ICTJ reporta: Oriente Próximo y el norte de África

El 9 de mayo de 2010, durante las elecciones municipales tunecinas, una mujer deposita su voto en un colegio electoral de Túnez (FETHI BELAID/AFG/Getty Images)

El último "ICTJ reporta" indaga en los problemas de justicia transicional que se plantean en Oriente Próximo y el norte de África (MENA, por sus siglas en inglés) y describe con detalle nuestro trabajo en esta importante y dinámica región.

Claudio Cordone, director del programa del ICTJ en la región, analiza los escenarios en cada uno de sus países y las perspectivas para los procesos de justicia transicional, explicando la implicación y la influencia del ICTJ.

Cordone señala que los principios de justicia transicional están en la raíz de los levantamientos populares encuadrados en la llamada "Primavera árabe" y habla de los retos a los que se enfrentan las sociedades al esforzarse por afrontar los legados de las dictaduras y la reciente violencia. Describe los esfuerzos del ICTJ para encarar las consecuencias de la violencia ejercida contra las mujeres y fomentar su participación en las medidas de justicia transicional. La entrevista proporciona un exhaustivo repaso a las iniciativas que hay en marcha y a las perspectivas de futuro en Túnez, Libia, Egipto, Siria, Yemen, el Líbano, Israel y los territorios palestinos ocupados.

Esperamos que aporte información útil sobre el papel clave que desempeña la justicia transicional en esta parte del mundo. Agradeceremos cualquier comentario al respecto. Pueden escribir a communications@ictj.org o ponerse en contacto con nosotros en nuestra página en Facebook.

Quizá la región de Oriente Medio y el norte de África sea la más dinámica del mundo respecto a los procesos de justicia transicional actualmente. Las exigencias de justicia, verdad y rendición de cuentas han alimentado revueltas populares desde Túnez hasta Yemen, produciendo grandes cambios en toda la zona. Sin embargo, el panorama sigue siendo muy incierto. El ICTJ viene trabajando desde hace años en países como Marruecos, Líbano, Argelia, Israel y los territorios palestinos ocupados, y está bien situado para ser de utilidad a colaboradores gubernamentales y de la sociedad civil que buscan formas de encarar los legados de las violaciones de derechos humanos. A este respecto, ¿cuáles son los desafíos más acuciantes y los escenarios más prometedores en esta región?

Durante el último año y medio hemos asistido, en toda la región, a generalizadas demandas de justicia social, de un sistema no represivo y también libre de miedos y de las penurias más extremas.

Después vinieron una serie de reacciones, muy torpes, por parte de regímenes que evidentemente no sabían hacer más que reprimir las reivindicaciones con diferentes grados de violencia. Por desgracia, muchos interpretaron que lo que el derrocamiento de Ben Alí y de Mubarak enseñaba era que no había que hacer concesiones a los manifestantes: lo mejor era aplastar las revueltas lo más violentamente que se pudiera. Y eso es lo que viene ocurriendo en Siria.

Con todo, ningún levantamiento ha sido sofocado. De hecho, en Túnez tenemos un estabilizado proceso de democratización y transición. Puede que Egipto esté por fin a punto de embarcarse en un cambio de régimen, ahora que los civiles imponen su control a los militares. Los sirios están combatiendo en las calles. Y en países como Bahrein y Yemen, en los que se ha llegado a algún tipo de acuerdo, la situación no es estable. Hay agravios fundamentales que no se han encarado, pero que tampoco han desaparecido.

Al principio, a muchos -entre ellos Gobiernos extranjeros y organizaciones de defensa de los derechos humanos- los acontecimientos, la fuerza de la cólera popular y la voluntad de llegar hasta el final para poner definitivamente fin a la represión, los pillaron desprevenidos. En muchos de los países, ahora estamos asistiendo a revoluciones que se transforman en únicos y largos procesos de transición. ¿Cómo se perciben los conceptos de justicia transicional en la región? ¿Se consideran algo ajeno, unas ideas o una ideología impuestas desde fuera?

Si vamos más allá de las etiquetas y los conceptos, y nos atenemos al contenido, veremos que la gente piensa y habla sobre justicia transicional. Puede que no utilice el término "reparaciones", pero sí habla de la necesidad de que las víctimas obtengan reconocimiento y compensación. Puede que no hable de "memorialización" o de "búsqueda de la verdad", pero quiere saber qué ocurrió con los desaparecidos. Quizá no lo llame "rendición de cuentas", pero sí quiere que los responsables sean castigados, puede que en ocasiones de un modo con el que el ICTJ no está de acuerdo, pero desde luego la idea de que hay que castigar los crímenes está presente y tiene peso.

Así que, en realidad, todos los elementos de lo que denominamos justicia transicional están muy presentes y son muy importantes para la población.

En Oriente Medio y el norte de África, el ICTJ se topa a menudo con la percepción de que la comunidad internacional aplica un doble rasero para la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos. Se citan con frecuencia ejemplos como la rápida reacción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no tardó en presentar el caso de Libia ante la CPI, comparándola con la actual ausencia de iniciativas del Consejo en el caso de Siria. Siempre está presente la constante violación de los derechos humanos en Israel y los territorios palestinos ocupados, a los que la comunidad internacional prácticamente no presta atención, y casos parecidos. ¿Dificulta esto que una organización internacional promueva los principios de la justicia transicional en la zona?

Indudablemente, Occidente ha utilizado un doble rasero, pero no ha sido el único. Incluso Rusia y China lo han hecho. También es un buen ejemplo el apoyo a Gadafi por parte de algunos países africanos: cuando cambiaron las tornas, los países que le habían ayudado cambiaron de bando. Como sabemos, Gadafi era en realidad amigo de países que después apoyaron la guerra contra él.

Esto crea una dificultad, porque a veces a la gente le cuesta apreciar, por ejemplo, la diferencia entre lo que hace la CPI y las decisiones políticas del Consejo de Seguridad relacionadas con ese tribunal. Y como Occidente es de los que más hablan de justicia, a veces es necesario explicar la diferencia entre una organización como el ICTJ y las actividades de ciertos Gobiernos.

¿Puede usted explicarnos cuál es la presencia y el trabajo actual del ICTJ en la región de MENA?

En la actualidad tenemos oficinas en Líbano y Túnez. Esas dos sedes no son sólo nacionales, sino que se ocupan de las regiones de su entorno. También estamos en El Cairo y en Ramala, y contamos con un grupo de expertos en la región que visita regularmente varios países, centrándose cada uno en su área de especialización.

Algunos Gobiernos han comenzado a mostrar su compromiso con los principios de la justicia transicional. El más activo es el de Túnez, donde colaboramos estrechamente con el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia Transicional para llevar a cabo una consulta nacional que sirva para desarrollar una estrategia integral de justicia transicional.

También tenemos buenas relaciones con algunos ministros importantes de Yemen.

En lugares en los que los procesos de justicia transicional avanzan con más lentitud, tenemos contacto con miembros de diversas estructuras políticas. Unos son más abiertos que otros, pero en general estamos aumentando los contactos con los Gobiernos y con la sociedad civil.

Es inevitable empezar por Túnez, el país en el que el proceso de justicia transicional es más visible, con más peso desde el punto de vista de la respuesta oficial. Parece que su Gobierno se está tomando en serio la justicia transicional, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrenta Túnez en este proceso y cuál es la participación del ICTJ?

En Túnez hemos estado presentes desde el inicio del levantamiento, hablando con las autoridades provisionales, pero sobre todo con las organizaciones de la sociedad civil. Durante el primer año no estuvo del todo claro en qué dirección iba a ir el proceso, porque la gente estaba esperando a las elecciones. Pese a todo, se impulsaron iniciativas importantes, como la constitución de dos comisiones de investigación, una sobre corrupción y otra sobre violaciones de derechos humanos durante la revolución. Hemos colaborado estrechamente con las dos, ofreciéndoles asistencia práctica para realizar su labor y redactar sus informes.

Una vez constituido el Gobierno en diciembre, las principales autoridades del país tomaron la trascendental decisión de iniciar un proceso de justicia transicional. En abril de este año, importantes autoridades del Estado convocaron una conferencia destinada a preparar una consulta nacional sobre la estrategia en materia de justicia transicional, a la que el ICTJ fue invitado en calidad de colaborador extranjero clave.

El proceso de consulta se ha iniciado ya y lo coordina el organismo rebautizado con el nombre de Ministerio de Derechos Humanos y Justicia Transicional. Se estableció una comisión de coordinación de la que formamos parte, para que actuara como observadora y asesora. Ahora se está consultando en las diferentes regiones del país, preguntando sobre todo a la gente lo que piensa que debería hacerse respecto a búsqueda de la verdad, reparaciones, justicia penal y reforma institucional, con la idea de redactar leyes que definan medidas al respecto.

Después de las elecciones en Libia, es posible que un Gobierno legítimo avance con seriedad en estas políticas. Todavía preocupa la capacidad de las instituciones del Estado en materia de justicia penal, sobre todo por los casos de Saif al-Islam Gadafi y Abdullah al-Senussi. ¿Cómo cree usted que avanzará Libia y cuál es nuestro papel allí?

Libia consiguió celebrar elecciones, así que tiene un Parlamento legítimo, y confiamos en asistir pronto a la constitución de un Gobierno. Será un Gobierno con una legitimidad política que el anterior, no electo, no podía tener. Esperamos que se comprometa seriamente a acometer un proceso de justicia transicional.

Las iniciativas anteriores del Consejo Nacional de Transición Libio han sido irregulares. Creemos que algunas de las leyes aprobadas merecen una revisión. Por ejemplo, nos parece cuestionable que se aprobara una ley de amnistía para los revolucionarios autores de crímenes. También se ha trabajado para crear una comisión de la verdad, aunque todavía hay que precisar en qué condiciones.

El desafío principal y más inmediato es que sigue habiendo miles de personas en manos de diversos grupos armados. El Estado todavía necesita encontrar la manera de imponer su autoridad en lo que se refiere al uso de la fuerza y las detenciones. Evidentemente, esto plantea dudas, no sólo sobre la autoridad del Estado, sino sobre la capacidad de las instituciones judicialespara hacerse cargo de todos esos casos.

Están además casos de gran relevancia como el de Saif al-Islam, y creo que en este sentido Libia todavía debe demostrar que puede hacerse cargo de ellos y justificar su traslado desde la CPI.

Hemos visitado el país y estamos deseando apoyar una perspectiva que aborde de manera integral todas esas cuestiones. Aunque tenemos ganas de ver cómo actúa el nuevo Gobierno, hemos estado colaborando con algunos grupos que han emergido de la sociedad civil. En tiempos de Gadafi, estos no tenían margen de maniobra, pero ahora hay mucho interés, sobre todo entre las activistas.

¿Hasta qué punto la justicia transicional es importante para que avance un país como Libia, después de un conflicto profundamente divisivo, sobre todo después del brutal asesinato de Muamar el Gadafi? Las heridas, tanto las de la dictadura como las del propio conflicto, están en carne viva.

Es crucial esclarecer realmente lo ocurrido, durante el régimen de Gadafi y también durante los meses de revolución. Hay muchas historias y muchas cifras, así que cualquier debate sobre cómo abordar el pasado tendrá que basarse en un relato ajustado a los hechos.

Para que en Libia se imponga el Estado de derecho, tendrán que rendir cuentas los partidarios de Gadafi que durante más de 40 años y durante la guerra civil cometieron crímenes, pero también tendrán que hacerlo los revolucionarios. No debería haber excepciones. No importa en qué bando estés: si has matado a un prisionero o torturado a alguien, debes asumir tu responsabilidad.

Muchos consideran que probablemente el de Egipto sea el proceso de transición más importante de la región. ¿Qué perspectivas de justicia transicional y de rendición de cuentas aprecia usted en Egipto, sobre todo después de las últimas elecciones y de las iniciativas del presidente Mursi?

Egipto parecía prometedor al principio y nosotros estábamos preparándonos para cooperar. Sin embargo, no tardó en quedar claro que en realidad no había cambio de régimen. Mubarak ya no estaba, pero el régimen, sobre todo el orden militar, estaba muy vivo, y en ciertos sentidos empeorando: ejemplo de ello son los procesos de civiles en tribunales militares. También había mucha hostilidad hacia las ONG, entre ellas las extranjeras, así que tuvimos que frenar nuestra participación.

Ahora, con las iniciativas tomadas por el presidente Mursi, creo que quizá estemos asistiendo al inicio de un auténtico cambio político. Se atisban posibilidades para la justicia transicional, porque el Ejército no tenía interés en ella.

¿Adónde va a llegar el proceso? No lo sabemos, pero hay mucho por hacer. Se criticó el juicio de Mubarak por perseguir sólo a ciertas personas, y quizá no con las pruebas más sólidas. Al mismo tiempo, se ha juzgado a muchos más manifestantes y disidentes que a agentes de policía y otras personas implicadas en la represión.

Confiamos en que el cambio político en Egipto traiga consigo otra forma de abordar la justicia transicional en ese país. Estamos dispuestos a trabajar tanto con las autoridades como con la sociedad civil, con la que ya llevamos muchos años colaborando estrechamente.

Yemen es un país en el que se ha planteado un escenario diferente: ha habido un acuerdo político que ha permitido dejar la presidencia al antiguo dictador, Alí Abdullah Saleh, y que muchos de sus cuadros sigan en el poder. Al mismo tiempo, se han observado avances hacia un proceso de justicia transicional. ¿Qué perspectivas tiene ésta si tenemos en cuenta el actual acuerdo político?

Yemen es el único país de la región en el que se llegó a un acuerdo político que concedió inmunidad a uno de los bandos. Es un error que hace que la situación siga siendo bastante inestable, porque no todo el mundo acepta la ley de inmunidad, sobre todo entre los promotores iniciales de la revuelta.

Sin embargo, aun teniendo en cuenta esos condicionantes políticos y jurídicos, creo que hay margen para el avance en otros aspectos de la justicia transicional.

Esto ha costado muchas negociaciones, pero el Gobierno está dividido y la ley sobre justicia transicional está ahora en manos del presidente. No está claro si se aprobará o si se trasladará al llamado "diálogo nacional", que debe abordar todos los aspectos de la crisis yemení: el político, el estructural, el constitucional, el económico, etc.

Hemos trabajado con varios de esos funcionarios y ONG para desarrollar una forma sensata de abordar la búsqueda de la verdad y las reparaciones. Somos conscientes de que la ley de inmunidad es un obstáculo para los juicios y que la reforma institucional será especialmente difícil. Para reformar instituciones que han cometido abusos hay que destituir a integrantes del antiguo régimen, pero en Yemen a estos los protege el acuerdo político, algo que sigue desatando tensiones y, en ocasiones, violencia. Sin embargo, como el ICTJ es una organización pragmática, intenta sacar el máximo partido a lo que sí se puede conseguir, y por eso en Yemen estamos deseando prestar nuestra ayuda en aspectos susceptibles de avance.

¿En medio de la terrible tragedia que sigue ocurriendo en Siria, donde decenas de personas mueren cada día, tiene algún sentido hablar de justicia transicional?

Es extremadamente frustrante contemplar lo que está ocurriendo en Siria en este momento, no poder apoyar a esa gente tan valiente que ha aguantado la reacción del régimen actual ante lo que, por lo menos al principio, era un levantamiento pacífico. Pero podemos alentar el debate sobre el día después a un posible cambio de régimen.

Nunca es demasiado pronto para comenzar a pensar en lo que habrá que hacer cuando esta estrategia acabe. Es muy probable que el propio régimen no sobreviva, aunque no está claro qué lo sustituirá. Pero es importante comenzar a hablar ya con los que más interés tienen en los derechos humanos y la justicia transicional sobre lo que hay que hacer para averiguar la verdad, garantizar que se rindan cuentas por los crímenes que se están cometiendo y los de años y décadas anteriores, abordar los derechos de las víctimas y reformar un conjunto de instituciones públicas extremadamente represivas, que también se verán enormemente dañadas por la guerra civil.

En este momento el ICTJ está en contacto con varias asociaciones de defensa de los derechos humanos, académicos, activistas políticos y otros actores, para contribuir al debate sobre esos asuntos. Puede que el cambio tarde mucho o que se produzca con rapidez. Así que lo más prudente es dedicarle ya tiempo y planificarlo.

El Líbano es el país en el que más tiempo llevamos trabajando, sobre todo en casos de desaparición forzada. ¿Qué influencia ha tenido la labor del ICTJ en ese país?

En cierto sentido, el Líbano representa el peor escenario para la región, ya que allí hubo una guerra civil de 15 años y varios estallidos de violencia posteriores. Se calcula que todavía hay 17.000 desaparecidos, eso sin contar los sufrimientos de todas las demás personas durante ese periodo.

Incluso ahora, con la vecina Siria asolada por la guerra civil, varias asociaciones de víctimas y ONG siguen presionando para esclarecer la verdad sobre los desaparecidos del Líbano. El apoyo del ICTJ ha sido determinante en este sentido: hemos ayudado a esos grupos a desarrollar lo que consideramos un buen proyecto de ley sobre todo tipo de desapariciones. Si se aprobara, esa ley supondría un avance respecto a este penoso asunto. Igualmente, hay mucho por hacer en la prevención de otra guerra civil, sobre todo entre los más jóvenes. Hemos entrevistado a mucha gente tratando de trasmitir cómo era la vida durante la guerra civil, informando a los más jóvenes, que no la sufrieron y que habitan una sociedad que en general no quiere enfrentarse al pasado.

Algunos creen que el silencio es la mejor manera de lidiar con el pasado, pero lo más habitual es que no prestarle atención alimente las sospechas, los prejuicios y las divisiones entre comunidades.

Puede que toda esta labor no sea muy visible ni muy atractiva para los medios de comunicación, pero sí es importante a largo plazo.

Cuando se habla de situaciones difíciles y de larga duración, pocas pueden compararse con la que protagonizan Israel y los palestinos. ¿Qué puede ofrecer la justicia transicional en un contexto tan paralizado y tan saturado de violaciones de los derechos humanos como el de Israel y los territorios palestinos ocupados?

Una vez más, como en muchos otros contextos similares, para llegar a la raíz de cualquier solución es importante esclarecer lo ocurrido. Los polémicos debates actuales, por ejemplo, sobre el derecho al retorno de los refugiados o el desplazamiento de los palestinos, tienen que ver con el momento de creación del Estado de Israel. ¿Qué agravios sienten los palestinos? ¿Y los israelíes? No hay un relato oficial, comúnmente aceptado, sobre el objeto del conflicto, así que esclarecer los hechos y reconocerlos son labores esenciales para decidir cómo lidiar con ese legado.

Trabajamos con gente interesada en esos asuntos. Hay asociaciones, tanto palestinas como israelíes -todavía bastante marginales-, que están tratando de tender puentes entre diferentes relatos históricos. La rendición de cuentas cuando se han cometido crímenes de guerra o contra la humanidad -como la tortura sistemática o los ataques contra civiles- también es algo fundamental para cualquier proceso que pretenda encarar un legado de abusos.

También colaboramos con otras iniciativas más pequeñas pero importantes. Estamos analizando el impacto que la construcción del muro de separación está teniendo en las propiedades y derechos de los palestinos. El Tribunal Internacional de Justicia ha resuelto que gran parte del muro es ilegal porque se asienta en territorios ocupados. Estamos ayudando a documentar los daños que está causando, porque en algún momento tendrá que haber rendición de cuentas y reparaciones por este motivo. Puede que el proyecto sea pequeño, pero es importante para asentar los principios de la rendición de cuentas.

En toda la región, el ICTJ está colaborando activamente con varios importantes socios en cuestiones relacionadas con el género. ¿Qué objetivos tratamos de alcanzar?

El objetivo general es abordar problemas privativos de las mujeres, no sólo la violencia sexual, sino las diferentes consecuencias que los abusos tienen en hombres y mujeres.

En países como el Líbano, el ICTJ también está investigando de qué manera las desapariciones forzadas han afectado a las mujeres, dada la devastadora influencia que esta violación de los derechos humanos ha tenido en mujeres de toda la región.

Por último, en su opinión, ¿cuál es el futuro de los procesos de justicia transicional en esta zona? Está claro que los cambios son irreversibles, ¿pero adónde cree usted que conducirán?

Por desgracia, creo que algunos de esos cambios positivos sí pueden ser reversibles, pero que también se continuará avanzando. Como estamos viendo en Siria, el precio será elevado. Cabe esperar que en otros lugares el cambio no sea tan violento. Pero hará falta mucho tiempo y el proceso no será necesariamente lineal. Puede que haya retrocesos e incluso podrían surgir nuevos tipos de problemas: por ejemplo, antes no se veían algunos de los incidentes motivados por la intolerancia religiosa que ahora sí se ven. Pero creo que está claro que en toda la región la gente no sólo ha perdido el miedo, sino que también ha adquirido un ansia de libertad y de participación en las decisiones importantes que afectan a su futuro. Quizá esto sea lo más positivo.

Es importante recordar que las transiciones siempre necesitan tiempo. Los desafíos son enormes, pero creo que podemos mirar al futuro con optimismo.