La elección de Andrés Manuel López Obrador en 2018 trajo esperanzas a las víctimas de la violencia criminal y de violaciones a los derechos humanos en México. Su discurso de pacificación y de enfrentar las causas socioeconómicas de la violencia contrastaban con la política de seguridad militarizada implementada por las dos administraciones anteriores. Sin embargo, este discurso no se ha traducido en una política coherente. El compromiso personal expresado por el presidente hacia las víctimas no ha sido acompañado de dialogo político para enfrentar la magnitud del problema, mientras la militarización de la seguridad se ha incrementado.
Puede ser imposible enfrentar simultáneamente todos los desafíos del país, pero es necesario comenzar por algo. Un punto de partida puede ser una política que combine y la búsqueda de desaparecidos, la persecución penal, y la reparación a víctimas. Para reforzar su efectividad, dicha política podría beneficiarse de experiencias de justicia transicional, que también han debido enfrentar escalas similares de violencia organizada e involucramiento de instituciones del Estado en ella. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas está intentando adaptar algunas de esas lecciones, para lo que necesita más apoyo. La política de persecución penal podría ser más efectiva si adapta experiencias dirigidas estratégicamente al desmantelamiento de redes criminales, desarrolladas en países como Colombia o Guatemala, mediante la identificación de patrones criminales que permitan caracterizar fenómenos macrocriminales, en lugar de tratar los delitos de forma aislada. La adopción de esquemas simplificados de reparación podría favorecer la accesibilidad y efectividad para llegar a las cientos de miles de víctimas de aquellas violaciones más graves.
Todo esto requiere de un fuerte liderazgo presidencial, que se abra a la contribución de víctimas y de organizaciones de sociedad civil. Requiere, de estas, unir esfuerzos y proponer soluciones efectivas y adecuadas al país.
