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La expedición del denominado “Marco jurídico para la paz” en Colombia plantea varias preguntas. Gustavo Salazar, coordinador programático de ICTJ Colombia, analiza las posibilidades de esta reforma legislativa en el marco de la justicia transicional. "Una de las necesidades urgentes es la aplicación de una política integral de justicia transicional, que tenga presente la interacción y complementariedad de lo penal con la verdad, la reparación y las garantías de no repetición", escribe.

Del 21 al 23 de junio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia llevó a cabo la primera audiencia de reconocimiento en Bogotá para el caso 01. Siete exdirigentes de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) reconocieron su responsabilidad de mando en los delitos de secuestro que fueron política de las FARC-EP de 1993 a 2012 ante la presencia de víctimas, funcionarios de la JEP y sociedad civil representantes y miembros de la prensa. Esta es la primera vez que los líderes de las FARC-EP reconocen públicamente su rol de mando y ejecución en estos crímenes sistemáticos. Este paso decisivo en el proceso de justicia restaurativa del país no hubiera sido posible sin una detallada preparación.

El 9 de abril, Colombia conmemoró por primera vez el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. La ley de víctimas estableció este día para que el Estado colombiano realice “eventos de memoria y de reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos y colombianas”. Hoy, cuando Colombia empieza a pensar en el significado de este día nacional, algunas víctimas y organizaciones sociales consideran que éste es un llamado a la movilización de la sociedad, un día para que las víctimas sean escuchadas, para obtener respuestas del Estado y para crear acercamientos en una sociedad altamente dividida.

Si bien en Colombia no se ha instaurado una comisión de la verdad, las iniciativas de Memoria sobre el conflicto y la violencia política proliferan en el país. En las regiones, comunidades, centros académicos, instituciones del Estado y organizaciones sociales han desarrollado iniciativas como el...

En sociedades que lidian con conflictos o represión, las personas LGBTQ+ a menudo son objeto de violencia y discriminación, y experimentan algunas de las violaciones de derechos humanos más crueles y degradantes. En 2022, Colombia Diversa se reunió con miembros de ASFADDES, la primera asociación de familiares de personas desaparecidas en Colombia. En junio, 24 representantes de las dos organizaciones participaron en una serie de talleres en Bogotá, en los que intercambiaron conocimientos y mejores prácticas y desarrollaron una mejor comprensión de cómo buscar personas LGBTQ+ desaparecidas.

Una vez aprobada la Ley, sigue la parte dura de atender y resarcir a las víctimas. Definir el universo de los beneficiarios, no entregar el registro a la misma entidad que hará los desembolsos, coordinar las tareas de la Nación y de los municipios, y sobre todo dignificar de veras a las víctimas, son las grandes tareas que el Estado debe cumplir de ahora en adelante.

El ICTJ celebra el compromiso de Colombia con la verdad y la memoria, materializado ayer con la firma de los decretos leyes que crean la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco del conflicto armado.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional El Acuerdo Final de Paz suscrito en 2016 entre la guerrilla de las FARC- EP y el Gobierno de Colombia creó un ambicioso y novedoso sistema de justicia transicional denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y Garantías de No...

Hace ocho años, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 19 de junio como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos en un esfuerzo por crear conciencia sobre esta táctica endémica de guerra; honrar a las innumerables víctimas y sobrevivientes en todo el mundo, así como a quienes trabajan para poner fin a estas violaciones; y finalmente, erradicar esta práctica deshumanizante. La historia ha demostrado que cada vez que hay una crisis política o de seguridad yuxtapuesta a una respuesta militarizada, la violencia sexual relacionada con el conflicto se despliega como táctica para someter, deshumanizar y aterrorizar a civiles y opositores.

El 7 de octubre, el mundo observó con horror cómo miembros del grupo militante Hamas masacraban a más de 1.400 israelíes, la mayoría de los cuales eran civiles, incluidos niños y ancianos, en un ataque premeditado y sofisticado. La respuesta de Israel hasta ahora no ha sido menos horrorosa. Olas incesantes de ataques aéreos indiscriminados contra Gaza han alcanzado edificios residenciales, instalaciones médicas y otras infraestructuras civiles críticas, asediando todo el enclave y dejando más de 5.000 personas muertas, entre ellas 2.000 niños. Desafortunadamente, estas atrocidades indescriptibles –cuya condena y rechazo se nos han acabado las palabras– no son acontecimientos aislados que suceden en el vacío. De hecho, son sólo los últimos episodios de un ciclo de violencia que dura 75 años.