Nueva York, 13 de octubre de 2015— El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) lamenta que, durante la reunión de su Consejo General Nacional del 11 de octubre, el Congreso Nacional Africano (CNA) de Sudáfrica decidiera retirar el país de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) y liderar el abandono masivo del continente africano a dicho tribunal.
“La decisión del CNA afecta enormemente al respeto al Estado de derecho en Sudáfrica y en otros países”, declaró David Tolbert, presidente del ICTJ. “Una retirada de la CPI liderada por Sudáfrica supone una grave amenaza para la lucha contra la impunidad y para el sistema de rendición de cuentas instituido por ese tribunal hace más de diez años”.
La CPI se creó en 2002 para contribuir al fin de la impunidad de los autores de crímenes más graves de rango internacional, es decir, de los acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y para evitar que estos sigan cometiéndose.
Sudáfrica desempeñó un importante papel en la creación de la CPI y fue uno de los primeros países en ratificar el Estatuto de Roma del que surgió dicho tribunal, incorporándolo a su propio marco legal.
“En los últimos años Sudáfrica ha sido un baluarte de esperanza e inspiración para pueblos oprimidos de todo el mundo. Se esperaba que, más que ningún otro país, se alineara junto a las víctimas del exterminio masivo, la violación y la mutilación, no con los tiranos y acosadores”, dijo Tolbert.
Como firmante del Estatuto de Roma, Sudáfrica está obligada a ofrecer a la CPI su total cooperación en materia judicial. Sin embargo, en junio no detuvo ni trasladó a la CPI al presidente sudanés Omar Hasan Ahmad al Bashir, facilitando su huida del país, lo cual constituyó un flagrante desafío a la orden que un Alto Tribunal había emitido al respecto para prohibir su salida. Al Bashir está bajo orden de arresto por la CPI por cinco acusaciones de crímenes contra la humanidad y tres de genocidio, relativos a la limpieza étnica sufrida por las tribus fur, masalit y zaghawa.
Según Tolbert, “si el Gobierno sudafricano insiste en negarse a cooperar con la CPI, tal y como apunta la nueva invitación que ha cursado a Al Bashir para que visite Sudáfrica en diciembre, vulnerará de manera flagrante su propia Constitución y sus propias leyes”.
La campaña que ha organizado el CNA para propiciar un abandono masivo de la CPI va en contra del Artículo 4 de la ley de constitución de la Unión Africana, que rechaza la impunidad, y también contradice las obligaciones contraídas por los 30 Gobiernos africanos que ratificaron el Estatuto de Roma de la CPI.
Además, más de 160 organizaciones ciudadanas de toda África han hecho un llamamiento a los Estados del continente para que se comprometan a aplicar la orden de detención de Al Bashir dictada por la CPI. Entre ellas figuran asociaciones de los cuatro puntos cardinales de África como el Colegio de Abogados de África Occidental; el Foro de ONGs de Derechos Humanos de Zimbabue; la Comisión de Derechos Humanos de Kenia y la Sociedad para el Derecho de África Oriental, así como la Organización Marroquí de Derechos Humanos.
Esas 160 organizaciones representan la convicción, muy asentada en África, de que ya no es aceptable garantizar impunidad a los autores de los más graves crímenes que conoce la humanidad. Su posición ha acabado con el mito de que en el continente hay apoyo popular para la llamada “unidad de propósito” que secunda el rechazo a la acusación de líderes africanos. En gran medida, esa solidaridad se circunscribe a las élites gobernantes que pueden tener razones para temer al Estado de derecho.
“Con su decisión de liderar un plante continental, el CNA podría bloquear medidas de justicia para las víctimas de los peores crímenes cometidos en África y fomentar en el continente la insumisión a la ley”, subrayó Tolbert.
Aunque las ocho situaciones de las que ahora se ocupa la CPI tienen que ver con África, cuatro le fueron presentadas por los propios Gobiernos africanos. Dos casos, incluyendo el de Darfur, los remitió a esa instancia el Consejo de Seguridad de la ONU. Y uno de los países aceptó voluntariamente la jurisdicción de la CPI. Esta ha actuado motu proprio en un único caso, el de Kenia, pero solo después de que este país fuera incapaz de iniciar procesos judiciales propios.
“Al encabezar una campaña para convencer a los países africanos de que abandonen el Estatuto de Roma, Sudáfrica ha perdido la posición de orgulloso miembro de la comunidad de naciones que intenta impedir la impunidad de crímenes que ponen en peligro la paz y la seguridad mundiales”, concluyó Tolbert. “Hay que condenar rotundamente esa campaña y combatirla con energía”.
Contacto
Refik Hodzic, Director de comunicaciones del ICTJ E-mail: rhodzic@ictj.org Tel: +1 917-637-3853
FOTO: El presidente sudafricano Jacob Zuma (a la derecha) estrecha la mano del presidente sudanés Omar al Bashir (izquierda), China, septiembre de 2015. (Algunos derechos reservados,Gobierno de Sudáfrica/Flickr)
