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"Las desapariciones forzadas son crímenes contra la humanidad. Las decisiones que tomen los políticos y funcionarios que autoricen tales prácticas en diferentes países no tienen justificación ni legal ni moral. Deben rendir cuentas y ser identificados en calidad de lo que son: enemigos de una sociedad civilizada", escribe Paul Seils, vicepresidente del ICTJ, en esta columna de opinión.

El 2 y 3 de marzo de 2020, el ICTJ llevó a cabo una conferencia de alto nivel en Túnez, Túnez, sobre la lucha contra la corrupción y la recuperación de bienes malhabidos como un elemento primordial para los procesos de justicia transicional

La pandemia del COVID-19 ha dejado ya su huella en todos los rincones del mundo. Buscando reducir los índices de contagio, los gobiernos de la mayoría de países han tomado medidas drásticas que requieren que todos los ciudadanos no considerados trabajadores esenciales se queden en sus casas, y que amplios sectores de la economía se mantengan cerrados. Conversamos con los directores de programa en distintos países alrededor del mundo para conocer más ampliamente el efecto de la pandemia en la sociedad, la política y los procesos de justicia transicional que llevan a cabo hoy.

Con ocasión de la 75a sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ICTJ condujo un análisis de discurso para medir cómo los estados miembros entienden la justicia transicional según sus declaraciones en el debate abierto del pasado febrero. Nuestros hallazgos reafirman los pilares centrales de la justicia transicional, así como detectaron tendencias emergentes a partir de las intervenciones de los países miembros.

Después de una pausa de varios años, ICTJ ha reanudado recientemente su trabajo en Afganistán. El mes pasado, el pasante de comunicación del ICTJ, Edward Mercado-Gumbs, se reunió con la experta y codirectora del programa del ICTJ en Afganistán, Reem El Gantri, para analizar el renovado compromiso del ICTJ en el país, así como las perspectivas sobre justicia y paz allí.

Solo hace falta echar un vistazo rápido a las noticias para ver cómo el mundo ha vuelto a fallar a los civiles afganos. Afganistán no ha tenido muchos años buenos en las últimas cuatro décadas de guerra, pero los últimos 15 meses han sido decididamente tensos. El caos actual y el aumento de la violencia son prueba de que, a pesar de lo que ha proclamado el gobierno de los EE. UU., la “guerra eterna” continúa. La paz y la justicia significativa y centrada en las víctimas siguen siendo esquivas.

Afganistán es un trágico ejemplo de cómo un país en transición puede revertir drásticamente el arduo camino hacia la paz y la democracia y regresar a un abismo de violencia y represión a una velocidad vertiginosa. En el lapso de unas pocas semanas, los talibanes recuperaron el control del país. Cuando finalmente entraron en Kabul, el gobierno afgano respaldado internacionalmente colapsó. Ahora al mando, los talibanes no han perdido tiempo en demostrar su objetivo de volver a imponer el mismo gobierno extremista y opresivo, a pesar de las declaraciones iniciales que afirman un compromiso con la paz y los derechos humanos.

Desde que los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021, el régimen ha implementado una serie de políticas que restringen severamente a los medios independientes y les otorgan un control casi total sobre los medios de comunicación y su contenido. Kobra Moradi es abogado e investigador que trabaja con la Organización de Derechos Humanos y Democracia de Afganistán y autora del informe reciente Restricciones y violaciones a los medios afganos bajo el Talibán . El ICTJ se reunió con el autor para obtener más información sobre el impacto que han tenido estas restricciones en los periodistas y la prensa libre, y el importante papel que aún pueden desempeñar los medios en un régimen tan represivo.