ICTJ reporta: África

Sí hay problemas reales entre las comunidades, con frecuencia relacionados con la propiedad de la tierra o con la sensación que tienen algunos grupos de estar marginados del poder político regional o nacional. También es una marginación que accedan a una parte menor de la riqueza nacional.

Todos esos factores acabaron conduciendo a la guerra civil de 2000, que al final partió en dos el país, de nuevo según rasgos étnicos: el Sur por un lado y el Norte por otro. El conflicto alcanzó su punto culminante en 2010 durante las elecciones presidenciales, porque ambos partidos recurrieron a la movilización étnica.

Los asesinatos también se cebaron en distritos electorales enteros que, sólo por su composición étnica o filiación religiosa, se suponía apoyaban al partido contrario.

Sin embargo, el conflicto dejó claro a la clase política (sobre todo al nuevo Gobierno de Costa de Marfil, elegido precisamente en esas elecciones) que todo eso iba a conducir a la desintegración del país.

Costa de Marfil está bien provisto de recursos naturales, cuenta con instituciones que funcionan y tiene posibilidades para volver a ser el motor económico de la región de África Occidental.

Todo eso lo puso en peligro la guerra civil. Y parte de las iniciativas de recuperación se basan en la revitalización económica. Pero el Gobierno electo es muy consciente de que la reconciliación nacional es esencial para alcanzar paz y estabilidad, y en consecuencia prosperidad económica para el país.

El segundo, una Célula Especial de Investigación del Ministerio de Justicia, un mecanismo judicial al que se añadió una comisión de la verdad.

También creó un ministerio para las víctimas, los veteranos de guerra y las mujeres afectadas por el conflicto. Así que aquí nos encontramos una conciencia política bastante alentadora, porque se quiere ir a las raíces del conflicto.

Lo más alentador es que la participación en las elecciones de 2010 fuera masiva, lo cual indica que la población está realmente cansada de la confrontación y de la militarización de la competencia política entre las élites. Quiere un proceso democrático y pacífico que permita la alternancia de partidos en el poder, sin candidatos militares en todas las elecciones.

Los comicios estuvieron bien organizados, todos los observadores reconocieron que fueron libres, justos y transparentes, y las Naciones Unidas certificaron que habían sido correctos. Este es un mensaje muy valioso: la población no ha participado de la polarización extrema.

Los mecanismos que se han puesto en marcha están lanzando señales contradictorias. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Investigación del Ministerio de Derechos Humanos ha publicado su informe a tiempo. Y lo hizo en forma de resumen de sus recomendaciones y conclusiones.

El resumen demostró que había llevado a cabo pesquisas exhaustivas, con aval profesional, en las zonas más afectadas por el conflicto. E hizo recomendaciones carentes de sesgos partidistas.

Sin embargo, el informe detallado de esa comisión no se ha hecho público. Y hasta que no se conozca no podremos juzgar si fue realmente ecuánime al investigar a todas las partes en conflicto, entre ellas al Gobierno del presidente Alassane Ouattara.

La investigación del Ministerio de Justicia está en marcha. Su mandato era de dos años, así que está a mitad de camino. En los equipos de investigadores hay policías judiciales y jueces de diversos rangos. Se ha entrevistado a miles de víctimas y, según todos los informes, se han recogido unos 12.000 testimonios.

El ICTJ ha colaborado con esos mecanismos, proporcionándoles formación para realizar las investigaciones. Durante el proceso nos dimos cuenta de que, aunque se habían recogido esos testimonios, no había ningún plan para relacionarlos. Por lo tanto, tampoco había una estrategia clara sobre cómo realizar los procesos judiciales, porque sólo si se investiga de manera exhaustiva se pueden identificar las pautas de los crímenes graves y la posible cadena de mando que conduce a sus responsables.

La comisión se muestra muy receptiva a la asistencia técnica que proporciona el ICTJ. Ya hemos capacitado a los investigadores y también a los diversos tipos de jueces, precisamente para ayudarles a pulir sus planes de investigación y sus estrategias procesales, ambos deficientes.

También hemos formado a los comisionados e investigadores del Ministerio de Derechos Humanos durante las últimas fases del proceso. La formación que les ofreció el ICTJ en materia de redacción de informes y pautas de investigación independiente sobre derechos humanos ha dado muchos frutos. En su informe se podía apreciar la influencia de esa asesoría técnica, pero la responsabilidad del proceso reside absolutamente en la comisión. Intentamos que su trabajo tuviera más solidez técnica y que fuera más creíble, jurídica y moralmente. Y, desde esa perspectiva, adoptamos un compromiso crítico.

Hemos hablado del órgano judicial que se ha constituido, describiendo la ayuda que le estaba prestando el ICTJ. ¿Cómo ve usted el desarrollo de las investigaciones y, a largo plazo, los procesos judiciales? ¿Y cuál cree usted que será nuestro papel cuando avance el proceso?

En esta fase resulta muy difícil prejuzgar el posible resultado de los procesos judiciales internos. El Ministerio de Justicia ha comenzado a presentar denuncias por crímenes económicos y de guerra contra algunos altos cargos del antiguo régimen. A nosotros y a los observadores nos preocupa mucho que, hasta el momento, las investigaciones y acusaciones más importantes hayan tenido que ver con el antiguo régimen. Ninguno de los apoyos del presidente actual ha sido seriamente investigado o interrogado por sus actos.

Se sabe que varios de los comandantes de las Forces Nouvelles, del norte de Costa de Marfil, que decidieron utilizar las armas para llevar al poder al presidente Ouattara, enfrentado al expresidente Gbagbo, cometieron violaciones de derechos humanos durante la década de conflicto anterior a la crisis de 2010.

Para nosotros es muy preocupante que varios de esos individuos, conocidos como comandantes de zona, ocupen cargos de responsabilidad en el aparato de seguridad del nuevo Gobierno. Hasta que no se aborde ese problema, la credibilidad del Gobierno, que ha declarado su intención de juzgar a los responsables de crímenes en ambos bandos, se verá seriamente cuestionada.

La CPI ha presentado cargos contra el expresidente Gbagbo y, más recientemente, ha hecho pública una acusación sellada contra Simone Gbagbo, primera dama del antiguo régimen. Una vez más, parece que las investigaciones nacionales no se están ocupando de crímenes cometidos o atribuidos a los partidarios del presidente Ouattara.

En teoría, la reconciliación tiene muchos partidarios. Sin embargo, la Comisión de Diálogo, Verdad y Reconciliación ha tardado mucho en arrancar. Y su labor ya está a mitad de camino, pero hasta el momento no ha comenzado realmente a celebrar vistas ni a realizar ningún tipo de investigación.

Hasta ahora, la comisión ha tenido un enfoque muy burocrático, haciendo gestos mayormente simbólicos, como celebrar sesiones de oración conjuntas o contratar a músicos famosos para que recorran zonas afectadas por el conflicto cantando por la paz y la reconciliación.

Sin embargo, con respecto a investigar e identificar los graves crímenes ocurridos y a escuchar a las víctimas relatar sus sufrimientos durante el conflicto, la comisión todavía tiene que demostrar su validez.

Estamos colaborando con la Comisión de Diálogo, Verdad y Reconciliación, asesorándola para que cumpla unos criterios mínimos que hagan creíble su mandato. Si no los cumple, su aportación a la reconciliación será escasa.

Al principio, nuestras relaciones con la comisión fueron tensas, porque se mostraba a la defensiva y no estaba dispuesta a reconocer algunos de defectos de sus propios planes. Pero después de muchos contactos con sus miembros, la situación está cambiando. Proporcionan información sobre sus intenciones y piden consejo sobre cómo mejorar. Además, quieren saber de otras experiencias similares y acceder a formación técnica.

Por ejemplo, la encargada de cuestiones de género de la comisión participó en un curso del ICTJ en Barcelona centrado en comisiones de la verdad. Lo cual apuntaba claramente que los comisionados no carecen de interés en aprender y en hacer mejor su trabajo.

Esas señales nos animan, pero los desafíos a los que se enfrenta la comisión siguen siendo considerables.

Los comisionados nombrados para integrar la CVJR creían, con bastante razón, que Kiplagat debía dimitir porque, al haber tenido importantes cargos públicos, había participado en acciones e iniciativas que podrían plantear conflicto de intereses con las investigaciones de la comisión. Básicamente, lo que podía ocurrir es que la comisión le investigara por su actuación cuando ocupaba cargos gubernamentales.

Durante bastante tiempo el embajador Kiplagat no cedió y el conflicto paralizó y pospuso las labores de la CVJR. Después de episodios muy escandalosos, decidió por fin hacerse a un lado, pero sin dimitir, permitiendo así que continuaran los trabajos de la comisión. Así que ésta comenzó a trabajar con retraso y de mala manera.

La tercera razón de los retrasos es que, entre los círculos de la sociedad civil y las víctimas, el conflicto inicial generó recelo a colaborar con la comisión, y esa actitud sigue existiendo.

En Kenia, la sociedad civil tiene mucha influencia en las cuestiones de justicia transicional. Es el motor que empuja a la clase política a aplicar reformas institucionales y procesos de justicia transicional que ataquen la raíz del conflicto y la propia responsabilidad de los políticos en su inicio.

Sin ese impulso, la clase política habría creado discretamente organismos ineficaces o meros escaparates. Pero las organizaciones ciudadanas los someten a una constante vigilancia y control.

En consecuencia, fue muy negativo que esos grupos no colaboraran con la comisión. Después, cuando por fin lo hicieron, había muy poco tiempo. El ICTJ se puso de parte de la coalición nacional keniana por la justicia transicional, formada por organizaciones ciudadanas.

Al principio fuimos precavidos y no colaboramos con la CJVR. Cuando por fin lo hicimos, ayudamos con la selección inicial de comisionados. En una fase posterior, cuando comenzaron a corregir las deficiencias técnicas ocasionadas por la precipitación del principio, les asesoramos en materia de elaboración de informes.

Los estatutos de la comisión contemplaban una posible prórroga de seis meses, que se obtuvo. A continuación se suponía que debía entregar su informe en agosto de 2012. Sin embargo, al acercarse ese mes, solicitó otra prórroga, aduciendo que el informe no estaba listo.

Esto hizo sospechar que la imposibilidad de terminar el informe a tiempo, dentro de la prórroga prevista por los estatutos, se debía a que políticamente no era beneficioso sacar a la luz un informe antes de la campaña electoral.

En la actualidad se desarrolla en Kenia una acalorada pugna electoral. Las elecciones estaban previstas para este año, pero se han pospuesto a marzo de 2013. Se teme que este retraso en dar cuenta o en publicar las conclusiones de la comisión de la verdad se deba fundamentalmente al deseo de evitar situaciones incómodas a importantes figuras políticas, ya que se podría descubrir que su participación o protagonismo en los asesinatos de motivación étnica podría estar relacionado, entre otras cosas, con su papel preponderante en partidos políticos.

Así que la situación actual es incierta. La comisión ha solicitado una prórroga de nueve meses, de manera que está claro que el informe no saldrá hasta pasadas las elecciones.

Hemos criticado duramente ese retraso, pero sin retirar del todo nuestra colaboración. Estamos intentando averiguar qué explicaciones da la comisión sobre la situación real del informe: qué capítulos están ya listos, cuáles faltan y qué tareas creen sus miembros que habría que acometer antes de la publicación.

Si proporcionan esa información sobre la situación real del trabajo, justificando por tanto la necesidad de la prórroga que precisan, podremos realizar nuestra propia valoración y saber si estamos dispuestos a colaborar de nuevo y a proporcionar más asistencia técnica.

Aún no se ha decidido sobre la prórroga. El ministro de Justicia es muy partidario de concederla, pero los parlamentarios están muy en contra, en muchos casos porque la prórroga anterior no acabó produciendo ni siquiera un informe o unas conclusiones preliminares. Para ellos, esto indica una politización del proceso.

Nos encontramos en una coyuntura trascendental, en la que puede que la labor de la CVJR acabe descarrilando. Vamos a ver. Esperamos que el resultado sea positivo.

No obstante, el Gobierno ha recalcado que si sus propios soldados son acusados de conducta indebida, se someterán a la justicia militar ordinaria. En consecuencia, los organismos de justicia especial y policiales que están supervisando el funcionamiento del mecanismo de rendición de cuentas, así como la unidad creada por la División de Crímenes Internacionales, dependiente del Tribunal Superior de Uganda, sólo tienen como cometido investigar los crímenes atribuidos a comandantes del ERS.

La División de Crímenes Internacionales aún no se ha constituido del todo. El ICTJ ha proporcionado asistencia técnica a jueces, secretarios judiciales y fiscales de esta división especial, con el fin de ayudarles a cumplir su mandato cuando se enfrenten por fin a casos concretos.

En Uganda también estamos ayudando al sector judicial y policial a definir un marco nacional de justicia transicional. Y nos han pedido asesoría en materia de reparaciones: quieren saber, por ejemplo, cómo deberían funcionar los mecanismos de esclarecimiento de la verdad.

Hasta la fecha no se ha prestado suficiente atención a estos otros procesos de justicia transicional. Pero ahora, al irse definiendo el marco de la política nacional, sí hay interés en ellos.

Colaboramos estrechamente con otras organizaciones ciudadanas y de víctimas para asegurarnos de que participen en la definición de esas políticas y de que se escuche a las víctimas cuando se perfilen los procesos de justicia transicional.

En esas sociedades tradicionales no hay conciencia de los derechos de la mujer, lo cual constituye casi una negación de todos los crímenes masivos cometidos contra mujeres de todas las edades durante el conflicto. En el norte de Uganda se cometieron desmedidos actos de violencia sexual y de género contra muchachos de ambos sexos.

Estamos allí para asegurarnos de que esos mecanismos sean sensibles a las necesidades de todos esos grupos y a sus derechos, permitiendo que se reconozca lo que les ocurrió, se rinda cuentas de ello y se aprueben medidas de reparación destinadas a su rehabilitación y a cubrir sus necesidades con el fin de inicien una nueva vida.

Al observar la historia del Congo se ve que no ha habido convulsiones interétnicas a gran escala como las registradas en Burundi o en otros países vecinos.

La esperanza del Congo radica en su población, que por naturaleza es muy resistente y pacífica.

Al faltar una autoridad central en el país, surgen fuerzas alternativas. Sin un Estado que funcione, hay servicios de desarrollo local, sanitarios, educativos e incluso infraestructuras que funcionan gracias a grupos comunitarios, organizaciones ciudadanas y asociaciones relacionadas con las iglesias. La Iglesia es muy poderosa en el Congo.

En ciudades como Goma o Bukavu hay centros de enseñanza superior muy respetables, completamente sufragados por comunidades locales o iglesias y unidos por redes de comunicación a centros académicos de todo el mundo. Eso no es obra del Estado, sino de la comunidad.

Esas fuerzas alternativas han estado defendiendo denodadamente los derechos de la población frente a todos los que detentan el poder: sus propios Gobiernos, grupos rebeldes, milicias locales o ejércitos extranjeros que ocupan el territorio. Es realmente impresionante constatar hasta qué punto están documentadas las violaciones de derechos humanos registradas en el Congo. Esas organizaciones locales las documentan constantemente y también la Iglesia, entre otras cosas con sus declaraciones y pronunciamientos.

Son esos grupos los que están forzando la aparición de planes de rendición de cuentas, justicia y reconciliación en su propio país. Y lo hacen superando toda clase de adversidades, porque no tienen kaláshnikovs. Todo los demás sí, pero ellos no. Y, por lo tanto, todo el mundo suele dejarlos a un lado cuando se trata de aplicar mecanismos de justicia transicional.

Así que en el Congo hemos llegado a una situación en la que no hay mecanismos de justicia transicional oficiales. No hay ninguna comisión de la verdad en marcha ni ningún programa de reparaciones.

Pero en cierto momento se planteó constituir una cámara híbrida, nacional-internacional, que juzgara crímenes graves.

Exactamente. Lo que nosotros hacemos es trabajar con miembros de instituciones vigentes como el Parlamento, y también el Gobierno, que quieren alentar reformas institucionales en el país. Y así es como comenzamos a colaborar con las cámaras mixtas y en la adaptación del Estatuto de Roma al Congo. Eran proyectos que promovió el año pasado, en 2011, el entonces ministro de Justicia. Acudimos al Parlamento, donde tenían apoyos, pero tanto el Gobierno como el propio Parlamento necesitaban asistencia técnica.

Yo diría que el programa del ICTJ en el Congo probablemente sólo consista en dos presencias internacionales en comités técnicos del Ministerio de Justicia, la Asamblea Nacional y el Senado, que estudian borradores de leyes para evaluarlas y comentarlas antes de presentárselas a los legisladores.

Hay actores -responsables políticos y otras partes interesadas- que están presionando para que se aprueben esas reformas, y parte de nuestro programa en el Congo consiste en permitir que, gracias a la asistencia técnica, desempeñen mejor su labor. Y eso hace que estemos muy bien situados.

Al mismo tiempo, trabajamos con organizaciones ciudadanas muy progresistas, muy concienciadas y capaces de ayudar en sus reivindicaciones a esos mismos sectores influyentes del Parlamento y del Gobierno que quieren promover el cambio desde dentro.

Trabajamos con asociaciones de mujeres en cuestiones de justicia de género e intentando afrontar la descarnada realidad que, a ese respecto y en relación con la violencia sexual, sufre el país a diario, no sólo en forma legado del pasado. También intentamos concienciarlas más, para que así puedan reivindicar ciertos cambios desde dentro de las instituciones actuales; por ejemplo, para mejorar la disciplina y la rendición de cuentas del Ejército en relación con los ataques que sufren mujeres de todas las edades.

Colaboramos con organizaciones comunitarias y gran parte de nuestro programa se realiza en el marco de las comunidades. Estamos trabajando en Kalamy, en Katanga del Norte, en Kissengany, la segunda ciudad más grande del Congo, y en Ituri, que a comienzos de la década de 2000 fue el epicentro de un devastador conflicto interétnico. También hay iniciativas locales de memorialización, esclarecimiento de la verdad y reconciliación, que llevan a cabo organizaciones comunitarias, de víctimas, ciudadanas e iglesias en sus propios entornos. Nos relacionamos con todos esos grupos.

Realizamos muchas labores de concienciación con todos ellos, con el fin de prepararlos mejor para que lleven a cabo solos la labor que se proponen. No es el fin del mundo. La gente puede tomar las riendas e iniciar por su cuenta un proceso de reconciliación y de esclarecimiento de la verdad.

El Congo constituye un reto, pero las oportunidades son enormes y nosotros tenemos un compromiso.

Sin embargo, para poner fin a un conflicto hace falta acabar con quienes estuvieron implicados en él -los hombres de armas-, negociando con ellos fórmulas para compartir el poder y dividir el botín. Esos actores político-militares no suelen tener interés en rendir cuentas por los crímenes que ellos mismos han cometido durante el conflicto.

Como ocurre en Kenia, la justicia transicional no preocupa realmente a las élites políticas gobernantes, sobre todo a las que dejan atrás un conflicto o incluso una crisis política.

¿Qué marca la diferencia allí donde la justicia transicional es algo relevante? En lugares como Sierra Leona y Liberia, los conflictos crearon élites tan débiles que ni siquiera podían dominar realmente el resultado de los procesos. Al salir de sus conflictos, esos países salían de la destrucción total. Por lo tanto, en esos procesos de paz y de reconstrucción, se presentó una oportunidad real de aplicar correctamente los instrumentos de justicia transicional.

En la República Democrática del Congo los avales que recibió el proceso no nacieron de las élites políticas, sino de la riqueza estratégica del país. Todos los actores internacionales tenían interés en los contratos que los acuerdos de paz facilitarían, y en consecuencia no se empeñaron en pedir cuentas sobre la credibilidad de los mecanismos a los implicados en el conflicto.

Llegamos a una situación en la que el acuerdo de paz suscrito en el centro turístico sudafricano de Sun City estipulaba la creación de una colaboración económica durante el periodo de transición, pero dejando que asociaciones civiles y la Iglesia se ocuparan de todas las cuestiones relativas a la justicia, los derechos humanos, la libertad de expresión y las elecciones.

Se crearon comisiones nacionales para el esclarecimiento de la verdad, las elecciones, la libertad de expresión y el combate contra la corrupción. Pero lo único que se hizo con ellas fue encomendarlas a asociaciones ciudadanas. Lo que ocurrió a continuación fue que el Gobierno de transición se limitó a tratar de nombrar a los comisionados para neutralizar a esos organismos y privarlos de toda clase de financiación.

Así que terminamos teniendo comisiones de la verdad y contra la corrupción únicamente simbólicas y totalmente inútiles, que no hicieron nada. Todas esas comisiones ciudadanas estaban totalmente impotentes, salvo una: la Comisión Nacional Electoral.

La Comisión Nacional Electoral tuvo un enorme apoyo de las iglesias -que invirtieron realmente en ella- y de la comunidad internacional, porque ésta estaba empeñada en celebrar las elecciones de 2006, que contaron con cientos de millones de dólares de financiación. Así que la comisión quedó a salvo, tanto de las injerencias del Gobierno de transición como de la amenaza de restricciones presupuestarias. Y realizó una labor excelente porque su independencia estaba garantizada.

Si pensamos en Kenia, vemos que las élites surgidas de la crisis política de 2007 y 2008 no eran muy partidarias de las comisiones de la verdad ni tampoco de la rendición de cuentas. Lo que las mantuvo en su sitio fue la vigilancia de la sociedad civil, que las presionó para aprobar reformas auténticas, creíbles y legítimas. Los medios de comunicación también fueron esenciales. Y la participación de Kofi Annan determinante, porque, sin dejar de estar atento, evaluó la actuación de las comisiones gubernamentales partiendo de estudios empíricos.

De manera que todos esos actores ataron corto a las élites gobernantes kenianas. Y, en realidad, gracias a una sociedad civil muy progresista e ilustrada, Kenia ha realizado reformas institucionales notables, que a la clase política le pondrán muy difícil comportarse de forma tan irresponsable como antes.

También se corre el riesgo de llegar a una situación de bloqueo, como la victoria militar de una de las partes, en la que ese grupo siga haciendo lo que quiera, una y otra vez.

Nuestro papel como ICTJ es ser críticos con todas las partes implicadas. Si vemos que la comunidad internacional hace cesiones también debemos alzar la voz y decir: "Esto no está bien. No debería ocurrir".

Una cosa está clara, el ICTJ sigue comprometido con África y seguirá estándolo.