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El Perú aún necesita aceptar su historia y avanzar hacia el país inclusivo y democrático que desea ser. Esto exige ofrecer reparaciones en la forma integral definida por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, escribe Cristián Correa en esta columna de opinión.

El 28 de noviembre de 2023, el ICTJ organizó un diálogo internacional en Bogotá, Colombia, para compartir estrategias innovadoras para promover los derechos de las víctimas a obtener reparación por abusos contra los derechos humanos y para establecer políticas de desarrollo más centradas en las víctimas. La reunión también marcó el lanzamiento oficial del nuevo informe del ICTJ: Promoción de los derechos de las víctimas y construcción de comunidades justas: estrategias locales para lograr la reparación como parte del desarrollo sostenible, que presenta las conclusiones de un estudio comparativo de dos años de duración sobre los esfuerzos locales en Colombia, Gambia, Túnez y Uganda para avanzar en las reparaciones.

El 29 de febrero de 2024, el Comité Técnico Conjunto conformado por Gambia y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental sostuvo su reunión inaugural sobre el establecimiento de un tribunal híbrido para atribuir responsabilidad a quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos entre julio de 1994 y enero de 2017 durante la dictadura del ex presidente Yahya Jammeh. Un tribunal internacionalizado de este tipo representa una oportunidad para que se administre responsabilidad penal a favor de las víctimas y la sociedad gambiana. También es el paso más reciente en el camino de la justicia transicional en Gambia.

La pandemia del COVID-19 ha dejado ya su huella en todos los rincones del mundo. Buscando reducir los índices de contagio, los gobiernos de la mayoría de países han tomado medidas drásticas que requieren que todos los ciudadanos no considerados trabajadores esenciales se queden en sus casas, y que amplios sectores de la economía se mantengan cerrados. Conversamos con los directores de programa en distintos países alrededor del mundo para conocer más ampliamente el efecto de la pandemia en la sociedad, la política y los procesos de justicia transicional que llevan a cabo hoy.

Miles de personas salieron a las calles en toda Kenia el 27 de enero tras el espantoso asesinato de más de una docena de mujeres para denunciar la violencia contra las mujeres y exigir medidas para ponerle fin. Además, los manifestantes se reunieron en Nairobi el 14 de febrero para una vigilia del Día de San Valentín en memoria de las más de 30 mujeres asesinadas en el país en lo que va del año. Buscaron presionar al gobierno para que declare el feminicidio y la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional y establezca una comisión para abordar estos crímenes y romper el ciclo de impunidad. Estos esfuerzos son loables e inspiradores. Sin embargo, la violencia física y sexual contra las mujeres y el feminicidio (a veces perpetrados por agentes policiales que, tal como está consagrado en la Constitución de Kenia de 2010, deben protegerlas) han persistido en Kenia durante décadas.

“A pesar de las leyes vigentes, el número de casos de violencia sexual y de género [SGBV] sigue aumentando, incluidos casos de violación, mutilación genital femenina, agresión sexual y acoso. Esto significa que existe la necesidad de hacer cumplir tales leyes”, afirmó Didier Gbery, jefe de programa del ICTJ para Gambia, en la apertura de un taller en marzo pasado sobre cómo aumentar el acceso a la justicia de las víctimas de VSG. El taller fue uno de los dos que ICTJ organizó a principios de 2023 para fortalecer la capacidad de las partes interesadas en Gambia para defender a las víctimas de VSG y brindarles un apoyo vital con enfoque de género.

Dentro del marco del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, que tiene lugar estos días en Nueva York, el ICTJ reunió a varios representantes de comunidades indígenas latinoamericanas en un evento para debatir sobre el aporte de las comisiones de la verdad a la hora de develar las violaciones de derechos humanos sufridas por estas comunidades.