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El camino para el pago de las reparaciones a las víctimas puede salirse de los contextos judiciales y centrarse en factores individulaes y nacionales (étnicos, culturales, económicos, políticos, sociales, etc.

En Colombia todavía está en suspenso la política de reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Además de la cantidad de dinero que debe pagarse, existen planes y programas para reparar también a la sociedad.

Este informe se refiere a la segunda fase del proceso de monitorización de la puesta en marcha de las reparaciones colectivas en Perú. Se basa en fuentes oficiales e incluye una referencia cruzada de las comunidades elegidas para acceder a estas reparaciones, y de los partidos polític...

El informe describe la primera etapa de la puesta en marcha del programa de reparaciones colectivas en Perú. Está basado en datos oficiales y en la encuesta a varias comunidades beneficiarias del programa en las regiones de Ayacucho y Apurimac. Este informe servirá de referencia para...

REPARACIONES EN LA TRANSICIÓN PERUANA. MEMORIAS DE UN PROCESO INACABADO invita al lector a reflexionar —y avanzar— sobre el largo y a veces tortuoso camino hacia las reparaciones en el Perú; asimismo, se propone dar a conocer los principales actores, desafíos y logros del proceso peru...

El presente estudio busca enfocar su análisis en la situación en Perú de las mujeres que viven en estas comunidades beneficiadas por el citado programa, de tal manera que podamos examinar la participación de las mismas en la elección de los proyectos, y además la forma como estas muje...

El presente informe es el cuarto en una serie de reportes de seguimiento de la implementación del Programa de Reparaciones Colectivas ejecutado en Perú entre 2007 y 2011. Se trata de un trabajo en conjunto del ICTJ y la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH) , de Perú. El informe busca conocer los efectos de esta política de reparación, a través de consultar la opinión de sus beneficiarios y traer las voces de las comunidades de los Andes y la Amazonia para responder a la pregunta de en qué grado esta política ha logrado ser reparadora.

Los medios de comunicación de todo el mundo se han afanado en anunciar “el cierre de los juicios de la ESMA” en Argentina. Nada más lejos de la realidad, según Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violación a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado . El ICTJ conversó con Parenti para saber qué queda por delante, cuáles son los retos a los que se enfrenta la Unidad Fiscal y qué supone para la sociedad argentina ver a los autores de los crímenes sentenciados, más de 20 años después.

Si bien en Colombia no se ha instaurado una comisión de la verdad, las iniciativas de Memoria sobre el conflicto y la violencia política proliferan en el país. En las regiones, comunidades, centros académicos, instituciones del Estado y organizaciones sociales han desarrollado iniciativas como el...

Una vez aprobada la Ley, sigue la parte dura de atender y resarcir a las víctimas. Definir el universo de los beneficiarios, no entregar el registro a la misma entidad que hará los desembolsos, coordinar las tareas de la Nación y de los municipios, y sobre todo dignificar de veras a las víctimas, son las grandes tareas que el Estado debe cumplir de ahora en adelante.

Un análisis sobre la necesidad de que ambas instancias coexistan en Colombia, para garantizar que las reparaciones sean efectivas y se extiendan al universo enorme de las de víctimas del conflicto armado.

El 9 de abril, Colombia conmemoró por primera vez el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. La ley de víctimas estableció este día para que el Estado colombiano realice “eventos de memoria y de reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos y colombianas”. Hoy, cuando Colombia empieza a pensar en el significado de este día nacional, algunas víctimas y organizaciones sociales consideran que éste es un llamado a la movilización de la sociedad, un día para que las víctimas sean escuchadas, para obtener respuestas del Estado y para crear acercamientos en una sociedad altamente dividida.

La ley de víctimas les dio voz y fecha: el Congreso las recibirá cada año para escucharlas y solidarizarse con su sufrimiento, en nombre de toda la sociedad. Otros actos oficiales dan fe del cambio de clima y de actitud con respecto a las víctimas. Pero efectos concretos, todavía no se ven, escribe María Camila Moreno, directora del Programa Colombia del ICTJ.

En esta segunda entrega de nuestra serie especial de podcasts, “Lecciones de América Latina”, nos adentramos en los 30 años de experiencia en la región sobre justicia transicional de la mano de Pablo de Greiff, director de la unidad de investigación del ICTJ. Con él damos un repaso a los grandes hitos de la justicia transicional en América Latina, desde finales de los años setenta hasta los muchos retos que todavía quedan por afrontar, y descubrimos por qué la región es considerada la cuna de la justicia transicional.

Dentro del marco del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, que tiene lugar estos días en Nueva York, el ICTJ reunió a varios representantes de comunidades indígenas latinoamericanas en un evento para debatir sobre el aporte de las comisiones de la verdad a la hora de develar las violaciones de derechos humanos sufridas por estas comunidades.

Con la presencia de miembros de la Fiscalía General de la Nación, el tribunal de Justicia y Paz, organizaciones de defensores de derechos humanos de Bogotá, Santander, Atlántico, entre otros, se desarrolló el evento Retos y oportunidades de la reforma de la ley de Justicia y Paz, el 14 de mayo en Bogotá.

En situaciones como la que vive Colombia, que hoy cuenta con más de 4 millones de víctimas (entre ellas 376 mil registradas en la Fiscalía General de la Nación esperando justicia), maximizar los mecanismos de rendición de cuentas debe ser una prioridad para dar respuestas pertinentes y oportunas y reivindicar su dignidad. Esto supone entender que el derecho a la justicia no se agota en la justicia penal, y que en un contexto de masividad de violaciones de derechos humanos como el que caracteriza a Colombia después de casi 50 años de conflicto armado interno, no es posible lograr la investigación y sanción penal de cada uno de los hechos y de cada uno de los perpetradores.

El próximo miércoles 1 de agosto se realizará el acto de lanzamiento del documental “Y sin embargo, crecen flores”, una producción del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) que presenta la historia de dos mujeres víctimas del conflicto armado y líderes en la búsqueda de una reparación digna.

La expedición del denominado “Marco jurídico para la paz” en Colombia plantea varias preguntas. Gustavo Salazar, coordinador programático de ICTJ Colombia, analiza las posibilidades de esta reforma legislativa en el marco de la justicia transicional. "Una de las necesidades urgentes es la aplicación de una política integral de justicia transicional, que tenga presente la interacción y complementariedad de lo penal con la verdad, la reparación y las garantías de no repetición", escribe.

A lo largo de los años, Colombia ha puesto en marcha diferentes iniciativas orientadas a la atención, la asistencia humanitaria y la reparación de las víctimas. Estas han dejado lecciones útiles para el desarrollo y aplicación de la ley de víctimas promulgada en 2011. El libro Polític...

“No puede haber reparaciones en clave de género si no hay previamente verdad en clave de género”. Con esta aseveración, Julie Guillerot abrió un camino a la construcción de propuestas en el Seminario Internacional “Reparación transformadora a Mujeres víctimas del conflicto armado”, realizado en Bogotá el pasado 16 de noviembre. El Seminario contó con la participación de las más importantes organizaciones nacionales de mujeres de Colombia, de organizaciones de mujeres víctimas en diversas regiones del país, de las entidades del Estado que desarrollan las políticas de reparación, y de invitados internacionales.