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Tras las recientes y polémicas elecciones presidenciales, los venezolanos de todos los sectores de la sociedad salieron a las calles para expresar su desconfianza colectiva ante los resultados oficiales, su indignación por la terrible crisis económica y política de su país y su exigencia de transformación. Por un breve momento, la multitudinaria unidad de sus voces hizo creer que se había abierto una ventana de oportunidad para un cambio real. En los países que luchan contra violaciones masivas de los derechos humanos, de vez en cuando se abre una ventana de oportunidad para que la sociedad se una y avance hacia la paz y la justicia. Lamentablemente, esas ventanas no permanecen abiertas indefinidamente.

El mes pasado, Estados Unidos celebró Juneteenth oficialmente por cuarta vez desde que el presidente Joe Biden lo declaró día festivo federal en 2021. Las conmemoraciones son una oportunidad para reconocer hitos pasados y reflexionar sobre su relevancia para el presente. Evocando el espíritu de Juneteenth, es importante resaltar y celebrar los triunfos y avances logrados hacia el cumplimiento de la promesa de libertad para todas las personas.

A lo largo de 2023, los expertos del ICTJ han ofrecido su perspectiva única sobre las noticias de última hora en todo el mundo como parte del Informe Mundial. Sus perspicaces comentarios han puesto de relieve el impacto que estos acontecimientos tienen en las víctimas de violaciones de derechos humanos, así como en luchas más amplias por la paz y la justicia. En esta edición, recordamos el año pasado a través de la columna Expert's Choice.

El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue elegido para el cargo en una campaña progresista para fortalecer la democracia, implementar reformas sociales y traer "paz total" al país. Su enfoque de la paz abarca negociaciones políticas con todos los grupos insurgentes restantes y diálogos simultáneos con organizaciones criminales orientados a su sumisión voluntaria a la justicia a cambio de indulgencia punitiva. Pero ocho meses después de su administración, los esfuerzos de Petro para cumplir su promesa de campaña enfrentan numerosos desafíos.

El final de 2022 en Venezuela estuvo marcado por señales de voluntad de todos los partidos de dar pasos concretos hacia la democracia. El gobierno y la oposición reanudaron las negociaciones y acordaron permitir que Naciones Unidas administre un fondo por miles de millones de dólares en activos congelados, que se liberarían gradualmente para abordar la crisis humanitaria del país. Estados Unidos autorizó a la Corporación Chevron a reanudar operaciones limitadas de importación de petróleo venezolano. Finalmente, la Asamblea Nacional de 2015 votó a favor de poner fin al gobierno interino liderado por la oposición. Si bien estos pasos son iniciales para crear las condiciones para la confianza entre las partes, ofrecen oportunidades para mejorar las terribles circunstancias en las que viven actualmente muchos venezolanos.

Afganistán es un trágico ejemplo de cómo un país en transición puede revertir drásticamente el arduo camino hacia la paz y la democracia y regresar a un abismo de violencia y represión a una velocidad vertiginosa. En el lapso de unas pocas semanas, los talibanes recuperaron el control del país. Cuando finalmente entraron en Kabul, el gobierno afgano respaldado internacionalmente colapsó. Ahora al mando, los talibanes no han perdido tiempo en demostrar su objetivo de volver a imponer el mismo gobierno extremista y opresivo, a pesar de las declaraciones iniciales que afirman un compromiso con la paz y los derechos humanos.

Solo hace falta echar un vistazo rápido a las noticias para ver cómo el mundo ha vuelto a fallar a los civiles afganos. Afganistán no ha tenido muchos años buenos en las últimas cuatro décadas de guerra, pero los últimos 15 meses han sido decididamente tensos. El caos actual y el aumento de la violencia son prueba de que, a pesar de lo que ha proclamado el gobierno de los EE. UU., la “guerra eterna” continúa. La paz y la justicia significativa y centrada en las víctimas siguen siendo esquivas.

Puede parecer trivial para mí escribir acerca de por qué aquellos que continúan señalando el 17 de julio como el "Día Internacional de la Justicia" deberían finalmente dejar de llamarlo así. Muchos grupos de derechos humanos (incluido el ICTJ), agencias de las Naciones Unidas y gobiernos han estado usando públicamente esa frase desde 2010. Es para las víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, incluidos los abusos que constituyen crímenes internacionales en virtud del Estatuto de Roma, que es importante acabar con la idea errónea que fomenta la frase.