Por Eduardo González*
La decisión de Brasil de examinar los abusos cometidos durante la dictadura militar hace varias décadas podría cambiar la cara de la democracia en el país, haciéndola más genuina y transparente. Al mismo tiempo podría tener un impacto aún más amplio, haciendo que Brasil tome una postura decisiva con respecto a los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional. En un trascendental paso hacia adelante, la presidenta Dilma Rousseff ha firmado dos leyes: una sobre el acceso a información gubernamental y otra para establecer una comisión nacional de la verdad, siguiendo el modelo de experiencias similares en América Latina.
Permitir las indagaciones en casos de abuso por parte del gobierno rompe con una larga tradición de secretismo gubernamental y opacidad de las élites. Incluso hoy en día, Brasil se niega a desclasificar archivos relacionados con las guerras extranjeras y la represión interna del siglo XIX. Tras el fin de la esclavitud a finales del siglo XIX, Brasil incineró todos los archivos gubernamentales sobre esta práctica, ya fuera para impedir las peticiones de compensación por parte de los amos de los esclavos o bien para esconder este período histórico vergonzoso, no se sabe con certeza.
Los peores episodios de violaciones por parte del Estado en el siglo XX también permanecen envueltos por un velo de silencio oficial, especialmente alrededor de los crímenes cometidos por la dictadura militar brasileña, que estableció un sistema de tortura y asesinatos selectivos entre 1964 y 1985. Durante esos años, Brasil fue el modelo a seguir en la región para regímenes liderados por corporaciones militares, más que por caudillos individuales, y los ideólogos brasileños sistematizaron la “Doctrina de Seguridad Nacional” que se convertiría en la base intelectual para los regímenes militares de toda América Latina.
La dictadura fue responsable del exilio y la tortura de miles de brasileños, así como de centenares de desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias. Algunos comparan estas cifras con las atrocidades cometidas en países vecinos, como Argentina o Centroamérica, y concluyen que los hombres fuertes de Brasil fueron, en cierta manera, débiles. Esta es una aritmética inmoral y engañosa que minimiza el sufrimiento de las víctimas del régimen e ignora los impactos en la sociedad a largo plazo.
Uno de los casos más atroces del abuso militar fue la destrucción de un grupo guerrillero rural en la región de Araguaia, en el Amazonas, en 1972. Un pequeño grupo de combatientes en contra de los militares fue aniquilado, sin dejar rastro de prisioneros o sobrevivientes; nunca se ofreció ningún tipo de información a las familias de los 62 guerrilleros. El gobierno de Brasil, a fuerza de la insistencia del establishment militar, ha litigado durante años ante tribunales nacionales e internacionales para proteger los secretos de su información, perdiendo en todas las jurisdicciones -aunque prolongando el sufrimiento de muchos familiares.
A diferencia de sus vecinos en Sudamérica, que han hecho frente a los legados de gobiernos militares, Brasil nunca ha intentado juzgar a los autores ni ha hecho pública una versión oficial de los crímenes. La cobija de una amnistía garantizada por el gobierno militar está todavía en vigor, protegiendo a los torturadores. El motivo de esta anomalía es que el ejército brasileño también lideró al resto de regímenes en la habilidad de llevar a cabo una transición “lenta, gradual y segura”, según sus propias palabras, hacia un gobierno civil, a la vez que se salvaguardaban sus privilegios. El resultado, sin embargo, es que Brasil ahora se ha quedado rezagado en comparación con sus vecinos en el examen del pasado y la defensa de los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia. Esto debilita la voz de Brasil en el debate internacional con respecto al ámbito clave de la protección de los derechos humanos.
Ahora, con una comisión de la verdad y un marco legal que permitirá acceder a archivos gubernamentales, es posible que el país empiece a derrumbar el muro de silencio que prohíbe a los brasileños conocer su propia historia, y que redoble su autoridad como defensor de los derechos humanos.
Habrá graves dificultades, sin embargo, especialmente la ley de amnistía y la persistente negación o justificación de su rol por parte de los militares y los políticos de la extrema derecha. Estará en manos de la presidenta Rousseff, quien fue torturada durante la dictadura, conseguir que se implemente de forma efectiva la ley de acceso a la información y que se establezca una comisión de la verdad realmente independiente. Al hacerlo, estará mandando un potente mensaje moral, como Bachelet en Chile, Mandela en Sudáfrica y otros líderes que consiguieron abrir las puertas de un pasado turbulento en busca de la reconciliación.
*Eduardo González es el director del Programa de Verdad y Memoria del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).
Una versión en inglés de este artículo de opinión apareció impreso el 3 de diciembre de 2011 en The International Herald Tribune con el título: Brazil Shatters Its Wall of Silence.
Fotografías cortesía del Archivo de la Comisión para la Amnistía de Brasil.
