Mientras la guerra en Sudán va ya en su cuarto año, en medio de atrocidades indescriptibles, doce defensores y expertos en derechos humanos de Sudán se reunieron recientemente con representantes internacionales en una mesa redonda en La Haya para debatir sobre cómo promover la justicia en Sudán.

En el tercer aniversario de la brutal guerra en Sudán, es momento para reflexionar sobre un conflicto que rara vez recibe la atención mediática que merece y para considerar a los millones de sudaneses atrapados en ciclos de violencia.

Recientemente, el ICTJ reunió a defensores de derechos humanos, periodistas y abogados de Libia, Sudán, Siria, Túnez y Yemen para un taller sobre investigaciones digitales de fuente abierta. El curso, que tuvo lugar del 3 al 8 de noviembre en Kampala, Uganda, capacitó a los participantes en el uso de herramientas de fuente abierta con el objetivo de fortalecer su labor de investigación, documentación y seguimiento de violaciones de derechos humanos.

La muerte de ocho mujeres en proceso de parto en un hospital de Agadir el pasado agosto conmocionó a Marruecos. La noticia consolidó la indignación nacional por el deterioro de los servicios públicos, así como por la persistencia del alto desempleo y la corrupción. Años de frustración estallaron en las calles cuando miles de marroquíes, en su mayoría jóvenes, se congregaron en ciudades y pueblos de todo el país para protestar y exigir rendición de cuentas y reformas institucionales.

El 6 de octubre, la Corte Penal Internacional (CPI) declaró culpable al exlíder de la milicia Janjaweed, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (también conocido como Ali Kushayb), de 27 cargos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Darfur entre agosto de 2003 y marzo de 2004. Este veredicto histórico rompe con los ciclos de impunidad en Sudán y envía un mensaje contundente de que estos crímenes no se toleran.

La respuesta policial a las protestas pacíficas antigubernamentales en Kenia durante el último año ha sido letal y brutal. Las acciones de la fuerza pública han conmocionado al país y reafirmado las conclusiones de 2013 de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación de Kenia (KTJRC), según las cuales los organismos de seguridad del Estado, en particular la policía, han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza históricamente y han sido los principales responsables de violaciones de los derechos humanos contra la integridad física en Kenia tales como masacres, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos, y violencia sexual.

Este abril, Sudán conmemoró un doble aniversario: el primero, la revolución de 2019 que derrocó el régimen represivo de décadas del presidente Omar al Bashir; el segundo, el estallido de la guerra civil que ha devastado el país desde 2023. Estas efemérides de tanto contraste traen consigo grandes esperanzas y un profundo dolor. También plantean preguntas apremiantes: ¿Cuánto tiempo tendrá que sufrir Sudán mientras la atención mundial parece darles la espalda? ¿Hasta cuándo seguirán silenciadas las voces de los sudaneses que anhelan la paz y la justicia?

El ICTJ acompañó a más de 10 víctimas sudanesas a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para asistir a las declaraciones finales en el caso El Fiscal contra Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman ("Ali Kushayb"). Las declaraciones tuvieron lugar del 11 al 13 de diciembre. El ICTJ apoyó a la CPI en la selección de las partes interesadas, que fueron elegidas por sus fuertes vínculos con las comunidades afectadas.