Cuando los autores de graves crímenes internacionales son llevados ante la justicia por el país en el que cometieron sus crímenes, se lanza la señal de que el compromiso con la rendición de cuentas y el Estado de derecho es firme.
Para garantizar que en cada país se investiguen y juzguen delitos graves como el genocidio y los crímenes contra la humanidad, es necesario que la asistencia internacional vaya más allá de los tribunales: las agencias de desarrollo y profesionales relacionados con el Estado de derecho pueden proporcionar a los países un apoyo fundamental para procesar con imparcialidad y eficacia a los autores de graves delitos internacionales en sus propios tribunales.
Esta conciencia constituyó el núcleo de los debates registrados en la tercera Conferencia de Greentree sobre Complementariedad, celebrada entre el 25 y el 26 de octubre en Greentree Estate, Manhasset, Nueva York.
Al encuentro acudieron profesionales de los campos de la justicia internacional, el Estado de derecho y el desarrollo para analizar las necesidades y retos que encaran los países al juzgar a autores de crímenes internacionales. Ayudaron a centrar el diálogo las experiencias de cuatro de ellos: Colombia, la República Democrática del Congo, Guatemala y Costa de Marfil.
En sus comentarios, el presidente del ICTJ David Tolbert reflexionó sobre el desarrollo actual de la "complementariedad", un principio que rige la relación entre la Corte Penal Internacional y los Estados, esforzándose por fomentar las capacidades nacionales para juzgar a los responsables de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.
"En la raíz del Estatuto de Roma está la lucha contra la impunidad y el elemento principal de su estrategia es que los Estados se hagan responsables de investigar y juzgar los crímenes condenados por dicho Estatuto".
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El debate sobre las capacidades judiciales de cuatro países permitió a los profesionales manifestar abiertamente la necesidad de aumentar la cooperación y la comunicación entre los juristas internacionales y otros actores destacados implicados en el desarrollo y el Estado de derecho. |
Tolbert subrayó la necesidad de ese diálogo y afirmó que "Los partidarios de la justicia internacional no tienen ni recursos ni capacidad para asistir en la formación de jueces, fiscales o funcionarios de registros, necesarios para que los sistemas nacionales comiencen a cumplir con su deber". "Tampoco tienen capacidad para desarrollar sistemas de gestión judicial o programas de protección de testigos, ni de crear centros de detención o cárceles adecuados, por mencionar algunas de las medidas precisas para garantizar correctos procesos de investigación y enjuiciamiento".
Los participantes en Greentree también señalaron la importancia de evaluar adecuadamente las necesidades y la dificultad de recabar apoyo político para los procesos judiciales. En la reunión, dirigida por el ICTJ con el apoyo del PNUD, actuaron como anfitriones los Gobiernos de Dinamarca y Sudáfrica.
En los próximos meses, el ICTJ publicará una serie de artículos y podcasts con análisis en profundidad de procesos judiciales registrados en cuatro países: Colombia, la República Democrática del Congo, Guatemala y Costa de Marfil. Esas secciones presentarán las experiencias y puntos de vista de actores gubernamentales y expertos directamente implicados en el fortalecimiento de las capacidades judiciales de sus propios países. También abordarán los retos y necesidades que encaran cada uno de esos contextos transicionales.
Foto: Tercera edición de la conferencia sobre complementariedad en Greentree, Nueva York, 2012.
