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La expedición del denominado “Marco jurídico para la paz” en Colombia plantea varias preguntas. Gustavo Salazar, coordinador programático de ICTJ Colombia, analiza las posibilidades de esta reforma legislativa en el marco de la justicia transicional. "Una de las necesidades urgentes es la aplicación de una política integral de justicia transicional, que tenga presente la interacción y complementariedad de lo penal con la verdad, la reparación y las garantías de no repetición", escribe.

Del 21 al 23 de junio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia llevó a cabo la primera audiencia de reconocimiento en Bogotá para el caso 01. Siete exdirigentes de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) reconocieron su responsabilidad de mando en los delitos de secuestro que fueron política de las FARC-EP de 1993 a 2012 ante la presencia de víctimas, funcionarios de la JEP y sociedad civil representantes y miembros de la prensa. Esta es la primera vez que los líderes de las FARC-EP reconocen públicamente su rol de mando y ejecución en estos crímenes sistemáticos. Este paso decisivo en el proceso de justicia restaurativa del país no hubiera sido posible sin una detallada preparación.

Con el ánimo de compartir reflexiones sobre la negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia entre 2003 y 2006, y con ellas aportar a las estrategias de negociación, diálogo socio-jurídico o sometimiento de la paz total hoy, el ICTJ y la excomisionada de la Comisión de la Verdad...

In the foreground is a large pile of military rifles. In the back stand a regiment of paramilitary fighters in army fatigues.

En el año 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomó un paso decisivo para poner fin a la exclusión de las mujeres de los procesos de construcción de paz en el mundo. En ocasión de los 20 años de la resolución 1325, el ICTJ quiere compartir la historia de María Camila Moreno Múnera, directora de nuestra oficina en Colombia y ejemplo tangible del potencial del liderazgo femenino en procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

La reforma constitucional que el gobierno colombiano promueve para facilitar los futuros diálogos de paz plantea temas cruciales, pero “pone la carreta delante de los bueyes”. La justicia transicional sirve para una paz duradera pero no como incentivo para unas negociaciones: ¿Cómo conciliar paz verdadera con justicia verdadera?

El Centro Internacional para la Justicia Transicional El Acuerdo Final de Paz suscrito en 2016 entre la guerrilla de las FARC- EP y el Gobierno de Colombia creó un ambicioso y novedoso sistema de justicia transicional denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y Garantías de No...

Con ocasión de la 75a sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ICTJ condujo un análisis de discurso para medir cómo los estados miembros entienden la justicia transicional según sus declaraciones en el debate abierto del pasado febrero. Nuestros hallazgos reafirman los pilares centrales de la justicia transicional, así como detectaron tendencias emergentes a partir de las intervenciones de los países miembros.

El 28 de noviembre de 2023, el ICTJ organizó un diálogo internacional en Bogotá, Colombia, para compartir estrategias innovadoras para promover los derechos de las víctimas a obtener reparación por abusos contra los derechos humanos y para establecer políticas de desarrollo más centradas en las víctimas. La reunión también marcó el lanzamiento oficial del nuevo informe del ICTJ: Promoción de los derechos de las víctimas y construcción de comunidades justas: estrategias locales para lograr la reparación como parte del desarrollo sostenible, que presenta las conclusiones de un estudio comparativo de dos años de duración sobre los esfuerzos locales en Colombia, Gambia, Túnez y Uganda para avanzar en las reparaciones.

En situaciones como la que vive Colombia, que hoy cuenta con más de 4 millones de víctimas (entre ellas 376 mil registradas en la Fiscalía General de la Nación esperando justicia), maximizar los mecanismos de rendición de cuentas debe ser una prioridad para dar respuestas pertinentes y oportunas y reivindicar su dignidad. Esto supone entender que el derecho a la justicia no se agota en la justicia penal, y que en un contexto de masividad de violaciones de derechos humanos como el que caracteriza a Colombia después de casi 50 años de conflicto armado interno, no es posible lograr la investigación y sanción penal de cada uno de los hechos y de cada uno de los perpetradores.

Con el fin de reforzar la legitimidad del proceso de diálogo que se adelanta en La Habana y que debería conducir a un pacto histórico que podría marcar profundamente el futuro del país, miles de colombianos salen hoy a las calles para manifestar su respaldo a estos diálogos en una gran movilización por la paz, la democracia y la defensa de lo público, cuyo lema es ¡Somos más: Ahora sí la paz!