Desde la revuelta que desencadenó la “Primavera Árabe”, los tunecinos han demostrado un firme compromiso con la justicia transicional. Antes de la revolución de 2011, Túnez estuvo durante décadas bajo el régimen del presidente Zine el Abidine Ben Ali, en el poder desde 1987, quien aplicaba políticas represivas contra la oposición: hay datos que confirman que más de 10.000 personas fueron detenidas arbitrariamente durante el régimen de Ben Ali.
Tras varias semanas de protestas que se iniciaron en diciembre de 2010, Ben Ali fue derrocado en enero de 2011 y huyó del país. Las primeras elecciones democráticas y transparentes de Túnez se llevaron a cabo el 23 de octubre de 2011, y el proceso culminó con la aprobación de una nueva Constitución en enero de 2014. En diciembre de 2013, Túnez aprobó una ambiciosa y pionera Ley de Justicia Transicional, que dispone un proceso integral para la consecución de verdad y justicia por los abusos del pasado a través de juicios, programas de reparaciones y reformas institucionales. Esta ley estableció también la creación de la Comisión de la Verdad y la Dignidad (CVD), encargada de investigar las graves violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en el país desde 1955, y cuya puesta en marcha se oficializó el pasado 9 de junio en una presentación a cargo del presidente Marzouki.
En esta nueva edición de ICTJ reporta hablamos con Rim El Gantri, directora del programa del ICTJ en Túnez, sobre estos dinámicos tiempos de cambio de la post-revolución en Túnez. Cuando la CVD comienza a dar sus primeros pasos, El Gantri explica cómo se está preparando el país para enfrentar la verdad y buscar justicia por la histórica marginalización económica, la violencia de Estado y las políticas de opresión.
#### Desde la caída del régimen de Ben Ali en 2011, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Túnez ha trabajado junto con el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia Transicional y organizaciones de la sociedad civil para lograr la aprobación de la pionera e histórica Ley de Justicia Transicional, que establece un plan integral para afrontar el legado de violaciones de los derechos humanos en Túnez. ¿Qué tipo de mecanismos de justicia transicional se están poniendo en marcha en el país, y cuál ha sido el papel del ICTJ?
La revolución del 14 de enero de 2014 representó la voluntad del pueblo tunecino de poner fin a 23 años de opresión y dictadura. Esta voluntad se sumó al deseo no solo de lidiar con el pasado, esclarecer la verdad y sanar a las víctimas del anterior régimen, sino también de garantizar la rendición de cuentas por los abusos cometidos por el régimen.
Tras la revolución, se crearon dos comisiones de investigación: la Comisión de Investigación para violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado reciente (desde el 17 de diciembre de 2010) y la Comisión Nacional de Búsqueda de Pruebas sobre Malversación y Corrupción. Además se estableció una Comisión Nacional para la restitución de fondos malversados y desviados al extranjero.
También se abrieron varias causas contra personas involucradas en hechos de corrupción y soborno, así como violaciones de los derechos humanos relacionadas con la revolución. Se concedieron indultos a personas arrestadas por el anterior régimen por su participación en actividades supuestamente subversivas, como formar parte de asociaciones políticas, manifestarse, etc. Se otorgaron reparaciones limitadas a víctimas de la dictadura, incluidos mártires y heridos de la revolución. Además se ratificaron varios tratados de derechos humanos.
A pesar de estos pasos, era evidente que el país necesitaba una serie de mecanismos de justicia transicional, desde la búsqueda de la verdad hasta la reforma institucional. Pero por aquel entonces el concepto de justicia transicional era poco conocido, y se consideraba un asunto de la élite.
En abril de 2011, el ICTJ fue una de las primeras organizaciones en celebrar una conferencia para introducir el concepto de la justicia transicional, junto con Open Society Foundations (OSF), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), el Instituto Árabe de Derechos Humanos y la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos.
El ICTJ continuó apoyando los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil por emprender el proceso de justicia transicional, proporcionando orientación y asesoramiento a estos grupos en sus actividades de presión (lobby) y otras formas de incidencia política a favor de un proceso oficial de justicia transicional. Antes de que se creara el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia Transicional, varias organizaciones locales propusieron proyectos de ley que expresaban su visión acerca de cómo se debería llevar a cabo este proceso.
Posteriormente, cuando en enero de 2012 se creó el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia Transicional, el ICTJ participó en varias consultas entre las organizaciones de la sociedad civil y el ministerio. Se decidió lanzar una consulta nacional sobre justicia transicional para lograr una visión común que incorporara aportes de las víctimas y de activistas de los derechos humanos y reflejara sus necesidades. El gobierno tunecino apoyó el enfoque participativo, y a finales de octubre de 2012 se presentó un primer proyecto de ley al Ministerio de Derechos Humanos y Justicia Transicional.
En diciembre de 2013, la Asamblea Nacional Constituyente votó casi unánimemente a favor de la aprobación de la Ley de Justicia Transicional, un avance histórico para la región y para la transición de Túnez hacia una sociedad democrática. ¿Por qué fue creada la ley, y qué regula?
Los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente que elaboraron la Constitución provisional de Túnez lo hicieron inmediatamente después de las elecciones de octubre de 2011. Gracias al trabajo de sensibilización e incidencia política de las organizaciones de la sociedad civil, los diputados eran conscientes de la importancia de la justicia transicional como una herramienta para ayudar a la sociedad tunecina a lidiar con su pasado. De hecho, el artículo 24 de la Constitución estipulaba que la ANC “promulgará una ley orgánica que regule la justicia transicional, sus fundamentos y su esfera de competencia”. Por lo tanto, había una obligación de promulgar una ley que trazara el proceso de justicia transicional en Túnez.
Al mismo tiempo, era evidente que las medidas ad hoc implementadas inmediatamente después de la revolución—incluidas las comisiones de investigación y los esfuerzos por otorgar reparaciones a los mártires y heridos de la revolución—no respondían plenamente a las necesidades y derechos de las víctimas y otros ciudadanos. La necesidad de adoptar un enfoque integral de justicia transicional se hizo aún más apremiante tras el Diálogo Nacional de Túnez, una serie de debates que revelaron hasta qué punto los tunecinos querían que se supiera la verdad acerca del pasado, los responsables rindieran cuentas, las víctimas recibieran reparaciones, y las instituciones del país, en especial el poder judicial, fueran reformadas.
Como resultado de las amplias consultas celebradas a lo largo del país, la < a href="http://ictj.org/es/news/el-ictj-celebra-la-aprobacion-de-la-historica-ley-de-justicia-transicional-en-tunez" target="_blank">Ley de Justicia Transicional de Túnez era ambiciosa: contemplaba el establecimiento de una comisión de la verdad, un fondo de reparaciones y un comité de investigación de antecedentes en cargos públicos (vetting), además de salas especiales para investigar y enjuiciar supuestas violaciones de los derechos humanos.
Un aspecto particularmente notable de esta ley es que, además de lidiar con las violaciones de los derechos humanos que constituyen abusos de los derechos civiles y políticos, hace frente a las violaciones de los derechos económicos y sociales, que siempre fueron la raíz de nuestra revolución.
Durante este tiempo, el ICTJ estuvo en el país asesorando a aquellos que buscaban establecer la combinación adecuada de medidas de justicia transicional. Como integrante de la comisión de apoyo a la comisión técnica, el ICTJ defendió la necesidad de aplicar la justicia transicional de manera integral. Uno de los puntos que resaltamos fue que no bastaría con establecer una comisión de la verdad: también serían fundamentales la rendición de cuentas, las reparaciones y la reforma de las instituciones para llevar a cabo la transición en Túnez.
Como mencionó anteriormente, la Ley de Justicia Transicional estableció la Comisión de la Verdad y la Dignidad, que se espera que sea un proceso participativo que recoja testimonios de ciudadanos de todo el país. Recientemente fueron anunciados los nombres de los miembros de la comisión, que se puso en marcha formalmente en pasado 9 de junio. ¿Qué se propone hacer esta comisión, y cómo puede el ICTJ apoyar esta iniciativa?
La Comisión de la Verdad y la Dignidad (CVD) investigará violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidas por el Estado o por grupos de individuos en nombre del Estado, o amparados por este. Estas investigaciones se llevarán a cabo a fin de esclarecer la verdad acerca de lo ocurrido entre el 1 de julio de 1995 y la promulgación de la ley.
La comisión es un organismo independiente con un mandato de cuatro años renovable por una sola vez, por un periodo de hasta un año, y puede operar por todo el territorio nacional. Si bien los tunecinos creen tener una idea general de lo que sucedió durante los más de 50 años de despotismo, todavía hay una sed, un deseo, de saber qué pasó exactamente y por qué, y de conocer la identidad de los autores de crímenes en la sombra y los mecanismos de opresión.
El proceso de selección de los comisionados siguió a la promulgación de la ley. Se creó un comité de selección dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, y se abrió un proceso público para presentar candidaturas en enero de 2014. A principios de mayo se anunciaron los nombres de los comisionados elegidos.
El ICTJ continúa participando activamente en este proceso. Elaboramos un informe sobre la selección de comisionados y las mejores prácticas basado en el análisis comparativo de diversas experiencias. Dos de nuestros expertos celebraron una sesión para discutir estas cuestiones con los diputados de la comisión. Además proporcionamos a los diputados una estrategia de comunicación que destacó la importancia de que todos los tunecinos se involucren en el proceso y se sientan parte de él. Esperamos que la CVD sea capaz de cumplir con las expectativas del pueblo tunecino. El ICTJ tiene previsto apoyar a la CVD proporcionando asistencia técnica y conocimientos especializados basados en las lecciones aprendidas de nuestro trabajo sobre el terreno en otros países.
La nueva Ley de Justicia Transicional establece un fondo de reparaciones llamado “Fondo para la Dignidad y la Rehabilitación de las Víctimas de la Tiranía”. ¿Hay algún programa de reparaciones actualmente en funcionamiento en Túnez? Y si es así, ¿quién puede ser beneficiario?
Desde la revolución, se han implementado varias medidas de reparación ad hoc. Se han otorgado indemnizaciones a los beneficiarios de la amnistía general (presos políticos del régimen de Ben Ali) y a las familias de los mártires y heridos de la revolución. Además de la compensación económica, se han tomado otras medidas como la provisión de servicios de salud y transporte gratuitos, y de pensiones mensuales para los heridos y los familiares de los mártires de la revolución.
Sin embargo, estas medidas no han respondido a los reclamos de todas las víctimas de la dictadura, ya que para poder ser beneficiario de ellas era necesario demostrar que uno había sido víctima. Esto generó un acceso desigual a estos beneficios, dado que algunas de las personas que fueron arrestadas y torturadas no tienen forma de demostrarlo. El proceso también ha sido criticado porque muchos piensan que la indemnización recibida no es proporcional a los daños sufridos por las víctimas.
Esto hace que sea necesario implementar una política integral de reparaciones, y es también el motivo por el cual la Ley de Justicia Transicional creó un fondo de reparaciones. Es necesario llevar a cabo una evaluación de las medidas implementadas hasta el momento a fin de proporcionar a las víctimas soluciones más adecuadas. El ICTJ está iniciando el debate acerca de las reparaciones colectivas en respuesta a la marginalización en Túnez. Como es sabido, varias regiones de Túnez fueron deliberadamente marginalizadas y oprimidas por los regímenes anteriores, y estas regiones fueron las primeras en encender la llama de la revolución, reclamando sus derechos económicos y sociales.
Las violaciones cometidas contra las mujeres son una de las cuestiones centrales que abordará la Comisión de la Verdad y la Dignidad. La nueva Ley de Justicia Transicional reconoce que las mujeres fueron—y aún son—especialmente vulnerables a los abusos, y toma medidas concretas para abordar sus necesidades. Además, es fundamental que las mujeres también puedan asumir papeles políticos para que se puedan escuchar sus voces en un proceso dominado por los hombres. ¿Podría explicar cómo la nueva ley protege los derechos de las mujeres y garantiza que estas tengan un papel activo en el proceso de verdad y reconciliación?
Como usted señala, la ley estipula que en su esfuerzo por esclarecer la verdad la CVD debe tener en cuenta las experiencias concretas y violaciones de los derechos de los sectores sociales más marginalizados: ancianos, mujeres, niños, personas discapacitadas y otros grupos vulnerables.
Según la ley, cada género debe estar representado en la TDC en al menos una tercera parte, lo que significa que cinco o más de sus miembros han de ser mujeres. Se trata de una medida diseñada para favorecer la representación femenina, conforme a la nueva Constitución de Túnez, basada en los principios de igualdad y paridad. Esta medida ayudará a garantizar que se escuchen las voces de las mujeres, y será un incentivo para que hablen las víctimas mujeres.
No obstante, el ICTJ cree que no basta con identificar a las mujeres como un grupo vulnerable para garantizar sus derechos. Las mujeres tunecinas han sufrido formas concretas de violencia, abuso y marginalización por el hechos de ser mujeres, incluida la tortura, violencia sexual y violación. Asimismo, la exclusión de las mujeres de la vida civil y política ha impactado seriamente en su situación económica, ya que se les han negado oportunidades de empleo y educación en base a sus creencias religiosas.
Aún queda mucho por hacer para abordar el impacto de los abusos cometidos contra las mujeres en el pasado. A fin de garantizar la participación activa de las mujeres y activistas de los derechos de las mujeres, el ICTJ ha organizado actividades de capacitación para asegurar que a este proceso no le falten supervisores y vigilantes. La representación de las mujeres en la CVD nos parece un primer paso positivo.
Tras la revolución, el ex presidente Zine El Abidine Ben Ali huyó del país. Actualmente permanece escondido en Arabia Saudí. En un juicio in absentia, el tribunal militar permanente de El Kef condenó a Ben Ali a prisión perpetua por complicidad en homicidio. ¿Qué tipo de iniciativas existen en el país para garantizar que los miembros del régimen derrocado rindan cuentas? ¿Se ha involucrado el ICTJ en cuestiones de justicia penal?
Al comienzo de la revolución ya había varias causas abiertas en tribunales militares por crímenes cometidos durante la revolución, y en tribunales civiles por delitos de corrupción.
Sin embargo, tras la revolución las víctimas del anterior régimen que habían sufrido daños como tortura o privación ilegal de la libertad han esperado a que se apruebe la Ley de Justicia Transicional antes de acudir a los tribunales. La ley contempla la creación de salas especializadas que estarían a cargo de juzgar casos relacionados con graves violaciones de los derechos humanos, conforme a lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Túnez.
También debería mencionar que durante las sesiones que celebramos en la Asamblea Nacional Constituyente, el ICTJ instó enérgicamente a los diputados a no ceder a la jurisdicción militar casos de graves violaciones de los derechos humanos, recordando a las autoridades que este tipo de casos deberían ser resueltos en la jurisdicción penal civil.
Se ha creado una comisión para reflexionar sobre la creación de estas salas dentro del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia Transicional, y el ICTJ proporcionará asistencia técnica a los miembros de esta comisión a través de nuestros expertos en justicia penal.
La chispa que hizo estallar la revolución en Túnez fue la muerte de un joven, Mohamed Bouazizi, quien se quitó la vida para protestar contra la injusticia policial y las privaciones económicas que enfrentaba su comunidad. ¿Cómo cree que se ha beneficiado la transición tunecina del rol activo que ha tenido la juventud tanto antes de la caída del régimen de Ben Ali, como después? ¿Cómo puede Túnez seguir involucrando a los jóvenes mediante los mecanismos de justicia transicional que serán implementados, y de qué maneras puede el ICTJ contribuir a este proceso?
La juventud tunecina jugó un papel fundamental antes y después de la caída de Ben Ali. De hecho, los jóvenes tunecinos contribuyeron a hacer estallar la revolución y también a su avance, especialmente mediante el uso de las redes sociales, y en particular de Facebook. Fueron los primeros en salir a las calles para reclamar el fin del viejo régimen y exigir que el país tomara un nuevo rumbo. El país vio a los jóvenes lograr aquello que la élite tunecina y los opositores del régimen no habían logrado en décadas anteriores. Estos jóvenes activistas también jugaron un papel justo después de la revolución—no solo en la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, sino también en la organización de las primeras elecciones libres y democráticas en Túnez.
Los jóvenes continúan supervisando el proceso de transición democrática mediante su activismo en las organizaciones de la sociedad civil, y también a través de las redes sociales y los blogs. Esperamos que sigan teniendo un papel activo a medida que el país adopta mecanismos concretos de transición.
Creo que la justicia transicional en general es un debate que aún se limita a personas de cierta edad. Sin embargo, si uno examina en profundidad la sociedad tunecina, verá una juventud que exige saber la verdad acerca de lo sucedido en el pasado y la rendición de cuentas por los crímenes perpetrados durante y antes de la revolución, que condena la impunidad, y que reclama la reforma de las instituciones del país. En otras palabras, están hablando de justicia transicional.
A través de sus actividades en Túnez, el ICTJ está analizando cómo las nuevas iniciativas de justicia transicional en el país pueden dirigirse a los jóvenes e involucrarlos en su trabajo.
De cara al futuro, ¿qué trabajo tiene previsto realizar el ICTJ en el país en los próximos años?
El ICTJ seguirá apoyando a los diferentes actores que trabajan por lidiar con el pasado de represión en Túnez. Fomentaremos un proceso integrado y participativo centrado en la CVD a medida que esta institución comienza a funcionar. La CVD se inaugurará en Túnez la próxima semana, y el ICTJ estará presente en calidad de organización experta independiente para ofrecer sesiones de capacitación para los comisionados. La CVD tendrá seis meses para preparar sus estatutos, de modo que estamos preparándonos para asistir a la comisión durante esta fase técnica y crítica.
También apoyaremos a las organizaciones de la sociedad civil para garantizar que realmente supervisen el proceso. Asimismo, estamos trabajando en torno al establecimiento de las salas especializadas y seguiremos dando prioridad al cultivo de las relaciones con los medios locales a medida que avanza el proceso de justicia transicional.
FOTOS (Por orden de aparición): Una manifestación en Francia a favor de Mohamed Bouazizi, el 15 de enero de 2011 (ANW/Flickr); En una escuela de Túnez se llevó a cabo una simulación de votación para supervisar y verificar los mecanismos de voto para el 23 de octubre de 2011 (Parlamento Europeo/Flickr); Tunecinos participan en una manfestación para exigir que el partido que gobernaba anteriormente se retire del nuevo Gobierno interino de Túnez, el 19 de enero de 2011 (Naser Nouri/Flickr); Una mujer frente al edificio donde Mohamed Bouazizi se suicidó quemándose a lo bonzo para denunciar la persecución que sufría por parte de las autoridades locales, el 13 de diciembre de 2011 (DAVID MONTELEONE/VII Photo); escena en la Medina, 2007 (Vittoria Sciosia, Flickr); Familiares de los asesinados durante la revolución tunecina de 2011 durante una concentración el 16 de abril de 2014 frente a la Asamblea Nacional Constituyente en Túnez (FETHI BELAID/AFP/Getty Images); El grupo de hip-hop tunecino Armada Bizerta actúa en el concierto "Africa celebra la democracia" en Túnez, en noviembre de 2011 (Mo Ibrahim Foundation/Fllickr); Los tunecinos conmemoran el aniversario de la revolución, enero 2014 (Magharebia/Flickr).
