Por David Tolbert
El Grupo de Trabajo sobre el Trato a los Detenidos, que forma parte del Constitution Project –integrado por miembros de los dos partidos estadounidenses–, ha descubierto que el Gobierno de EEUU recurrió sistemáticamente a la tortura con los sospechosos detenidos durante la "Guerra contra el terror". Su informe de 577 páginas documenta los generalizados abusos cometidos con los detenidos, entre ellos la detención prolongada y arbitraria; las agresiones físicas y sexuales; la desaparición forzada mediante el traslado en secreto a centros clandestinos (la "entrega extraordinaria"), y otras torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La comisión independiente, formada por afamados expertos en derecho y seguridad, excongresistas, académicos y diplomáticos, llegó a la conclusión de que nunca antes se habían producido "debates tan organizados y metódicos como los registrados después del 11 de septiembre [de 2001], con participación directa de un presidente y sus principales asesores, para determinar si era sensato, decoroso y legal causar daño y tormento a algunos detenidos que tuviéramos a nuestro cargo". Y, sin embargo, "a pesar de lo extraordinario de esta situación, la Administración Obama ha seguido la política de negarse a llevar a cabo o encargar un estudio oficial de lo ocurrido, aduciendo que era improductivo 'mirar atrás' en lugar de hacia delante".
De mantenerse, esta postura iría en contra de la insistencia constante del Gobierno estadounidense en su compromiso con los derechos humanos y en sus obligaciones legales, entre otras razones por haber firmado la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Para recuperar su credibilidad ante el mundo, el Gobierno debe tomar medidas que reconozcan y afronten las violaciones de derechos pasadas, proporcionando reparación a las víctimas de abusos avalados por EEUU. Es lo mínimo que exige el derecho internacional. El discurso que durante décadas ha mantenido Estados Unidos como defensor de los derechos humanos suena ahora a hueco en medio del silencio que promueve su inacción respecto a esos abusos.
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De manera constante, el Centro Internacional para la Justicia Transicional, a través de su Proyecto de Rendición de Cuentas, y otras asociaciones de defensa de los derechos humanos vienen solicitando una investigación oficial sobre las supuestas torturas avaladas por EEUU. El senador Patrick J. Leahy, de Vermont, propuso que se constituyera una comisión de la verdad para examinar los supuestos maltratos sufridos por los detenidos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y hasta febrero de 2009, pero el Congreso, para nuestra vergüenza, no ha tomado medidas. |
Además, ningún alto cargo ha comparecido ante la justicia por actos que vulneran las leyes internacionales y nacionales. Aunque el loable informe de Constitution Project ha arrojado luz sobre indicios graves y creíbles de la comisión de abusos, no puede sustituir la iniciativa del Gobierno para llegar a la verdad, hacer que los autores de las violaciones rindan cuentas y ofrecer reparación a las víctimas.
La experiencia del ICTJ en el mundo, incluyendo Estados Unidos, confirma la necesidad de afrontar los legados de las violaciones graves de derechos humanos. Una sociedad que presume de respetar el Estado de derecho no puede desentenderse cuando los abusos se aprueban en su seno. El Estado de derecho no puede aplicarse a la carta, de modo que los Gobiernos elijan cuándo hay que aplicar la ley y a quién. Es ilusorio pensar que se pueda "cerrar la puerta" sobre la tortura y la detención arbitraria. A los estadounidenses les ha costado comprenderlo: basta pensar en la reclusión de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y en la disculpa y compensación largamente pospuestas. Es una lección que no hay que olvidar.
Muchos otros países han abordado con decisión los momentos de su historia en que sus Gobiernos han recurrido a la tortura o a otros crímenes graves, consolidando, no sacrificando, el compromiso con los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos. Al principio, en esos países se plantearon críticas a la rendición de cuentas parecidas a las que ahora se vierten en Estados Unidos: que los hechos son conocidos, que las acciones estaban justificadas, que investigar los abusos posiblemente suscite división y que lo primordial es mirar hacia delante. Sin embargo, dirigentes transformadores de zonas tan dispares como Latinoamérica, Sudáfrica y Europa Oriental han comprendido que el cambio es imposible si no se mira hacia atrás y se toman medidas de rendición de cuentas. En muchos casos, esa actitud ha contado con el aliento y el apoyo de Estados Unidos.
En la actualidad, el Departamento de Justicia de EE UU tiene información suficiente para iniciar diligencias penales sobre quienes encargaron u avalaron políticas que condujeron a la tortura y arresto en condiciones ilegales de algunos detenidos. Sobre el Gobierno y sobre el pueblo de EEUU recae verdaderamente el imperativo moral de llegar hasta el fondo de este tenebroso capítulo de la historia del país.
| El Gobierno estadounidense tiene el deber de volver a valorar la creación de una comisión de la verdad que podría ofrecer una visión global de las políticas y prácticas latentes en los abusos y en las relaciones entre instituciones, y también de las consecuencias humanas y políticas que han tenido ciertas políticas y acciones. Esto resulta esencial, dado que el Equipo de Trabajo de Constitution Project no tuvo acceso a archivos clasificados y que el informe de la Comisión de Inteligencia del Senado sobre la CIA sigue siendo material reservado. |
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Además de investigar y aclarar los hechos y de pedir cuentas a los artífices de esos abusos, leyes internacionales como la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exigen a sus firmantes, entre ellos Estados Unidos, que proporcionen reparación a las víctimas de esas graves violaciones de los derechos humanos. EE UU ha alabado públicamente el Estado de derecho cuando se aplica en otros países, ofreciendo un considerable apoyo monetario y político a las víctimas de torturas de regímenes extranjeros; sin embargo, no ha reconocido ni abordado sus obligaciones para con las víctimas de sus propias prácticas en materia de detención, sobre todo aquéllas que, a pesar de no haber sido acusadas de ningún delito, han estado presas durante mucho tiempo. Hasta ahora, la mayoría de las demandas de reparación e indemnización se han topado con diversas barreras procedimentales y jurídicas, lo cual no encaja ni con las leyes de EE UU ni las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional.
El Grupo de Trabajo de Constitution Project recalca que un conocimiento profundo de lo ocurrido y la voluntad de reconocer los actos ilegales fortalecerán "a la nación y nos preparan para sobrellevar mejor la siguiente crisis y las posteriores. Pasar página sin hacer ese balance reduce nuestra capacidad para asumir el papel de defensores ejemplares del Estado de derecho". Poco más pueden hacer el ICTJ y toda la comunidad de defensores de los derechos humanos para hacerse eco de ese mensaje. Para poder defender los derechos humanos en otros países, EE.UU. debe primero lavar sus propios trapos sucios.
Hemos esperado demasiado para esclarecer la verdad sobre este desagradable periodo de la historia de EE.UU. Ya va siendo hora de que el Gobierno estadounidense cumpla con su obligación de establecer la verdad, rendir cuentas y dar reparación a las víctimas. El buen trabajo del Grupo de Trabajo de Constitution Project, que aboga por un "reconocimiento público de este grave error" brinda precisamente esa oportunidad, que no debería dejarse perder.
David Tolbert es presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional.
Esta columna de opinión fue previamente publicada en The Huffington Post, en inglés.
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