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En Colombia se están debatiendo las diferentes posibilidades y enfoques de una transición que debería basarse en el derecho de las víctimas a la justicia, la reparación y la verdad. Esta es una ocasión especialmente oportuna para subrayar la necesidad de que la transición se lleve a cabo en base a estos principios: hoy, 9 de abril, Colombia celebra el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Lea esta columna de opinión de Fernado Travesí y Félix Reátegui.

A tres años del inicio de su ejecución, el ICTJ presenta un análisis sobre la implementación del Programa de Reparaciones Individuales establecido por la Ley 1448. El informe examina en profundidad los aspectos positivos y las falencias tanto en el diseño como en la implementación de este programa, y propone recomendaciones para hacer más efectiva la ambiciosa tarea de reparar a las víctimas colombianas, que actualmente sienten que la promesa de la reparación solo ha sido parcialmente cumplida.

Casi 30 años después de los lamentables hechos de la toma del Palacio de Justicia por la guerrilla del M-19 y la desproporcionada acción militar para recuperarlo, los familiares de las víctimas de los desaparecidos han conseguido avanzar un paso más en su larga lucha por conseguir justicia.

Con el fin de presentar experiencias internacionales y promover el intercambio de ideas acerca de qué lecciones podrían resultar útiles para Colombia en materia de justicia penal, el ICTJ celebrará una conferencia en Bogotá el 24 de noviembre que reunirá a reconocidos expertos que estuvieron directamente involucrados en estas iniciativas de justicia penal en Bosnia-Herzegovina, Camboya, Sierra Leona, Timor Oriental y el Líbano.

En este nuevo informe, el ICTJ y la Casa de la Mujer analizan los obstáculos que las mujeres y sus organizaciones enfrentan en los procesos de participación, implementación, atención y reparación establecidas por la Ley de Víctimas. El informe también hace recomendaciones para que la implementación de la ley contribuya a una reparación integral y significativa para las mujeres.

En este nuevo informe, el ICTJ presenta una perspectiva para guiar la reparación y reintegración de los niños, niñas y jóvenes victimas de reclutamiento ilícito en Colombia, así como un análisis de los programas implementados hasta ahora por parte de las instituciones colombianas para la reinserción y reparación de menores desvinculados de grupos armados.

Con el propósito de hacer frente a los desafíos judiciales que representan los crímenes de sistema y la criminalidad organizada, el ICTJ ha trabajado durante un año y medio con la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (DINAC) de la Fiscalía General de la Nación para consolidar una nueva forma de investigar penalmente los crímenes de sistema, que incluya un análisis en profundidad del contexto y conduzca al desmantelamiento de las estructuras criminales.

En la tercera sesión del Ciclo de conversatorios sobre el proceso de paz, celebrado el 12 de agosto en Bogotá, el debate giró en torno a los diferentes mecanismos de refrendación de los acuerdos de paz que podrían tenerse en cuenta en caso de que el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alcanzasen un acuerdo para poner fin a 50 años de conflicto armado.

Cuando se cumplen nueve años de la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, el ICTJ analiza en un nuevo informe hasta qué punto estos procesos judiciales han contribuido a comprender y develar las el complejo fenómeno del paramilitarismo en sus dimensiones militar, económica y política, así como a determinar quiénes son los máximos responsables a través de 10 fallos emitidos en el marco de la Ley 975.

Este verano, se calcula que decenas de paramilitares y guerrilleros cobijados bajo el proceso de Justicia y Paz habrán pasado ya ocho años en prisión, aunque muchos de ellos todavía esperan juicio. Según lo establecido por la Ley de Justicia y Paz, aquellos que hayan cumplido con sus obligaciones de contribuir a la verdad y a la reparación deberían ser puestos en libertad cumplidos los ocho años. En este artículo de opinión, la directora del programa del ICTJ en Colombia, María Camila Moreno, analiza las valiosas lecciones extraídas del proceso de Justicia y Paz.

En este artículo de opinión, el vicepresidente del ICTJ, Paul Seils, defiende que la mejor manera de avanzar en la rendición de cuentas es centrar la asistencia en mecanismos nacionales especializados. "Los ciudadanos deben ver que sus instituciones nacionales funcionan y ahí es donde los tribunales pueden condenar los delitos y fortalecer los fundamentos del contrato que mantiene unida a la sociedad. En ese ámbito es donde la dignidad de un ciudadano puede adquirir su sentido pleno", escribe Seils con motivo del Día de la Justicia Internacional.

Es la hora de las víctimas en La Habana, y sus voces deben ser escuchadas en la mesa de negociación. Como adelanto al lanzamiento del multimedia, el ICTJ presentará el próximo 24 de julio en Bogotá tres documentales cortos que retratan a tres organizaciones de la sociedad civil que trabajan incansablemente por develar la verdad sobre las dolorosas consecuencias del conflicto armado para el país: La Ruta Pacífica de las Mujeres en el Putumayo, HIJOS en el Meta y la Organización Indígena Kankuama (OIK).

En el segundo encuentro del Ciclo de conversatorios sobre el proceso de paz –organizado por la Fundación Konrad Adenauer, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), Ámbito Jurídico y USAID– se abordó otro de los temas clave para alcanzar una paz sostenible en Colombia: las penas alternativas y las sanciones extrajudiciales que podrían aplicarse a los excombatientes guerrilleros.

Mientras el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) siguen avanzando en las negociaciones de paz que tienen lugar en La Habana, la Fundación Konrad Adenauer –en colaboración con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax) y Ámbito Jurídico– ha puesto en marcha un Ciclo de conversatorios sobre el proceso de paz para debatir y reflexionar sobre cómo alcanzar una paz sostenible y duradera para Colombia.

La sentencia emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá contra el líder paramilitar Hebert Veloza García de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el pasado 30 de octubre, sienta un precedente importante en la judicialización de crímenes de sistema en Colombia. “El proceso de Justicia y Paz es la oportunidad para comprender el fenómeno paramilitar en el país, que permeó varios sectores de la sociedad en la historia reciente colombiana, y para lograr la desarticulación de su estructura militar, política y económica”, afirma María Camila Moreno, directora de la oficina en Colombia del ICTJ.

Hebert Veloza García, quien mañana recibe la primera sentencia en Justicia y Paz, nació el 4 de julio de 1967 en Trujillo, Valle del Cauca. Trabajó en cultivos de hoja de coca en el Guaviare, en el oriente de Colombia, y conductor de vehículos de servicio público y privado en Bogotá, en Acacías –Meta–, y en la región del Urabá antioqueño.

En la judicialización de crímenes de sistema, el análisis y la definición del contexto en el que actuó el grupo criminal es un paso fundamental y estratégico. El contexto aclara y explica las condiciones que facilitaron el nacimiento, formación y consolidación del grupo armado, y el funcionamiento...

El líder paramilitar Hebert Veloza García, alias "H.H.", fue condenado a 40 años de prisión y una multa de 17.950 salarios mínimos (unos 5,2 millones de dolares). Por estar postulado en el proceso de Justicia y Paz, Veloza recibió el beneficio de una pena alternativa, que el Tribunal estableció en siete años. La lectura de la primera sentencia en el proceso de Justicia y Paz contra Veloza representa un momento crucial para el cumplimiento del deber de investigar, juzgar y sancionar los crímenes internacionales y las graves violaciones de los derechos humanos cometidos en el país. Aquí puede ver el video completo de la lectura de la sentencia.

El 30 de octubre, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá emitirá su primer veredicto parcial contra el líder paramilitar Hebert Veloza García, alias “HH”, uno de los más significativos del proceso de Justicia y Paz. Con vistas a la sentencia, el ICTJ estrena una línea del tiempo informativa que comprende todas las medidas de justicia transicional que se han implementado en Colombia desde 2005.

El foro “Experiencias latinoamericanas de comisiones de la verdad”, realizado por el ICTJ en Bogotá el 22 de julio, reunió en una jornada a protagonistas de los debates, las experiencias y las lecciones aprendidas de algunos de los principales procesos que ha vivido el continente en el esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones masivas de derechos humanos en cuatro países: Argentina, Perú, Guatemala y Paraguay. A continuación les resumimos algunas de las ideas y debates principales abordados durante el Foro Latinoamericano, con videos de las sesiones.

Ahora que se plantea el debate de la creación de un mecanismo de esclarecimiento de la verdad en Colombia, el próximo 22 de julio el ICTJ organiza en Bogotá el foro "Experiencias latinoamericanas de comisiones de la verdad", en la que se compartirán y analizarán lecciones aprendidas de Argentina, Perú, Guatemala y Paraguay.

El Diálogo Verdad y Memoria. Reflexiones sobre la construcción de la verdad en Colombia realizado por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), el pasado 7 de mayo, fue un escenario para el intercambio y la reflexión sobre los diferentes tipos de verdad que deben entrar en juego al crear un mecanismo para el esclarecimiento de la verdad en Colombia. Consulte las intervenciones de expertos como Marina Gallego, coordinadora nacional de la Ruta Pacífica de Mujeres por la Paz, o Alcibíades Escué, miembro de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.

Mientras en distintos escenarios de Colombia se debate la creación de una comisión de la verdad para esclarecer la dinámica de la violencia de las últimas cinco décadas en el país, diferentes sectores sociales se preparan en la construcción de su propia verdad, con el fin de que esta sea tenida en cuenta por dicho mecanismo. Estas organizaciones y movimientos serán los protagonistas del Diálogo Verdad y Memoria. Reflexiones sobre la construcción de la verdad en Colombia, que el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación han organizado con el fin de promover la reflexión sobre los diferentes tipos de verdad que entrarían en juego en caso de crear una comisión de la verdad en Colombia.

Con el fin de reforzar la legitimidad del proceso de diálogo que se adelanta en La Habana y que debería conducir a un pacto histórico que podría marcar profundamente el futuro del país, miles de colombianos salen hoy a las calles para manifestar su respaldo a estos diálogos en una gran movilización por la paz, la democracia y la defensa de lo público, cuyo lema es ¡Somos más: Ahora sí la paz!

¿Se puede construir una democracia sólida y legítima sobre el silencio, o es que la verdad proporciona cimientos más profundos? Se pregunta Eduardo González, director del programa de Verdad y Memoria del ICTJ, en esta columna de opinión con motivo del Día Internacional del Derecho a la Verdad.