Durante una conversación dedicada al Día Internacional de los Desaparecidos, Eduardo González, director del Programa de Verdad y Memoria del ICTJ, habla con José Pablo Baraybar, director del Equipo Peruano de Antropología Forense y experto internacional de renombre, cuyo trabajo forense ha sido decisivo a la hora de determinar la verdad sobre crímenes perpetrados en todo el mundo, entre otros lugares en el Perú, Haití, la antigua Yugoslavia y Ruanda. González y Baraybar analizan por qué es crucial para las sociedades en transición abordar el problema de los desaparecidos, la tensión entre las exigencias de la justicia transicional y el derecho a la verdad, y la necesidad de desarrollar una estrategia para la búsqueda de los desaparecidos.
GONZÁLEZ: En la actualidad, al echar un vistazo a cualquier lugar del mundo donde se aborde la justicia transicional, comprobamos lo urgente que es localizar e identificar los restos de los desaparecidos. En algunos casos, la búsqueda se prolonga durante décadas, mucho más allá del periodo de represión o de guerra. ¿Por qué es tan importante, en sociedades que han sufrido conflictos o en las que tratan de liberarse de regímenes autoritarios, enfrentarse al problema de los desaparecidos?
BARAYBAR: El problema de los desaparecidos es muy complicado y por eso es tan frecuente que quede relegado tras otras consideraciones relativas a la justicia transicional. Sin embargo, abordarlo es crucial, porque para los individuos y para la sociedad es muy difícil pasar página y cerrar de algún modo esa etapa sin saber qué les ocurrió a sus seres queridos. Para poder cerrar la etapa, la gente tiene derecho a conocer la verdad y necesita saber qué ocurrió realmente.
Antes queríamos creer que la gente era capaz de continuar con su vida sin saber la verdad. En Francia, hay familias que siguen buscando a los muertos de la Primera Guerra Mundial de 1914-1918. Se sabe que en los campos de Verdún están enterrados muchos desaparecidos, y el Gobierno ha dicho: "Sabemos lo que ocurrió y sabemos dónde están los muertos: no miremos al pasado". Para el Estado es muy fácil olvidar por los demás. Pero la gente quiere enterrar los restos de sus seres queridos como corresponde a los seres humanos, no solo compartir un campo con miles de cadáveres.
Así que el problema de no saber pasa de generación en generación. Para construir su propia historia, la gente quiere saber de dónde viene o qué le ocurrió realmente: el nieto querría saber qué le ocurrió a su abuelo. Y si una familia o una comunidad no cierra realmente una etapa, tampoco lo hará su país. Entonces, la reconciliación queda bastante incompleta o resulta absolutamente imposible.
GONZÁLEZ: Se diría que las élites políticas parecen contentarse con pedir a las familias que encuentren consuelo en un discurso político: "Vuestros hijos cayeron por la patria" o "Avancemos hacia el futuro, no miremos al pasado". En algunos casos parece que se está repitiendo Antígona, cuando el rey Creonte se enfurece con ella porque le desafía, porque continúa reclamándole el derecho más elemental: saber qué ocurrió y poder ofrecerle a su hermano los rituales que reciben todos los muertos.
BARAYBAR: Al fin y al cabo, la memoria es un desafío: a través de ella se cuestionan principios aceptados y el orden establecido. Creo que es muy fácil olvidar por los demás. Pero para uno mismo es muy difícil, porque, aunque decir esto sea un gran tópico, al saber realmente de dónde vienes o qué te ocurrió a ti y a tus antepasados tendrás mucho más claro hacia dónde vas.
La memoria también puede suponer un desafío para la autoridad del Estado. Recordar es muy difícil cuando un Estado impone un relato oficial y dice: "Este es el recuerdo. A partir de ahora, así se recordará lo ocurrido", porque, con frecuencia, los que han sufrido conflictos o abusos tienen recuerdos muy diferentes. Y por tener esos recuerdos diferentes siempre cuestionarán cualquier cosa que se presente como la "verdad".
GONZÁLEZ: Antes ha mencionado el concepto de derecho a la verdad, que no aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué es ese derecho a la verdad? Partiendo de su propia experiencia, ¿cómo definiría usted tal derecho? Y si lo es, ¿qué obligaciones impone al Estado?
BARAYBAR: Por decirlo de forma sencilla, cualquier individuo tiene el derecho fundamental a saber lo que le ha ocurrido a cualquiera de sus familiares. Nadie debería quedar en la ignorancia y que alguien le diga: "su pariente simplemente se esfumó". El derecho a saber constituye una respuesta apropiada, porque la gente no se esfuma sin más.
Es algo que se pasa bastante por alto porque solemos creer que, por sí sola, la justicia es fuente de verdad. Pero el proceso judicial se compone de una serie de argumentos que articulan una versión de la verdad suficiente para alcanzar un umbral de justicia aceptable. Como familiares, como individuos, como seres humanos, necesitamos otras respuestas: saber qué ocurrió cuando esa persona encontró la muerte.
Esta clase de derecho es muy intangible. Es muy difícil que ese conjunto de verdades se plasme por escrito, que se enumere o se prescriba en algún veredicto. Sentencias de instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos vienen recomendando cada vez con más frecuencia que se agoten los medios para esclarecer verdaderamente los hechos, pero para mí el derecho a la verdad es algo que engloba todas esas recomendaciones en un conjunto de derechos mucho más específico, que rebasa el ámbito de los tribunales.
GONZÁLEZ: En cierto modo, todos somos víctimas de la idea de que la verdad solo emana de los tribunales. Usted está diciendo que lo que se escucha en un tribunal es la verdad judicial, es decir, lo que se demuestra con pruebas y mediante ciertos procedimientos científicos. En un proceso penal, una experiencia subjetiva como es el dolor que causa la desaparición de un familiar resulta irrelevante. Así que, del mismo modo que los tribunales se centran en el presunto criminal, está clara la necesidad de un proceso centrado en la víctima.
BARAYBAR: El peso de la prueba penal no tiene nada que ver con el peso de la verdad: una familia necesita saber lo que ocurrió realmente y poder cerrar esa etapa. Son dos cosas distintas. Ningún enfoque basado en la reparación podrá partir de la clásica justicia retributiva. En su sentido clásico, la justicia es también una construcción y un bien de carácter social. Es algo que repercute en el conjunto de la sociedad. Cuando se castiga a alguien es para dar ejemplo y también para impedir que le ocurran ciertas cosas a toda la sociedad, no solo a los individuos. No hay mucha reparación. En este sentido, yo diría que el derecho a saber es bastante reparador.
Un buen ejemplo de ello son los casos de desapariciones que han sido condenadas judicialmente y en las que el acusado ha ido a la cárcel, pero el cuerpo no ha aparecido. El caso "Castillo Páez contra el Perú", visto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se cerró y los policías fueron encarcelados, pero el cuerpo de Ernesto Castillo Páez no ha aparecido. Y aunque el tribunal recomendó al Estado que hiciera todo lo posible para encontrar los restos, quienes saben dónde pueden estar -los agentes encarcelados- no tienen incentivo alguno para dar esa información porque ya están pagando por el crimen que cometieron.
De modo que aquí nos encontramos con dos derechos distintos -el derecho a la justicia y el derecho a saber- y el juicio solo satisfizo uno de ellos.
GONZÁLEZ: Para mí el caso Ernesto Castillo es muy importante, ya que Ernesto era un buen amigo mío. Al pensar en él más de 20 años después de su desaparición, pienso, por una parte, que la lucha de su familia y de la comunidad de defensores de los derechos humanos para que se juzgara el caso ha proporcionado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los tribunales peruanos una jurisprudencia positiva.
Sin embargo, por otra parte, poco consuelo hay en ello para sus amigos y su familia, porque no sabemos dónde está Ernesto. ¿Por qué, una vez condenados los autores del crimen, los fiscales o el sistema judicial no pueden conceder algún tipo de incentivo a esa gente para que coopere en la búsqueda de los restos?
BARAYBAR: Si eso es algo que se hace en cualquier otro ámbito de la justicia penal, no entiendo por qué no se hace en este caso. Pero es más fácil administrar justicia penal de carácter retributivo que conjugarla con la justicia reparadora, que puede incluir políticas más imaginativas o progresistas, como por ejemplo los incentivos. No son políticas establecidas: por ahora no hemos dado ese paso adelante que supone pensar cómo se pueden armonizar los derechos de las familias con las necesidades de un sistema, para, al tiempo que se da justicia, proporcionar la verdad a las familias. Ese es el desafío.
GONZÁLEZ: Han pasado 8 años desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR) presentara su informe definitivo, en el que apuntaba la ubicación de alrededor de 4.000 posibles fosas con cadáveres de desaparecidos, e investigaciones fidedignas, entre ellas la de vuestra propia organización, el Equipo Peruano de Antropología Forense, indican que unos 15.000 peruanos siguen desaparecidos. Sin embargo, las autoridades del Perú han sido totalmente incapaces de investigar esos casos. ¿Qué hace falta en el Perú para satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas? ¿Qué espera usted de la nueva administración peruana?
BARAYBAR: En el Perú estamos aprendiendo una lección que no es muy diferente de la que se aprende en otros muchos otros países de la región: asumimos las recomendaciones más fáciles de las comisiones de la verdad -medidas como las de reparación- y dejamos de lado el problema más difícil: crear una estrategia para rendir cuentas sobre las desapariciones.
Al igual que en otros muchos lugares, lo que se necesita en el Perú es una estrategia de búsqueda. Carecemos de esa estrategia –una de las recomendaciones de la comisión de la verdad era la creación de una oficina que se ocupara de los desaparecidos-, porque sabemos que la tarea de elaborarla es difícil. No se trata de exhumar cadáveres: eso lo puede hacer cualquiera. Exhumar es fácil; lo más difícil es restituir la identidad.
Deberíamos tener una política estatal que comportara la búsqueda de los peruanos desaparecidos. No es solo una necesidad sino una obligación del Estado. Esas personas no son daños colaterales: son peruanos a los que sus familias llevan años buscando o esperando.
Fotografía: Una mujer coloca un clavel sobre la imagen de su hijo desaparecido durante la conmemoración del Día de los Desaparecidos en Colombia, 2011. Fotografía de Ronald Dueñas
