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Miles de personas salieron a las calles en toda Kenia el 27 de enero tras el espantoso asesinato de más de una docena de mujeres para denunciar la violencia contra las mujeres y exigir medidas para ponerle fin. Además, los manifestantes se reunieron en Nairobi el 14 de febrero para una vigilia del Día de San Valentín en memoria de las más de 30 mujeres asesinadas en el país en lo que va del año. Buscaron presionar al gobierno para que declare el feminicidio y la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional y establezca una comisión para abordar estos crímenes y romper el ciclo de impunidad. Estos esfuerzos son loables e inspiradores. Sin embargo, la violencia física y sexual contra las mujeres y el feminicidio (a veces perpetrados por agentes policiales que, tal como está consagrado en la Constitución de Kenia de 2010, deben protegerlas) han persistido en Kenia durante décadas.

A lo largo de 2023, los expertos del ICTJ han ofrecido su perspectiva única sobre las noticias de última hora en todo el mundo como parte del Informe Mundial. Sus perspicaces comentarios han puesto de relieve el impacto que estos acontecimientos tienen en las víctimas de violaciones de derechos humanos, así como en luchas más amplias por la paz y la justicia. En esta edición, recordamos el año pasado a través de la columna Expert's Choice.

El 15 de octubre, el Secretario General de la ONU hizo dos fuertes llamamientos humanitarios: que Hamás libere a los rehenes inmediatamente y sin condiciones, y que Israel permita que la ayuda humanitaria entre en Gaza sin obstáculos para que pueda llegar a los civiles que la necesitan desesperadamente. El Consejo de Seguridad de la ONU oyó sus palabras, pero no las escuchó. Mientras tanto, que los gobiernos con poder para persuadir a los actores involucrados en las hostilidades a respetar el Estado de derecho no lo han hecho. Sin embargo, el imperativo moral es claro y simple.

El 7 de octubre, el mundo observó con horror cómo miembros del grupo militante Hamas masacraban a más de 1.400 israelíes, la mayoría de los cuales eran civiles, incluidos niños y ancianos, en un ataque premeditado y sofisticado. La respuesta de Israel hasta ahora no ha sido menos horrorosa. Olas incesantes de ataques aéreos indiscriminados contra Gaza han alcanzado edificios residenciales, instalaciones médicas y otras infraestructuras civiles críticas, asediando todo el enclave y dejando más de 5.000 personas muertas, entre ellas 2.000 niños. Desafortunadamente, estas atrocidades indescriptibles –cuya condena y rechazo se nos han acabado las palabras– no son acontecimientos aislados que suceden en el vacío. De hecho, son sólo los últimos episodios de un ciclo de violencia que dura 75 años.

Con ocasión de la 75a sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ICTJ condujo un análisis de discurso para medir cómo los estados miembros entienden la justicia transicional según sus declaraciones en el debate abierto del pasado febrero. Nuestros hallazgos reafirman los pilares centrales de la justicia transicional, así como detectaron tendencias emergentes a partir de las intervenciones de los países miembros.

Hoy nos enfrentamos a una crisis global de salud pública de proporciones sin precedentes. Solo el tiempo podrá decirnos cuán devastador será el COVID-19 para la vida humana. La velocidad vertiginosa a la que el virus se propaga no nos permite ser optimistas en el futuro cercano. En el ICTJ nos hacemos cargo de la gravedad de la crisis, y nos responsabilizamos por la salud y la seguridad de nuestro equipo, socios y comunidades donde trabajamos comprometidamente. El ICTJ es y continuará siendo, sobre todas las cosas, un apoyo y un punto de encuentro para todos aquellos que luchan por la justicia en los contextos más complejos. ​

Un nuevo informe del ICTJ demuestra que los Gobiernos y las sociedades no conocen ni afrontan adecuadamente las duraderas consecuencias que las desapariciones forzadas tienen para las mujeres. En su calidad de esposas, madres, hermanas e hijas de los desaparecidos, ellas tienen un papel especial y, después de una desaparición, sufren todavía más penalidades.

El Perú aún necesita aceptar su historia y avanzar hacia el país inclusivo y democrático que desea ser. Esto exige ofrecer reparaciones en la forma integral definida por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, escribe Cristián Correa en esta columna de opinión.

Del 20 al 22 de agosto ha tenido lugar en Lima el seminario internacional “Políticas en justicia transicional. Diez años de verdad y memoria en el Perú: miradas comparativas sobre el legado de la CVR”, en el que expertos internacionales y peruanos debatieron sobre distintas facetas del legado de la CVR, así como aportaron comparaciones con comisiones de la verdad de otros países. Si se perdieron alguna de las sesiones, aquí pueden ver todos los vídeos.

Este mes, el Perú vuelve la vista atrás para analizar el legado de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Cuando se cumplen 10 años de la publicación del informe final, el ICTJ realizará en las próximas semanas una cobertura especial en torno al legado de la CVR a través de un reportaje en profundidad sobre el impacto de la comisión en la sociedad peruana, entrevistas en formato podcast y la cobertura del seminario internacional “Políticas en Justicia Transicional: A diez años de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación”.