Biblioteca de recursos

El 25 de marzo de 2026, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que reconoce la esclavitud de los africanos como el crimen más grave contra la humanidad. Esta resolución es parte integral, si no la culminación, de una iniciativa más amplia de los Estados africanos para obtener reparaciones por injusticias históricas, como la trata transatlántica de esclavos, el colonialismo, el apartheid y el genocidio.

En el tercer aniversario de la brutal guerra en Sudán, es momento para reflexionar sobre un conflicto que rara vez recibe la atención mediática que merece y para considerar a los millones de sudaneses atrapados en ciclos de violencia.

Los recientes ataques israelíes en Beirut y otras zonas pobladas en el Líbano han sido de los más intensos del conflicto hasta la fecha, han destruido infraestructuras críticas y han devastado comunidades civiles. El ICTJ se solidariza inequívocamente con el pueblo libanés y todas las víctimas de la región, y exige el cese inmediato de todos los ataques y amenazas contra las comunidades civiles y la infraestructura.

ICTJ observa con profunda preocupación la guerra que Estados Unidos e Israel han lanzado contra Irán y sus repercusiones devastadoras en toda la región. Tras más de un mes de conflicto, el costo humano es abrumador. En ICTJ reafirmamos los principios internacionales que rigen nuestro mundo y nos solidarizamos incondicionalmente con todas las víctimas de la región.

El 27 de febrero de 2026, la Corte Penal Internacional concluyó la audiencia de confirmación de cargos en el caso contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, acusado de crímenes de lesa humanidad. Ruben Carranza, experto senior del ICTJ y filipino-estadounidense, reflexiona sobre este caso en el marco de su reciente conferencia sobre justicia transicional y la guerra contra las drogas de Duterte en la Universidad de Georgetown.

Durante 2025, los expertos del ICTJ ofrecieron un análisis profundo sobre conflictos y acontecimientos políticos importantes en más de 10 países como parte del boletín del Informe Mundial. Sus perspicaces comentarios arrojaron luz sobre los obstáculos que las víctimas, la sociedad civil y sus socios deben superar en su búsqueda de una paz y una justicia sostenibles. En esta edición, repasamos el año pasado a través de la columna "Elección del Experto".

La muerte de ocho mujeres en proceso de parto en un hospital de Agadir el pasado agosto conmocionó a Marruecos. La noticia consolidó la indignación nacional por el deterioro de los servicios públicos, así como por la persistencia del alto desempleo y la corrupción. Años de frustración estallaron en las calles cuando miles de marroquíes, en su mayoría jóvenes, se congregaron en ciudades y pueblos de todo el país para protestar y exigir rendición de cuentas y reformas institucionales.

El 6 de octubre, la Corte Penal Internacional (CPI) declaró culpable al exlíder de la milicia Janjaweed, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (también conocido como Ali Kushayb), de 27 cargos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Darfur entre agosto de 2003 y marzo de 2004. Este veredicto histórico rompe con los ciclos de impunidad en Sudán y envía un mensaje contundente de que estos crímenes no se toleran.

El 8 de agosto, Armenia y Azerbaiyán firmaron la Declaración Conjunta sobre las Relaciones Futuras. Considerada por algunos como un "acuerdo de paz histórico", no es un tratado ni pone fin al conflicto de Nagorno-Karabaj, que ya cumple 37 años. Se trata, más bien, de un marco político que requiere apoyo y atención internacionales.

La mayoría de las atrocidades perpetradas por Rusia en Ucrania se han dado desde su invasión inicial de las regiones ucranianas de Crimea y Donbás en 2014, aunque se han disparado en número y gravedad desde la invasión a gran escala de 2022. Entre estos crímenes están las desapariciones forzadas, que son el medio a través del cual el Kremlin busca subyugar a los ucranianos y eliminar cualquier rastro de la identidad nacional ucraniana.