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Greentree, el evento de alto nivel sobre complementariedad organizado por el ICTJ y el PNUD en diciembre, reunió a profesionales de la justicia internacional y el desarrollo, así como a expertos nacionales, en una casa de campo homónima a las afueras de Nueva York. Los asistentes debatieron sobre...

Un análisis sobre la necesidad de que ambas instancias coexistan en Colombia, para garantizar que las reparaciones sean efectivas y se extiendan al universo enorme de las de víctimas del conflicto armado.

Más allá de los autores materiales, habría que castigar a los que dieron las órdenes y aún -detrás de ellos- a los “autores de escritorio”, que movieron los hilos de estas empresas criminales. Gracias a los avances en el derecho penal internacional, Justicia y Paz podría coordinarse mejor con la Justicia Penal Ordinaria".

Con la presencia de miembros de la Fiscalía General de la Nación, el tribunal de Justicia y Paz, organizaciones de defensores de derechos humanos de Bogotá, Santander, Atlántico, entre otros, se desarrolló el evento Retos y oportunidades de la reforma de la ley de Justicia y Paz, el 14 de mayo en Bogotá.

Tras seis años de aplicación, los resultados de Justicia y Paz son decepcionantes. El Senado estudia un proyecto de reforma preparado por el gobierno y la Fiscalía, que ha suscitado preocupaciones y propuestas constructivas. María Camila Moreno, directora del programa Colombia del ICTJ, explora un replanteamiento estratégico para reorientar la Ley.

Después de varios meses de un profundo debate en el Congreso de la República, en los medios de comunicación y en distintos escenarios públicos, el Congreso de Colombia aprobó una reforma constitucional que busca articular diferentes mecanismos de justicia transicional. Esta reforma constitucional...

En situaciones como la que vive Colombia, que hoy cuenta con más de 4 millones de víctimas (entre ellas 376 mil registradas en la Fiscalía General de la Nación esperando justicia), maximizar los mecanismos de rendición de cuentas debe ser una prioridad para dar respuestas pertinentes y oportunas y reivindicar su dignidad. Esto supone entender que el derecho a la justicia no se agota en la justicia penal, y que en un contexto de masividad de violaciones de derechos humanos como el que caracteriza a Colombia después de casi 50 años de conflicto armado interno, no es posible lograr la investigación y sanción penal de cada uno de los hechos y de cada uno de los perpetradores.

Durante varios años, desde el Programa Colombia del ICTJ se ha trabajado para garantizar que el proceso de Justicia y Paz aborde los procesos de crímenes sistemáticos con un enfoque estratégico. En agosto de 2011, Seils asistió a una reunión de alto nivel organizada por el ICTJ con la Agencia de Cooperación Internacional Alemana y la Organización de Estados Americanos. Al encuentro asistieron diversos expertos internacionales con la intención de fijar prioridades y racionalizar el proceso de selección de casos judiciales.

La expedición del denominado “Marco jurídico para la paz” en Colombia plantea varias preguntas. Gustavo Salazar, coordinador programático de ICTJ Colombia, analiza las posibilidades de esta reforma legislativa en el marco de la justicia transicional. "Una de las necesidades urgentes es la aplicación de una política integral de justicia transicional, que tenga presente la interacción y complementariedad de lo penal con la verdad, la reparación y las garantías de no repetición", escribe.

El lunes, 28 de enero, los tribunales guatemaltecos sentenciaron que el general retirado Efraín Ríos Montt deberá ser juzgado por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, los augurios no eran tan optimistas justo antes de las vacaciones navideñas, y de hecho algunos sucesos hicieron tambalear la rendición de cuentas. Para analizar y contextualizar estos recientes sucesos en el ámbito de la justicia guatemalteca conversamos con Marcie Mersky, directora programática del ICTJ y experta en cuestiones de derechos humanos en Guatemala.

A la vez que el Archivo Público de São Paulo anunciaba esta semana el acceso público a casi un millón de documentos secretos de la dictadura, y de las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión Nacional de la Verdad, Brasil parece estar aumentado sus esfuerzos por conseguir la rendición de cuentas sobre las violaciones que tuvieron lugar durante el régimen militar entre 1964 y 1985 ante los tribunales. En esta entrevista hablamos con el fiscal federal Marlon Weichert, una de las personas que ha conseguido que en Brasil crezca la esperanza de lograr la rendición de cuentas.

El 30 de octubre, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá emitirá su primer veredicto parcial contra el líder paramilitar Hebert Veloza García, alias “HH”, uno de los más significativos del proceso de Justicia y Paz. Con vistas a la sentencia, el ICTJ estrena una línea del tiempo informativa que comprende todas las medidas de justicia transicional que se han implementado en Colombia desde 2005.

El líder paramilitar Hebert Veloza García, alias "H.H.", fue condenado a 40 años de prisión y una multa de 17.950 salarios mínimos (unos 5,2 millones de dolares). Por estar postulado en el proceso de Justicia y Paz, Veloza recibió el beneficio de una pena alternativa, que el Tribunal estableció en siete años. La lectura de la primera sentencia en el proceso de Justicia y Paz contra Veloza representa un momento crucial para el cumplimiento del deber de investigar, juzgar y sancionar los crímenes internacionales y las graves violaciones de los derechos humanos cometidos en el país. Aquí puede ver el video completo de la lectura de la sentencia.

En la judicialización de crímenes de sistema, el análisis y la definición del contexto en el que actuó el grupo criminal es un paso fundamental y estratégico. El contexto aclara y explica las condiciones que facilitaron el nacimiento, formación y consolidación del grupo armado, y el funcionamiento...

Hebert Veloza García, quien mañana recibe la primera sentencia en Justicia y Paz, nació el 4 de julio de 1967 en Trujillo, Valle del Cauca. Trabajó en cultivos de hoja de coca en el Guaviare, en el oriente de Colombia, y conductor de vehículos de servicio público y privado en Bogotá, en Acacías –Meta–, y en la región del Urabá antioqueño.

La sentencia emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá contra el líder paramilitar Hebert Veloza García de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el pasado 30 de octubre, sienta un precedente importante en la judicialización de crímenes de sistema en Colombia. “El proceso de Justicia y Paz es la oportunidad para comprender el fenómeno paramilitar en el país, que permeó varios sectores de la sociedad en la historia reciente colombiana, y para lograr la desarticulación de su estructura militar, política y económica”, afirma María Camila Moreno, directora de la oficina en Colombia del ICTJ.

El caso por genocidio en contra del ex general y jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt ha adquirido recientemente una dimensión internacional. El 6 de noviembre, los abogados de las víctimas presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que denuncia al Estado de Guatemala por la impunidad reinante con respecto a los crímenes de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos contra la etnia ixil. La demanda sucede en un momento clave para el proceso, ya que durante los próximos días la Corte de Apelaciones de Guatemala deberá decidir si concede o no la amnistía a Ríos Montt por los crímenes cometidos durante la guerra civil.

El ICTJ lamenta profundamente el fallecimiento del Doctor César Barrientos Pellecer, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, el pasado 2 de marzo. “Guatemala ha perdido un gran defensor e impulsor de la justicia. Sus aportes durante más de dos décadas al fortalecimiento del sistema de justicia en Guatemala merecen el mayor reconocimiento nacional e internacional”, dijo el presidente del ICTJ, David Tolbert.

Mientras el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) siguen avanzando en las negociaciones de paz que tienen lugar en La Habana, la Fundación Konrad Adenauer –en colaboración con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax) y Ámbito Jurídico– ha puesto en marcha un Ciclo de conversatorios sobre el proceso de paz para debatir y reflexionar sobre cómo alcanzar una paz sostenible y duradera para Colombia.

En el segundo encuentro del Ciclo de conversatorios sobre el proceso de paz –organizado por la Fundación Konrad Adenauer, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), Ámbito Jurídico y USAID– se abordó otro de los temas clave para alcanzar una paz sostenible en Colombia: las penas alternativas y las sanciones extrajudiciales que podrían aplicarse a los excombatientes guerrilleros.

El 10 de mayo Guatemala conmemoró el primer aniversario de un hito para la rendición de cuentas por crímenes graves: el ex dictador Efraín Ríos Montt fue condenado por genocidio. Para conocer mejor el impacto que la sentencia de genocidio ha tenido en Guatemala un año después de su lectura, hablamos con Marcie Mersky, directora programática del ICTJ, quien acaba de regresar del país.

En este artículo de opinión, el vicepresidente del ICTJ, Paul Seils, defiende que la mejor manera de avanzar en la rendición de cuentas es centrar la asistencia en mecanismos nacionales especializados. "Los ciudadanos deben ver que sus instituciones nacionales funcionan y ahí es donde los tribunales pueden condenar los delitos y fortalecer los fundamentos del contrato que mantiene unida a la sociedad. En ese ámbito es donde la dignidad de un ciudadano puede adquirir su sentido pleno", escribe Seils con motivo del Día de la Justicia Internacional.

Cuando se cumplen nueve años de la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, el ICTJ analiza en un nuevo informe hasta qué punto estos procesos judiciales han contribuido a comprender y develar las el complejo fenómeno del paramilitarismo en sus dimensiones militar, económica y política, así como a determinar quiénes son los máximos responsables a través de 10 fallos emitidos en el marco de la Ley 975.

En la tercera sesión del Ciclo de conversatorios sobre el proceso de paz, celebrado el 12 de agosto en Bogotá, el debate giró en torno a los diferentes mecanismos de refrendación de los acuerdos de paz que podrían tenerse en cuenta en caso de que el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alcanzasen un acuerdo para poner fin a 50 años de conflicto armado.

Con el propósito de hacer frente a los desafíos judiciales que representan los crímenes de sistema y la criminalidad organizada, el ICTJ ha trabajado durante un año y medio con la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (DINAC) de la Fiscalía General de la Nación para consolidar una nueva forma de investigar penalmente los crímenes de sistema, que incluya un análisis en profundidad del contexto y conduzca al desmantelamiento de las estructuras criminales.